Designación de subdirector del OIJ definitivo ocurrirá un año después de abrirse vacante: esta es la razón
Desde abril pasado, cuando Gerald Campos Valverde renunció a su puesto en propiedad como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la plaza está vacante y, tras siete meses, el proceso para designar a su sustituto avanza a paso lento.
En agosto pasado, cuando se cerró el plazo para la presentación de postulaciones, un total de 43 personas presentaron sus atestados para ser consideradas en el concurso CN-007-2025, para la subdirección de la policía judicial.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de prevenciones y en la confección de los promedios de preselección. Es decir, en esta etapa se verifica que los candidatos hayan aportado toda la documentación y se les advierte si existe algo por corregir, para posteriormente otorgarles una puntuación.
Esta es una tarea exhaustiva, pues involucra una fase de investigación a cada postulante, confirmó el Poder Judicial ante la consulta de CR Hoy.
"Una vez concluida esta fase, la información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Poder Judicial", señaló la entidad.
Paralelo a la etapa de preselección, la institución debe publicar una ampliación del cartel del concurso para modificar lo dispuesto sobre el plazo de nombramiento.
La razón es que el cargo es un puesto por plazo indefinido y no por un periodo de seis años, como lo establece la Ley Marco de Empleo Público en su artículo 18. Inicialmente, el concurso se lanzó como una plaza por tiempo limitado.
La disyuntiva sobre el plazo quedó aclarada mediante un criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, que fundamenta el numeral 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en armonía con la regla general del Derecho Laboral que determina que el contrato de trabajo es por tiempo indefinido, en razón de que el trabajador requiere estabilidad, siendo la excepción lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Trabajo.
También es relevante la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es de carácter vinculante. Por ende, el próximo subdirector tendrá el puesto por tiempo indefinido y no por un plazo limitado, como se había indicado inicialmente.
Se tiene previsto que este se concrete en marzo de 2026, casi un año después de que la vacante quedara libre. No lo hacen antes por falta de presupuesto.
Actualmente, el cargo es ocupado de manera interina por Michael Soto Rojas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) de la policía judicial.
En agosto salió a concurso el puesto, luego de la renuncia definitiva del ministro de Justicia, Gerald Campos, quien tenía la plaza en propiedad, pero contaba con un permiso laboral otorgado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer como jerarca del gabinete de Rodrigo Chaves Robles.
El pasado lunes 18 de agosto concluyó el plazo para el registro de postulantes. A partir de ese momento inició la fase de verificación de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones.
En consecuencia, la lista definitiva de quienes continúen en el proceso selectivo se dará a conocer una vez concluida esta etapa, sin que precisen una fecha por ahora.
La Corte Plena es la encargada de nombrar al subdirector del OIJ, tras evaluar las candidaturas y verificar los requisitos correspondientes. La Dirección de Gestión Humana debe aplicar los filtros a la lista de aspirantes, pero el nombramiento debe ser acordado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 2 de abril, Campos anunció su salida definitiva del OIJ para continuar como jerarca del gabinete de Chaves, cargo que ocupa desde mayo de 2022. De esta manera, se aferra durante 13 meses a la inmunidad que le otorga el puesto, pese a tener una acusación penal pendiente en su contra.
La decisión se dio dos días después de que la Corte Plena rechazara extenderle el permiso para continuar como ministro, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un funcionario judicial de su rango debe contar con autorización de los magistrados. En 2023 y 2024 sí se le había prorrogado.
En 2022, cuando el exsubdirector del OIJ pidió permiso a los magistrados por primera vez, prometió renunciar a su inmunidad cuando la causa avanzara. Pero luego sostuvo que, como la acusación no había llegado a la Asamblea Legislativa, no "discutiría" con el Poder Judicial en una etapa que "no corresponde".
Con esta decisión, el jerarca se asegura de mantener un fuero especial que impide que sea juzgado por los tribunales penales ordinarios, pues debe seguirse un procedimiento particular en el que los magistrados soliciten a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad antes de poder procesarlo.