¿Devolver a los consumidores los millones gastados en la fallida refinería?
Economista solicita intervención de Defensoría de los Habitantes ante Aresep y CGR
Alejandro Muñoz, presidente de Recope, a la derecha, junto a María Fernanda Roldán Vives, abogada de la refinadora. se refirieron el 31 de octubre del año pasado al proceso. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). El economista Juan Antonio Rodríguez Carazo, exempleado de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), solicitó a la Defensoría de los Habitantes intervenir para que los consumidores de combustibles reciban de vuelta –vía ajustes tarifarios- los millones devorados por el fallido proyecto de modernización de la refinería de Moín (Limón).
Recope y la Compañía China de Petróleo Internacional (CNPCI) conformaron la empresa conjunta Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (Soresco), cuyo objetivo principal radicó en el impulso a la obra.
Cada parte aportó $50 millones en capital social, sin embargo desde que se frenó el plan –en 2013- hasta la fecha se consumieron más de $70 millones sin que se produjera beneficio alguno para el país.
El jueves 31 de octubre pasado, la refinadora confirmó que el fallo de un tribunal arbitral londinense avaló la disolución de Soresco con la pertinente liquidación sin el pago de indemnizaciones para ambas partes.
Según el exfuncionario, la Defensoría de los Habitantes puede interceder ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para que "mediante las correcciones correspondientes en los precios de los combustibles se devuelvan a los consumidores los recursos gastados y sobrantes" del proyecto.
"Que la CGR obligue a Recope a liquidar, en favor de los consumidores, los recursos sobrantes del proyecto de Soresco. Así como impedir que esos recursos o parte de ellos, se utilicen en la investigación para energías verdes, tal y como parece ser la propuesta del presidente de Recope (Alejandro Muñoz)", indicó Rodríguez, en una carta remitida este martes a Catalina Crespo, defensora de los habitantes.
El exfuncionario de la institución estatal recalcó que la refinadora únicamente puede dedicarse a la refinación, importación o distribución de los derivados del petróleo. Y, para incursionar en otras áreas, como las energías alternativas, requiere de un cambio de ley aprobado por la Asamblea Legislativa.
Imagen del plantel de Recope en Moín de Limón, donde se realizaría el proyecto. Archivo CRH/Con fine ilustrativos
Más solicitudes
Desde 2013 la CGR frenó el avance de la modernización de la refinería en virtud de que el estudio de factibilidad fue elaborado por una compañía subsidiaria de CNPC. Esto, según interpretó el órgano contralor, se convirtió en el incumplimiento de una de las cláusulas del Acuerdo de Empresa Conjunta (AEC).
Recope y CNPCI nunca se pusieron de acuerdo para realizar un nuevo estudio de factibilidad que permitiera continuar con el plan. Tanto así que en abril de 2016 el gobierno costarricense (máximo accionista de Soresco) anunció la intención de separarse de la empresa conjunta. Pero, acto seguido, los representantes chinos decidieron elevar el caso a un arbitraje internacional que se dilucidó finalmente en la Cámara de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).
A estos tropiezos se le suman los allanamientos y operativos realizados por el Ministerio Público en noviembre de 2018 como parte de una investigación por el presunto desvío de $70 millones destinados al proyecto. Hay 9 personas imputadas: 6 sujetas al proceso penal sin medidas cautelares y 3 que no han sido ubicadas (la Fiscalía coordinó con Interpol para ubicarlas).
Rodríguez también solicitó terminar los contratos laborales del personal que trabaja en Soresco (unos 8 funcionarios, según datos de Recope). Esto incluiría al personal administrativo, técnico y miembros de junta directiva. De paso, pidió que la CGR investigue si la recisión contractual tuvo que haberse ejecutado desde 2013, cuando se detectaron las irregularidades en el estudio de factibilidad.
"En vista de que por parte de los funcionarios responsables de Recope se continuó abusando con los fondos públicos destinados para el fallido proyecto, considero necesario que se solicite a la CGR, la instauración de los procedimientos administrativos sancionatorios para determinar la verdad real de los hechos irregulares que provocaron un gasto abusivo de dineros públicos que a la fecha pueden ascender aproximadamente a la suma de $70.0 millones, en gestiones relacionadas con el mantenimiento de una empresa conjunta entre CNPCI y Recope sobre un proyecto cuyo estudio de factibilidad resultó viciado de nulidad", agregó la solicitud planteada por el economista.
Este lunes 4 de noviembre la refinadora confirmó que solicitaron a CNPCI programar una asamblea extraordinaria de accionistas para proceder con la "liquidación inmediata" de Soresco. Además, que se ponga fin a los gastos operativos consumidos por la empresa conjunta.