Diputada del PPSO quiere eliminar controles previos de la Contraloría

La diputada de Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, presentó una reforma constitucional para eliminar el control previo o el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) en obras y contratos públicos y que, en su lugar, realice actos de fiscalización posteriores.

La iniciativa propone modificar el artículo 184 de la Constitución Política, manteniendo las funciones de fiscalización de la Contraloría, pero eliminando la necesidad de que determinados actos, contratos y pagos del Estado cuenten con una autorización o refrendo previo del órgano contralor.

El refrendo es una autorización previa mediante la cual la Contraloría verifica que un contrato cumpla con la Constitución, las leyes y los procedimientos de contratación pública.

La propuesta surge luego de que la Contraloría cuestionara y frenara proyectos impulsados por la administración de Rodrigo Chaves, entre ellos Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, al señalar irregularidades y riesgos legales en los procedimientos de contratación.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto permite que, por razones de interés público o riesgo fiscal, la Contraloría realice revisiones preventivas o concomitantes de carácter no vinculante, en coordinación con los sistemas de control interno de las instituciones fiscalizadas.

Entre las funciones que conservaría el órgano contralor destacan:

  • Fiscalizar la ejecución presupuestaria y la gestión financiera y contractual del sector público.
  • Aprobar o improbar las liquidaciones presupuestarias del Estado, instituciones y municipalidades.
  • Evaluar la eficacia de los sistemas de control interno.
  • Rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa sobre su gestión y el estado de las finanzas públicas.

La reforma incorpora un transitorio de dos años, durante el cual la Contraloría podrá seguir aplicando mecanismos de control previo únicamente en los casos que determine mediante resolución general fundamentada en razones de riesgo fiscal.

Al tratarse de una propuesta de reforma constitucional, el texto debería seguir un amplio proceso legislativo y para aprobarse requeriría de una mayoría calificada de 38 votos.

Ahora el texto se deberá asignar a una comisión legislativa para iniciar con su trámite.

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