Estudio de pensiones judiciales incluirá plan de diputados
Estudio, a cargo de UCR, pretende incluir plan de diputados para modificar pensiones
Sesión de corte plena del 31 de octubre, donde se tomó la decisión de dejar el tema a los diputados. Archivo CRH
El estudio actuarial sobre el régimen de pensiones del Poder Judicial, a cargo de la Universidad de Costa Rica (UCR), incluirá para análisis un texto legislativo sobre el fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial que se discute en la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, comunicada el sábado, pretende que el documento legislativo brinde un nuevo escenario y al ser un texto sustitutivo, no estaba contemplado en el proceso llevado a cabo por la UCR.
La iniciativa legislativa pretende fijar en un tope de 4.7 millones de colones (algunas llegan a los 9 millones de colones mensuales actualmente) los montos de las nuevas pensiones. Además, entre otras cosas, se propone una contribución solidaria de un 20% en las pensiones que sobrepasen los 4.7 millones.
"El acuerdo requirió algunos ajustes, sustituyendo otro apartado del análisis en primera instancia, como es el proyecto de reformas presentado por Corte Plena con anterioridad, ‘para tratar de afectar lo menos posible el cumplimiento de los plazos de ejecución'", señaló un comunicado divulgado por el Poder Judicial.
Sin embargo, pese a las intenciones, Max Soto, director del Instituto de Ciencias Actuariales de la UCR, explicó que con este nuevo escenario es factible modificar los términos contractuales mediante una adenda que garantice la inclusión del texto legislativo.
"La decisión del cambio fue tomada por el Consejo Superior ante solicitud de los frentes gremiales de la institución", informó el Poder Judicial.
La propuesta de esa entidad es que la adenda se incorpore basada en un acuerdo tomado por Corte Plena el pasado 26 de septiembre, el cual se refirió al texto en debate por parte de los diputados, con el afán de no atrasar más el proceso.
El régimen de pensiones del Poder Judicial fue foco de discrepancias entre diputados y magistrados, pero finalmente la Corte Plena dejó en manos de los legisladores los eventuales recortes.