(CRHoy.com) -Un proyecto de ley para combatir la adulteración y el contrabando de licores ha despertado resistencias, dudas y apoyos entre distintos sectores, conforme avanza su trámite en el Congreso.

Se trata de una modificación al artículo 15 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con  Contenido Alcohólico impulsada por los diputados Roberto Thompson, Daniel Ulate y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Erwen Masís y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La propuesta ya fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, pero se encuentra en periodo de modificaciones a través de mociones de fondo y de audiencias concedidas a jerarcas de entidades públicas y representantes de cámaras empresariales.

Los legisladores justifican la reforma por el incremento desmedido en el contrabando y adulteración de licores, los riesgos de salud pública, que incluso han conllevado a la muerte a varias personas, y las pérdidas de ingresos que deja de percibir la administración tributaria y municipal.

Según datos oficiales incluidos en el texto, en los primeros 7 meses de 2019 ha habido 19 muertes que son investigadas por el Ministerio de Salud por presuntamente ser consecuencia de intoxicación con licor adulterado con metanol.

Se estima, por otra parte, que las pérdidas por contrabando pueden alcanzar la suma de $40 millones anuales en el país.

Pero, además, existe una relación entre el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y el contrabando de licores, para el cual la frontera con Panamá es un punto clave para el ingreso de productos de contrabando.

¿Qué es lo que puntualmente plantea la reforma, cuáles son sus alcances y cuáles las dudas, cuestionamientos y criterios favorables que existen?

En esta información, les explicamos.

¿En qué consiste?

El texto plantea la reforma a la normativa para prohibir la adulteración y la imitación de licores y bebidas con contenido alcohólico, y su contrabando.

• La autoridad competente para determinar la adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando será la Policía de Control Fiscal, que estará obligada a decomisar el producto.
• Todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los Inspectores Municipales, los casos de adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
• Como herramienta contra el comercio ilícito, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), deberán establecer un mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros, mediante etiquetados de seguridad o cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico, no manipulable, no replicable, confiable y fidedigno, que permita su trazabilidad y posibilite la identificación por parte de los consumidores y de las autoridades competentes de las bebidas con contenido alcohólico adulterado, de imitación o de contrabando.
• Sin embargo, los legisladores trabajan en una moción para excluir al MEIC, como se plantea en el texto dictaminado.
• El Ministerio de Hacienda será el encargado de mantener un depósito central para el debido manejo del mecanismo de identificación y registro.

Decomisos

La propuesta introduce otro cambio y es autorizar a la Policía Munical a realizar decomisos de productos.

Además, las municipalidades quedarán autorizadas a proceder con las siguientes sanciones:

• Cierre provisional y precautorio del establecimiento durante 15 días naturales.
• Iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y patentes municipales.
• En caso de reincidencia debidamente demostrada, realizar el cierre definitivo e inmediato del establecimiento.
• Cualquier otra sanción que proceda de conformidad con la legislación vigente.

La propuesta obliga también a la Policía de Control Fiscal a establecer convenios de capacitación y formación con las municipalidades para proveer a los cuerpos policiales municipales la preparación y conocimientos para ejercer esas funciones.

Establece que Hacienda, el MEIC y el Ministerio de Salud deberán reglamentar la ley y establecer el mecanismo de identificación y registro de bebidas con contenido alcohólico en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Dudas y criterios favorables

En su trámite en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley ha sido objeto de dudas, críticas y criterios favorables por parte de entidades públicas y sectores privados.

• Ministerio de Hacienda: sostiene que el sistema para monitorear las bebidas alcohólicas podría costarle al Gobierno hasta ₡747.000 millones y que solo se recaudarían ₡20.000 millones al año.
• Ministerio de Economía: asegura que la entidad encargada de ejecutar las disposiciones del proyecto debe contar con los recursos necesarios para implementar el etiquetado y monitoreo de licores.
• Ministerio de Salud: estima que la propuesta es pertinente y se justifica en motivos válidos, aunque señala que se deben establecer claramente las competencias institucionales y los recursos necesarios.
• Ministerio de Seguridad Pública: no objeta el proyecto.
• Contraloría General de la República: recomienda tomar en consideración los costos del mecanismo de identificación de licores nacionales y extranjeros.
• Unión Nacional de Gobiernos Locales: apoya la iniciativa.
• Municipalidades: algunas han expresado su aval al proyecto, pero otras lo han rechazado.
• Cámara de Comercio: es del criterio que el contrabando, adulteración y falsificación no se resuelve con colocar un dispositivo a cada botella de licor.
• Cámara de Industrias: considera que la aplicación de un mecanismo tecnológico para identificar la legalidad de un producto aumentaría el contrabando, debido al incremento en su precio.
• Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines: en términos generales se pronuncia a favor del proyecto, pero deja claro que las labores de decomisos deben dejarse en manos de quienes tienen preparación y capacitación para ello.

Los legisladores -según explicó Thompson- trabajan en modificaciones al texto con el propósito de incorporar las principales sugerencias que se han hecho.

Después de que los congresistas aprueben las modificaciones, el proyecto volverá al Plenario Legislativo para su discusión y votación en los dos debates reglamentarios.