Denuncia ante Procuraduría cuestiona legalidad del rol de Pilar Cisneros en Casa Presidencial
Abogado solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública investigar si las funciones que ejerce la exdiputada como asesora ad honorem del Gobierno se ajustan al principio de legalidad
Pilar Cisneros y el abogado de Rechnitzer Bell. Foto con fines ilustrativos. CRH
El abogado Ricardo Rechnitzer Bell presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en la que cuestiona la legalidad del papel que desempeña la exdiputada Pilar Cisneros Gallo dentro de Casa Presidencial y solicita una investigación sobre las funciones que ejerce.
La gestión surge en momentos en que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, ha reconocido públicamente que Cisneros se desempeña como asesora ad honorem en materia de estrategia y comunicación.
Sin embargo, Rechnitzer sostiene que el debate no gira en torno a la existencia de esa relación, sino a si las labores que realiza la exlegisladora cuentan con el respaldo legal necesario y se ajustan al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública.
En la denuncia, el abogado señala que Cisneros habría participado en tareas relacionadas con la comunicación gubernamental e incluso en la emisión de directrices a medios de comunicación, pese a no ocupar un cargo formal dentro del Poder Ejecutivo.
Por esa razón, pidió a la Procuraduría determinar si la exdiputada ejerce funciones públicas sin una investidura legal válida y si su actuación podría encuadrarse dentro de la figura del "funcionario de hecho", contemplada en la Ley General de la Administración Pública.
Rechnitzer fundamenta su planteamiento en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, normas que establecen que los funcionarios públicos únicamente pueden ejercer las competencias que les han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico.
En conversación, el abogado insistió en que su planteamiento responde a consideraciones estrictamente jurídicas.
"Aquí hay varios aspectos y todos son meramente jurídicos. No tienen que verse politizados", afirmó.
Según explicó, una de sus principales preocupaciones es que, si una persona sin investidura formal ejerce funciones públicas y eventualmente incurre en alguna actuación irregular, la responsabilidad podría recaer sobre la propia Administración Pública.
La denuncia cita además como antecedente el caso de Iván Barrantes durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018). Barrantes fungió como asesor en comunicación desde Casa Presidencial sin ocupar un cargo formal dentro del Gobierno, situación que generó cuestionamientos sobre los alcances de sus funciones y los controles aplicables a colaboradores externos.
Además de la gestión presentada ante la Procuraduría, Rechnitzer indicó puso el caso en conocimiento de los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa.
Este medio consultó a Casa Presidencial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia. La gestión sigue en proceso de trámite.
Por su parte, Cisneros manifestó a este medio que será la presidenta Laura Fernández quien se referirá "oportunamente" al asunto.