Destituyen a gerente del Invu por pérdida de confianza
Marco Hidalgo Zúñiga, gerente general del INVU
La junta directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) acordó este lunes destituir al gerente general, Marco Hidalgo Zúñiga, al alegar pérdida de confianza en su gestión. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria convocada esa misma mañana, según confirmaron fuentes a CR Hoy.
La salida ocurre en paralelo a una investigación interna abierta días antes. El pasado 27 de abril, el órgano directivo ordenó indagar presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo, con base en una recomendación de la Asesoría Legal del Invu.
Varias de estas anomalías ya habían sido reveladas en publicaciones de CR Hoy entre 2024 y 2026.
Según consta en el acta, la Asesoría Legal del Invu recomendó iniciar el proceso, criterio que la junta acogió con base en la normativa interna.
El documento detalla que la investigación se abría por un posible incumplimiento del deber de cuidado, una presunta interpretación errónea de la normativa y una eventual responsabilidad administrativa y patrimonial por la concesión indebida de días de vacaciones.
Este último punto corresponde a un acto emitido el 6 de mayo de 2024 desde la Gerencia General.
Entre otros funcionarios incluidos en la investigación, figuran como parte de la presunta red vinculada a Hidalgo:
- Tatiana Mora, encargada de comunicación
- Wilman Carpio, jefe de la Unidad de Finanzas
- Eva Jiménez, encargada de Recursos Humanos
- Ricardo Rodríguez, jefe de TI
- Olga Rojas, de la Unidad de Cobros
CR Hoy reveló anomalías en el Invu
Uno de los principales cuestionamientos documentados se relaciona con un contrato suscrito con la empresa Logística Transaccional del Istmo (LTI), por el cual el Invu habría desembolsado cerca de ₡1.600 millones durante varios años, pese a advertencias internas que señalaban que el servicio podría resultar innecesario.
Informes también apuntan a que el gerente concentró el control de sistemas clave, lo que limitó la supervisión técnica y generó riesgos de dependencia de proveedores externos dentro del Invu.
A estos señalamientos se suma la pérdida de un proceso judicial en el que el jerarca no se presentó como testigo, lo que generó cuestionamientos sobre su gestión.
Otras publicaciones de este medio también han advertido dudas en la tramitación de contrataciones en el Invu, incluyendo decisiones que avanzaron pese a criterios técnicos y administrativos en contra.
Además, un informe interno señaló posibles obstáculos en la entrega de información durante una investigación, así como limitaciones para entrevistar a funcionarios.
El documento también advierte sobre un ambiente laboral de intimidación, debilidades en el control interno y pérdidas que superarían los ₡400 millones. Ante este escenario, recomendó una intervención institucional para atender los riesgos detectados en el Invu.