Ministerio Público investiga al mandatario, a ministro y dos personas más

Denuncia señala al presidente Alvarado como director de “presunta red criminal de corrupción”

Erick Carvajal [email protected] Mayo 22, 2020  12:03 am

05222020

  • Documento anónimo estable que existe una red criminal en torno a negociaciones de concesiones
  • Presidencia, Incop y la concesionaria del puerto Caldera aseguran que afirmaciones son falsas

(CRHoy.com).- La denuncia que investiga el Ministerio Público contra el presidente Carlos Alvarado establece que el mandatario sería la persona que dirige una presunta “red criminal de corrupción” con el supuesto objetivo de obtener sobornos de las empresas que tienen las principales concesiones en el país.

Así se desprende del documento, el cual fue presentado de manera anónima el 9 de diciembre del 2019, a la 1:54 p.m., y que va dirigido a la Fiscala General, Emilia Navas.

La denuncia no es solo contra el presidente Alvarado, sino que  también va dirigida contra André Garnier, Ministro de Coordinación con el Sector Privado; Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y Ricardo Ospina, gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A.

“Quiero denunciar la existencia de una red criminal del más alto nivel para obtener sobornos por medio de las negociaciones en las concesiones vigentes en el país, con resultados ruinosos en las negociaciones para el país”, se indica en el documento enviado al Ministerio Público y del cual CRHoy.com tiene copia.

El denunciante centró su explicación en el tema del puerto de Caldera y la presunta elaboración del Plan Maestro del Litoral Pacífico para que fuera un “traje a la medida” de la concesionaria de Caldera y que esta empresa pudiera continuar con la explotación de la concesión, la cual debería de finalizar en el 2026.

El documento, que consta de 7 folios, hace un análisis cronológico a partir de presuntas reuniones sostenidas en diciembre del 2018 en Casa Presidencial, entre el concesionario de Caldera y el presidente Alvarado. En dicho análisis se plantea una inversión de $150 millones para mejorar las condiciones del puerto, con la extensión y mutación del contrato actual, pues la concesión actual no permite obras de infraestructura.

“La propuesta de ampliación de Puerto Caldera fue presentada en la Comisión Especial de Puntarenas el lunes 18 de noviembre del 2019 por parte de los altos jerarcas de la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. bajo el nombre de ‘Plan de Modernización’. Es decir, la propuesta del concesionario de Puerto Caldera presentada al señor Presidente de la República en diciembre del 2018 sería ruinosa para el país, pues si acaso logra satisfacer la demanda actual de Puerto Caldera pero que en el mediano plazo (después del año 2030) estaría el país enfrentando nuevamente problemas por la saturación y falta de infraestructura adecuada en dicho puerto”, señala el documento.

La denuncia menciona como más ventajosa la propuesta realizada por Emiratos Árabes, en junio del 2019, tras reuniones entre ambos países realizadas en Casa Presidencial. La intención era invertir $1.400 millones por medio de la empresa Dubai Ports World en una serie de obras como la modernización del Puerto de Caldera, del puerto de cruceros, la construcción de un área de logística y la concesión del proyecto del tren entre Puntarenas y Ciruelas. Sin embargo, dice la denuncia, “por un tema cultural, los árabes no hacen negocios sobornando funcionarios públicos. Entonces la propuesta será rechazada por el Gobierno (…) porque los altos jerarcas del Gobierno de la República denunciados no lograron asegurarse una comisión o dinero producto de un soborno para aprobar dicho proyecto”.

“El Plan Maestro Portuario del Litoral (…) que se paga mediante fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se elaboró a la medida de la propuesta de la concesionaria de Puerto Caldera para justificar una renovación y/o ampliación del actual contrato de concesión. Aquí se evidencia un conflicto de interés para beneficiar a la concesionaria de Puerto Caldera en contra de los intereses nacionales que deben ser un puerto de primer nivel, el cual está muy largo de la propuesta presentada por la concesionaria y del resultado del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, ambos que resultan prácticamente iguales”, se menciona en la denuncia.

Afirmaciones son falsas

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt), salió en defensa del presidente Carlos Alvarado y aseguró, ante una consulta de este medio, que como jerarca de dicha institución y por lo tanto rector en la atención de los problemas portuarios del país reprochaba y fustigaba las acusaciones temerarias sobre sobornos “en la solución de los problemas de de modernización y ampliación de las instalaciones portuarias de Caldera que antojadizamente incluyen al Presidente de la República. Lo que se plantea es absolutamente falso”, dijo.

La Fiscalía General confirmó a CRHoy.com que tiene abierta una investigación contra el Presidente Alvarado y contra el ministro Garnier, asi como contra Rivera y Ospina.

“El caso está siendo tramitado por esta Fiscalía, en conjunto con dicha Sección del OIJ, en virtud de que las personas denunciadas pertenecen a los Supremos Poderes y cuentan con un fuero especial. La investigación se sigue bajo el expediente 19-001207-0332-PE y se tramita por un presunto delito de cohecho propio. Debido a que el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, confirmó el Ministerio Público.

El ministro del MOPT, por su parte, aseguró que “quienes han fabricado todo este sainete desconocen que nuestro país es un Estado de Derecho, pues cualquier proceso relacionado con un contrato de concesión o gestión interesada de Caldera son competencias únicamente del MOPT y el Incop”, señaló Mata.

La Dirección de Comunicación de Casa Presidencial indicó que no cuentan con el conocimiento de la causa penal y por lo tanto desconocen los hechos de la denuncia. “Ni se consta notificación alguna sobre el tema. Sin embargo, se niega categóricamente que se hayan dado sobornos o irregularidades de ningún tipo de parte de los jerarcas de Gobierno. Los trámites respectivos han respetado el marco jurídico y los ha llevado a cabo la autoridad competente”, mencionaron.

Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo del Incop, indicó por medio de la Oficina de Prensa de la institución que el Plan Maestro del Litoral Pacífico es una hoja ruta que fue elaborada por una de las 10 empresas mejor calificadas en el mundo en materia de diseño y planificación portuaria (Arcadis), donde el criterio técnico ha sido la base fundamental de este plan de acción, por lo que resulta bochornoso insinuar que esta organización se haya prestado para actuar por presiones fuera de la técnica.

Rivera comentó que este es un asunto que se encuentra en manos del Poder Judicial, el cual aún no le han notificado, por lo tanto no puede referirse.

Urgente necesidad de modernización

La Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. por medio de un comunicado de prensa, indicó que es de conocimiento público que, ante el crecimiento del tráfico portuario registrado durante su gestión, han señalado en reiteradas ocasiones la urgente necesidad que tiene el país de una modernización, que evite una mayor congestión y obsolescencia del puerto.

“Es por eso que Sociedad Portuaria Caldera (SPC), utilizando los canales oficiales y públicos, presentó una propuesta de modernización a fines de 2018 al señor Presidente de la República, señor Carlos Alvarado, así como al Incop. En ese proceso hemos seguido siempre todos los conductos legales y nuestro actuar se rige por los más altos estándares internacionales de transparencia y cumplimiento”, explicaron.

La Sociedad Portuaria aseguró que los sorprende la denuncia presentada y que no aporta ningún hecho concreto y se limita a reseñar notas de prensa.

“Si bien a la fecha no hemos sido notificados de ninguna investigación, de acuerdo con las disposiciones del ordenamiento jurídico de este país Sociedad Portuaria Caldera (SPC) y sus funcionarios estarán a disposición de las autoridades competentes para aclarar lo necesario”, informaron.