Defensa de Ministro pide apartar magistrada que mencionó su caso ante Laura Fernández

El equipo legal del ministro de Seguridad, Gerald Campos, presentó una segunda recusación para apartar a la magistrada Patricia Solano del juicio que enfrenta el jerarca por corrupción, luego de que la jueza mencionara la causa penal en una reunión con la presidenta Laura Fernández el pasado 18 de mayo.

El defensor Ronny Durán argumentó que la magistrada incurrió en una "pérdida de imparcialidad" al referirse al expediente durante ese encuentro, donde también participaron el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz; el director del OIJ, Michael Soto; y los ministros de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves; de Justicia, Gabriel Aguilar, y de Comunicación, Arnold Zamora.

Según el recurso, al que CR Hoy tuvo acceso, Solano mencionó el caso cuando fue consultada sobre mora judicial, al señalar que en ocasiones los abogados defensores utilizan estrategias para generar retrasos.

La defensa considera que ese comentario desacreditó su actuación y exteriorizó un criterio anticipado sobre la legitimidad de sus recursos, lo que comprometería la imparcialidad de la magistrada.

El documento, sin embargo, no reproduce las frases textuales que habría usado Solano. La magistrada no pudo pronunciarse porque desconoce la recusación y existe un trámite judicial en curso.

Solano es una de los cinco magistrados de la Sala de Casación Penal a cargo del juicio contra Campos, acusado de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Juicio acumula retrasos

El proceso penal contra Campos acumula múltiples tropiezos. La defensa solicitó recientemente a la Sala Tercera anular la declaración indagatoria rendida en diciembre pasado, con el argumento de que la anterior Asamblea Legislativa no votó en el Plenario la renuncia que el ministro hizo a su inmunidad en julio de 2025, lo que constituiría un vicio constitucional que podría invalidar todo lo actuado posteriormente.

La Fiscalía General coincidió en que esa carta de renuncia carece de efecto jurídico por sí sola, pues el ordenamiento exige que los diputados tramiten un antejuicio y voten formalmente el levantamiento del fuero.

A esto se suma una recusación anterior contra Solano, que suspendió el juicio ya agendado para mayo mientras los demás magistrados resuelven si debe inhibirse del caso. La magistrada elabora actualmente su informe de respuesta. El tribunal exigió además las agendas de los abogados defensores para reprogramar el debate, luego de que alegaran un conflicto de fechas.