Directorio frena reasignaciones en la Asamblea; funcionarios denuncian acoso
El Directorio Legislativo, presidido por la oficialista Yara Jiménez, suspendió temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de cambios de puestos (reasignación de personal), así como los procesos ya avanzados y pendientes de resolución por parte del órgano. Además, instruyó al Departamento de Recursos Humanos del Congreso para que detenga todos los trámites de reasignación en curso, incluidas entrevistas, evaluaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas.
Así consta en una resolución emitida por el Directorio Legislativo el pasado 19 de agosto, a la que CR Hoy tuvo acceso.
La decisión se tomó un día después de que funcionarios de la Asamblea denunciaran, de forma anónima, que ciertas decisiones del Directorio habrían provocado acoso y hostigamiento contra empleados que no forman parte de Pueblo Soberano (PPSO). Los denunciantes afirman que el Directorio aún no ha girado el pago de reasignaciones ya aprobadas, pese a que, según ellos, se trata de actos administrativos firmes.
En una nueva denuncia anónima, los funcionarios sostienen que esta suspensión es ilegal y atenta contra los derechos laborales de quienes esperan la resolución de sus procesos de reasignación:
"Somos más de diez funcionarios que estamos esperando que el Directorio resuelva informes de reasignación que ya resultaron positivos desde hace muchos meses, además de otros compañeros cuyos estudios se encuentran actualmente en trámite. De un momento a otro, mediante un acuerdo general, nos dejan absolutamente en vilo y suspenden procedimientos que iniciamos legítimamente y que llevaban meses de tramitación. Consideramos que este acuerdo es ilegal, existe reglamentación interna vigente que regula la materia y constituye una actuación arbitraria contra los derechos del personal".
Los denunciantes cuestionan la decisión por considerar que afecta derechos laborales y la seguridad jurídica, y alegan que las reasignaciones corresponden a funcionarios que ya desempeñan nuevas funciones y asumen mayores responsabilidades, incluso con informes técnicos favorables y procedimientos avanzados. También cuestionan el silencio del sindicato y de la Auditoría Interna ante una decisión que, según ellos, podría ser arbitraria y afectar a numerosos funcionarios.
Los funcionarios vinculan la suspensión con un ambiente de persecución, acoso y temor dentro de la Asamblea Legislativa que, aseguran, se mantiene desde mayo de 2026, y piden intervención para proteger al personal legislativo y evitar que se paralicen indefinidamente procedimientos que podrían generar derechos laborales.
Más denuncias de funcionarios
Los funcionarios aseguran ser víctimas de hostigamiento y persecución por razones ideológicas, particularmente por no ser afines al movimiento de Pueblo Soberano (PPSO). "Escribimos este mensaje desde el miedo", señala el correo enviado de forma anónima. Los denunciantes afirman que mantienen sus identidades en reserva por temor a represalias y a perder sus empleos.
Entre los señalamientos, mencionan problemas con el pago de horas extraordinarias, pese a las extensas jornadas laborales durante las sesiones del Plenario Legislativo, que en ocasiones se prolongan hasta altas horas de la noche. También denuncian cambios en sus jornadas laborales sin su consentimiento.
Cuestionan uso de auditorías y procesos administrativos
Los funcionarios sostienen que las auditorías internas se usan como mecanismos de intimidación y persecución, pues, según afirman, en lugar de que las deficiencias detectadas deriven en procesos de retroalimentación, se inicia de inmediato un procedimiento administrativo. Señalan, además, que la administración solicita informes con plazos reducidos para su elaboración y para el cumplimiento de las metas establecidas.
Temor por solicitudes de información sobre funcionarios
Los denunciantes cuestionan también que el Directorio solicite listas de funcionarios y otra información relacionada con el personal, lo que, según ellos, genera temor ante eventuales movimientos laborales o concursos. Según la denuncia, estos listados los solicita únicamente el Directorio y luego terminan publicados en medios de comunicación con nombres de funcionarios y señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción.
Los funcionarios sostienen que esta situación ha generado un ambiente de inseguridad laboral y temor dentro de la administración legislativa, razón por la que decidieron presentar la denuncia de manera anónima.
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, negó cualquier señalamiento ante la preocupación externada por los jefes de fracción del bloque democrático, y señaló en la reunión de jefaturas de fracción que realizará un estudio de "clima institucional".
De momento, el Directorio no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la decisión de suspender la reasignación de personal.