Diputado pide investigar a embajador designado ante la ONU por deuda de $8,3 millones con banco estatal
El nombramiento de Boris Marchegiani como embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) provocó cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, luego de que trascendiera que aparentemente una empresa ligada al empresario mantiene una deuda de más de $8 millones con el Banco Nacional.
La polémica llevó al diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), a presentar una moción para que la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos analice el caso.
Según información divulgada este miércoles por La Nación, la sociedad Lapis Lazuli S. A., de la cual Marchegiani es presidente y representante legal, arrastra desde hace 12 años una deuda relacionada con un crédito otorgado para el desarrollo del hotel Gaia, en Manuel Antonio. Según el medio de comunicación, datos del Banco Nacional indican que el saldo pendiente asciende actualmente a $8,3 millones, incluyendo principal, intereses y otros cargos.
Padilla afirmó que la situación genera dudas sobre la conveniencia del nombramiento y consideró necesario que el Congreso revise los antecedentes del caso.
La moción presentada por Padilla deberá ser conocida por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que decidirá si abre o no una investigación sobre el caso.
Figura cercana a Pueblo Soberano
Marchegiani ha tenido participación en distintas agrupaciones políticas durante los últimos años. Actualmente forma parte de la estructura del Partido Pueblo Soberano (PPSO), donde figura como secretario general suplente, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
También fue postulado como candidato a la alcaldía de Quepos para las elecciones municipales de 2024, aunque su candidatura no llegó a formalizarse debido a que el TSE rechazó las postulaciones a alcaldías del partido por incumplimientos relacionados con la paridad de género.
Los registros de financiamiento partidario muestran además que Marchegiani realizó contribuciones económicas al PPSO y anteriormente tuvo vínculos con otras agrupaciones políticas. En 2020 fue candidato a la alcaldía de Quepos por el Partido Justicia Social Quepos y, en 2021, aparece como delegado territorial propietario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en procesos internos de esa agrupación.
El empresario también adquirió notoriedad pública en enero de 2025, cuando confirmó haber financiado las vallas publicitarias instaladas en distintos puntos del país que pedían la renuncia de altos jerarcas del Estado, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; la contralora general de la República, Marta Acosta; el fiscal general, Carlo Díaz; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
