Donantes, exdiputados y colaboradores del gobierno son ahora nuevos embajadores
El gobierno de Laura Fernández ha recurrido a exjerarcas, exdiputados, dirigentes políticos y figuras vinculadas al movimiento chavista para ocupar puestos de representación diplomática desde el inicio de su administración.
Entre el 5 de mayo y el 12 de agosto, el Gobierno ha anunciado 15 designaciones en embajadas y representaciones ante organismos internacionales: nueve corresponden a personas ajenas a la carrera diplomática y seis a funcionarios de carrera.
Entre los nombramientos políticos están Douglas Soto Campos, actual vicepresidente de la República, como embajador en Estados Unidos; el exministro de Seguridad Mario Zamora Cordero, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra; y el empresario y financista de Pueblo Soberano Boris Marchegiani Carrero, ante la ONU en Nueva York.
No obstante, entre las designaciones políticas también figuran personas con experiencia diplomática previa. Es el caso del excanciller Arnoldo André Tinoco, designado como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ocupó la Cancillería durante la administración de Rodrigo Chaves; y del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Rafael Ortiz Fábrega, escogido como representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien acumula experiencia como embajador de Costa Rica en el Reino Unido durante dos administraciones.
La lista se amplió este miércoles con cuatro nuevos nombramientos políticos: la exvicepresidenta y exministra de Salud, Mary Munive Angermüller, como embajadora en Italia; la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Cindy Quesada Hernández, en Perú; el exdiputado oficialista Jorge Rojas López, en Honduras; y el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Horacio Alvarado Bogantes, en Guatemala.
En contraste, el Gobierno también ha nombrado a seis funcionarios de carrera diplomática: Eugenia Gutiérrez Ruiz, como representante permanente alterna ante la ONU en Ginebra; Andrea Arroyo Mora, como representante permanente alterna ante la OEA; Ana Lorena Villalobos Brenes, como representante permanente alterna ante la ONU en Nueva York; Carlos Manuel Lizano Arce, como embajador en Alemania; Istvan Alfaro Solano, en Argentina; y Charles Salvador Hernández Viales, en Brasil.
La ronda del 12 de agosto incluyó cuatro nombramientos políticos y seis de carrera: tres embajadores y tres representantes permanentes alternas.
De la administración Chaves a las embajadas de Fernández
La ronda de nombramientos políticos del miércoles tiene un elemento particular: tres de los cuatro nuevos embajadores fueron figuras de la administración que acompañó a Rodrigo Chaves en su gobierno.
Munive fue vicepresidenta de la República y ministra de Salud; Quesada fue ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); mientras que Rojas fue diputado de la fracción oficialista del PPSD y Alvarado ocupó una curul por el PUSC.
Fotos: Casa Presidencial
El caso de Horacio Alvarado, ahora designado embajador en Guatemala, tiene además un antecedente político particularmente relevante.
Durante su paso por la Asamblea Legislativa, Alvarado votó en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves en el proceso relacionado con el caso BCIE-Cariñitos y también se opuso al levantamiento de la inmunidad solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones por una denuncia de beligerancia política.
En ambos procesos, el entonces diputado del PUSC votó en contra del levantamiento de la inmunidad, una decisión que contribuyó a que la Asamblea no alcanzara los 38 votos necesarios.
Su posición frente a Chaves incluso generó cuestionamientos dentro del PUSC y un proceso disciplinario que terminó con su salida del partido.
Marchegiani y la deuda de $8 millones
Otro de los nombramientos que ha generado cuestionamientos es el de Boris Marchegiani Carrero, designado como representante permanente de Costa Rica ante la ONU en Nueva York.
Marchegiani es empresario y uno de los principales contribuyentes de Pueblo Soberano, partido que llevó a Fernández a la Presidencia. También cobró notoriedad en enero de 2025, cuando reconoció haber financiado y diseñado las vallas publicitarias que exigían la renuncia de jerarcas de los Supremos Poderes.
Las vallas mostraban las fotografías del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; la contralora general, Marta Acosta; el fiscal general, Carlo Díaz; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, acompañadas del mensaje "RENUNCIEN". Marchegiani confirmó que pagó cinco de esas vallas.
Vallas publicitarias contra jerarcas señalados por el Gobierno. Foto: redes sociales.
Su designación cobró además especial atención después de que se conociera que una sociedad cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani mantiene una deuda de aproximadamente $8,3 millones con el Banco Nacional.
El caso llegó incluso a la Asamblea Legislativa. El diputado liberacionista Salvador Padilla presentó una moción para investigar la deuda, pero la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público rechazó abrir una investigación.
El nombramiento también provocó cuestionamientos por la relación de Marchegiani con el partido oficialista, sus antecedentes de participación política y por no pertenecer a la carrera diplomática.
La oposición cuestiona
La diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz calificó de "inaceptables" los nombramientos de personas ajenas a la carrera diplomática y cuestionó que el Gobierno de Laura Fernández esté utilizando las embajadas para "pagar favores políticos". Según la legisladora, estas designaciones pueden afectar la imagen de Costa Rica y las relaciones bilaterales con los países donde fueron nombrados los nuevos representantes.
"Resulta inaceptable que el Gobierno de la República nombre no solo a personas que no tienen carrera diplomática o experiencia en servicio diplomático, sino que pareciera que está buscando pagar favores políticos. Esto pone en riesgo la imagen del país y las relaciones bilaterales con los Estados en los que están siendo nombrados", dijo.
Sáenz señaló particularmente los casos de Boris Marchegiani y Horacio Alvarado, al considerar que sus antecedentes deberían ser tomados en cuenta al valorar los nombramientos. Sobre Marchegiani, cuestionó que, además de los cuestionamientos relacionados con su deuda con el Banco Nacional, haya financiado actividades de campaña del Partido Pueblo Soberano y posteriormente fuera designado en uno de los cargos diplomáticos de mayor relevancia para el país.
El liberacionista Salvador Padilla también cuestionó los nombramientos y señaló particularmente los casos de Horacio Alvarado, designado embajador en Guatemala, y Boris Marchegiani, escogido como representante ante la ONU en Nueva York.
"Nos parece que lo que se está dando aquí es utilizar el servicio exterior como una herramienta o una instrumentalización para pagar favores políticos a personas que se convirtieron al chavismo o también a sus donantes de campaña, como en el caso de don Boris", dijo Padilla.
El legislador consideró que los puestos diplomáticos deberían ser ocupados prioritariamente por funcionarios de carrera.
"Lo ideal siempre sería que tuvieran primacía las personas que dedican su carrera al servicio exterior, es decir, las y los diplomáticos de carrera. En este caso estamos viendo que hay un patrón de favorecimientos políticos y pago de favores", añadió.
La defensa del Gobierno
El Gobierno de Laura Fernández ha defendido la posibilidad de nombrar personas que no pertenecen a la carrera diplomática.
La Cancillería ha sostenido que las personas escogidas pueden aportar experiencia y conocimiento en áreas de interés para el país y que los nombramientos responden a criterios de idoneidad, experiencia profesional y trayectoria.
Según datos divulgados por Cancillería, la administración Fernández tiene actualmente 29 embajadores de carrera y 16 de designación política. Esta cifra corresponde al total de representantes que mantiene o ha nombrado el Gobierno y no únicamente a las designaciones realizadas desde mayo.