Diputados consultarán a Hacienda y municipalidades nuevo texto que busca combatir la adulteración y el contrabando de licores
Policía Municipal podrá realizar decomisos de productos y alcaldías quedan autorizadas a proceder con cierres de negocios
(CRHoy.com) Este jueves, de manera unánime, 42 diputados aprobaron una moción para enviar a consulta al Ministerio de Hacienda y a todas las municipalidades del país el texto sustitutivo aprobado del proyecto de ley que busca combatir la adulteración y el contrabando de licores.
El expediente legislativo 20.961 plantea una modificación al artículo 15 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.
La reforma da nuevas responsabilidades a varias instituciones para combatir esta problemática. Por ejemplo, dice que la autoridad competente para determinar la adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando será la Policía de Control Fiscal, que estará obligada a decomisar el producto.
El texto señala que todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales, los casos de adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
A los ministerios de Hacienda, Economía, Industria y Comercio (MEIC), se les instruye a establecer un mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros. Este mecanismo de identificación deberá hacerse mediante etiquetados de seguridad o cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico, no manipulable, no replicable, confiable y fidedigno, que permita su trazabilidad y posibilite la identificación por parte de los consumidores y de las autoridades competentes de las bebidas con contenido alcohólico adulterado, de imitación o de contrabando.
Hacienda, el MEIC y el Ministerio de Salud deberán reglamentar la ley y establecer el mecanismo de identificación y registro de bebidas con contenido alcohólico en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la misma.
En lo que a decomisos se refiere, se autoriza a la Policía Municipal a realizar decomisos de productos.
Las municipalidades quedan autorizadas a proceder con cierres provisionales y precautorios de establecimientos durante 15 días naturales e iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y patentes municipales.
El proyecto de ley es impulsado por los diputados Roberto Thompson, Daniel Ulate y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Erwen Masís y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los diputados justifican la reforma dado el incremento en el contrabando y adulteración de los licores y lo que esto implica en la salud pública. Cifras oficiales arrojan que en el primer semestre de 2019 fallecieron 19 personas por presuntas intoxicaciones con licores adulterados.
Aunado a la salud, el plan se impulsó además por las pérdidas económicas para el país. Se estima que anualmente el Estado deja de percibir alrededor de $40 millones anuales por el contrabando.