Arbitraje internacional en Washington D.C.

Empresa canadiense reclama $394 millones a Costa Rica por fiasco minero en Crucitas

Pablo Rojas [email protected] Agosto 3, 2020  12:04 am

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  • Representación legal para proceso costó casi $1.9 millones
  • Audiencias ya concluyeron; solo resta resolución de fallo

(CRHoy.com). La empresa canadiense Infinito Gold Mining reclamó al Estado costarricense un pago de $394,8 millones (más de ₡229 mil millones) por el fracaso en el proyecto minero que pretendió desarrollar en Crucitas de Cutris, San Carlos.

Esa fue la petición hecha por la compañía en el proceso de arbitraje internacional que se dilucida en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington D.C.

La compañía planteó la demanda en octubre de 2013 y en 2014 inició la pugna legal. En principio el monto reclamado era de $94 millones, sin embargo durante el proceso se incrementó en más de $300 millones.

El reclamo exige el pago por –supuestamente- las inversiones realizadas en la zona y una serie de violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá para la promoción y protección de inversiones.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) explicó que el arbitraje está en la etapa final a la espera del laudo (fallo). La audiencia de fondo (última etapa procesal cursada) ocurrió en julio de 2019. Según la cartera, la emisión del laudo puede tomar entre 1 o 2 años desde esa fecha (habrá resolución a más tardar mediados de 2021).

Costa Rica destinó casi $1.9 millones en la representación legal extranjera (bufete estadounidense Arnold&Porter) que encabezó el arbitraje. Se trata de una firma ubicada en Washington D.C., la cual asumió la defensa costarricense desde que inició el proceso.

“El monto total reclamado por Infinito Gold en este arbitraje internacional es de $394,8 millones (más de 200 veces el monto invertido por el Estado costarricense en la defensa del litigio). El monto invertido en la representación legal desde que inició el caso hace 6 años (2014) es de $1.874.000. Ha sido pagado por etapas contra cada fase completada, de conformidad con el calendario procesal establecido por el Tribunal Arbitral”, explicó Comex.

¿Hubo posibilidad para echar marcha atrás en el proceso? Según Comex, en este tipo de arbitrajes, es usual que exista comunicación entre las partes durante las etapas iniciales con miras a buscar vías alternas para llegar a un acuerdo. No obstante, en este caso, eso no fue posible.

“La posibilidad, evidentemente, está condicionada a la anuencia de ambas partes. En este caso, hubo comunicación con la parte demandante antes de plantearse el arbitraje y a inicios del procedimiento, pero no se llegó a ningún acuerdo. Una vez que iniciaron formalmente las fases de jurisdicción y de fondo del arbitraje no ha habido más acercamientos para poner marcha atrás al procedimiento”, señaló el ministerio.

Entre 2001 y 2010 la empresa minera canadiense intentó desarrollar un proyecto de extracción de oro. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).

Daños y millones

El 7 de marzo pasado CRHoy.com informó que entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operan en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones (más de ₡112 mil millones, según el tipo de cambio actual).

Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.

La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.

Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones (más de ₡2.2 mil millones, según el tipo de cambio actual) durante el período bajo análisis.

El Minae detectó que la minería ilegal afecta a 19 fincas –de 14 propietarios diferentes- circundantes a la finca principal (denominada Vivoyet, antes Finca Mina Crucitas) donde la empresa extranjería desarrollaría la iniciativa.

Los estudios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) adscrita al Minae estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.

En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.



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