Diputados señalan riesgos y “portillos” en plan de Esquivel para eliminar colegiatura obligatoria

Diputados del bloque democrático cuestionan la posibilidad de eliminar la colegiatura obligatoria para determinadas profesiones, a partir de un proyecto de ley presentado por la diputada oficialista Marta Esquivel.

La iniciativa establece que los profesionales podrían ejercer sin estar colegiados, mientras que la colegiatura obligatoria se mantendría únicamente para actividades consideradas de especial riesgo para la vida, la salud, la seguridad, la fe pública o los derechos de terceros.

Entre las profesiones que mantendrían la colegiatura obligatoria se encuentran Medicina y Cirugía, Derecho e Ingeniería en el sector privado.

Diputados cuestionan iniciativa

Abril Gordienko, diputada del PUSC y abogada de profesión, advirtió sobre los riesgos de la propuesta y consideró que podría abrir "portillos peligrosos".

Gordienko cuestionó las implicaciones económicas de crear un nuevo ministerio y trasladar a esa institución la inscripción de las distintas profesiones.

Además, advirtió que el proyecto podría permitir que funcionarios públicos considerados "incómodos" para el Gobierno de turno sean inhabilitados, debido a que el texto establece que sería el patrono quien tendría potestades disciplinarias y no el colegio profesional respectivo.

"El proyecto no es claro en todos sus extremos, genera un portillo peligroso y un mal precedente, como en Nicaragua, donde se han inhabilitado a centenares de abogados incómodos para el régimen".

La legisladora insistió en que el texto debe ser analizado "con lupa y cuidado" antes de avanzar con su discusión.

Por su parte, Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio (FA), afirmó que tiene "serias reservas legales y éticas" sobre la iniciativa.

Trejos aseguró que los colegios profesionales no existen para cobrar una cuota, sino que cumplen una función pública de fiscalización del ejercicio profesional, de la ética y de la idoneidad de quienes prestan servicios que pueden afectar directamente los derechos de otras personas.

El legislador señaló que los colegios profesionales deben ser modernizados, revisar sus costos y eliminar privilegios injustificados, pero cuestionó que la iniciativa plantee eliminar mecanismos de fiscalización.

"Nada de eso se propone en esta iniciativa, sino que solo elimina mecanismos de fiscalización que van a debilitar la calidad del servicio y la profesión".

Por su parte, Marco Badilla, diputado del PLN, cuestionó el texto porque, según dijo, podría convertirse en una estrategia para cerrar espacios de fiscalización y control que actualmente ejercen los colegios profesionales.

Además, cuestionó que se trasladen esas funciones a la Administración, al considerar que esto podría debilitar la protección gremial que brinda cada colegio profesional.

Profesiones que mantendrían la colegiatura obligatoria

La iniciativa establece que las profesiones que mantendrían la obligatoriedad, del sector privado, son:

• Medicina y Cirugía, Farmacia, Microbiología, Odontología, Enfermería y especialidades médicas que impliquen atención clínica directa.
• Derecho, exclusivamente para representación, patrocinio, defensa técnica o asesoría jurídica en sede jurisdiccional, mecanismos de resolución alterna de conflictos y ejercicio del notariado.
• Ingenierías civil, estructural, eléctrica, mecánica, electromecánica, topográfica, en construcción y en telecomunicaciones, cuando sus funciones involucren diseño, cálculo, dirección técnica, inspección, certificación, construcción, operación o mantenimiento de obras, infraestructura, instalaciones, equipos o sistemas cuya falla pueda comprometer la vida, la salud, la integridad física, el ambiente o la seguridad pública.

Prohibición a colegios

El texto también prohíbe exigir la colegiatura como requisito para acceder a un empleo o prestar servicios profesionales en las actividades donde esta no sea obligatoria.

Además, limita las funciones disciplinarias y de supervisión de los colegios profesionales exclusivamente a sus afiliados. Estas organizaciones podrían continuar realizando labores de representación gremial, capacitación, formación continua y certificación voluntaria de competencias.

Colegios profesionales también cuestionan la propuesta al considerar que debilitaría los mecanismos de fiscalización, responsabilidad profesional y protección del interés público.