Exmagistrado amenazado por Gamboa: Esta causa es de vida o muerte para el Poder Judicial
Por proceso disciplinario contra el magistrado Celso Gamboa
El Exvicepresidente del Poder Judicial y exmagistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo aseguró que el resultado del proceso disciplinario contra Celso Gamboa "es de vida o muerte" para el Poder Judicial. A Gamboa se le abrió una investigación luego que trascendiera que "coincidió" con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños en un viaje a Panamá.
"A mí me parece de vida o muerte para la credibilidad del Poder Judicial, el destino que tenga esta causa. De vida o muerte", dijo Arroyo.
El 2 de mayo pasado, el Exmagistrado aseguró que uno de los motivos para acogerse a su jubilación obedeció a una "amenaza" recibida por parte de Celso Gamboa.
Arroyo aseguró que no se pueden ignorar los problemas estructurales del Poder Judicial que hacen que "una persona como Celso llegue a la magistratura. El problema es más hondo. Es una falta de objetividad. Una falta de vigilar los pesos y contrapesos y de mandar gente que no esté comprometida políticamente", comentó Arroyo.
El Poder Judicial decidió ayer, en una sesión privada, abrir un proceso disciplinario contra Gamboa. Según Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la votación fue unánime.
[accordionset][accordionx heading='Ley Orgánica del Poder Judicial HAGA CLIC']ARTICULO 182.- Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente Ley. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de los Magistrados. Para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Para sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado, la Corte designará a uno de sus miembros como órgano instructor.
También corresponde a la Corte ejercer el régimen disciplinario respecto del Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, el Director y Subdirector del Organismo de Investigación Judicial. En tal caso, la Inspección Judicial actuará como órgano instructor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título sobre el régimen disciplinario, el Presidente de la Corte podrá apercibir y reprender y aun suspender preventivamente del ejercicio de sus funciones o empleo, hasta por un mes, con goce de salario, a los funcionarios y empleados judiciales, en los casos en que pueden ser corregidos disciplinariamente, previo a dar cuenta a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de la Inspección Judicial, para que, siguiendo el debido proceso, se pronuncien acerca de la corrección o de la revocatoria del nombramiento.
Corresponde igualmente al Presidente la facultad de gestionar permutas o traslados de empleados o funcionarios para el mejor servicio; deberá dar cuenta, en su oportunidad, a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de la Inspección Judicial para que se resuelva lo que se considere conveniente. [/accordionx][/accordionset]
Gamboa viajó en octubre del año anterior hacia Panamá y coincidió con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños, cuestionado por dos líneas de crédito otorgadas por el Banco de Costa Rica, entre otros. Tanto el boleto de Gamboa como el de Bolaños fueron reservados el 7 de octubre, solo dos días antes de que ambos viajaran a Panamá, tal y como dio a conocer CRHoy.com
¿Por qué es de vida o muerte?
"Es de vida o muerte. Estoy convencido de lo que se ha dicho. Que todo se puede, más o menos, cuestionar, caer y corromper, menos el Poder Judicial. Lo que estamos es a las puertas de la constatación de que el Poder Judicial tiene serios problemas. Por eso le digo, que del destino de esta causa, dependerá la credibilidad y la confianza que el país pueda seguir teniendo en los jueces", comentó Arroyo.
Ana Virgina Calzada, Expresidenta de la Sala Constitucional, señaló que sin duda la Corte está en un momento histórico, en un momento donde los tres poderes de la República están cuestionados por el mismo caso: el cementazo.
Aseguró, al igual que Arroyo, cuestionó la forma en la que se nombra a los magistrados y aseguró que aunque en otros países de América Latina es similar, en el caso de Costa Rica los diputados deberían tener responsabilidad por las personas que eligen.
Calzada dijo que, en estos casos, además de una sólida formación académica, la madurez de las personas es necesaria y el conocimiento del Estado social es indispensable, sobre todo en salas como la Constitucional o la Tercera.
El órgano instructor disciplinario contra Gamboa se abre luego de que varias organizaciones gremiales dentro del Poder Judicial y el diputado Ottón Solís, le hicieran llegar al Presidente de la Corte una serie de cuestionamientos ante el actuar del magistrado de la Sala Tercera.
El 13 de setiembre pasado, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) acusó ante el Tribunal de la Inspección Judicial al magistrado Gamboa, y piden que el caso se eleve a Corte Plena para que lo investiguen. Aseguran que Gamboa ha incurrido "en incorrecciones en su vida privada que afectan la imagen del Poder Judicial".
Un día después, el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial hizo la misma solicitud y en la misma solicitaron que la Corte garantice la imparcialidad de los órganos y funcionarios administrativos del Poder Judicial que deban intervenir en la generación de la documentación oficial que sea requerida por el eventual órgano instructor, de manera que dichos funcionarios no se vean expuestos a presiones indebidas.
Herman Mora, Presidente de la Academia Notarial de Costa Rica, mencionó que está en entredicho la credibilidad del Poder Judicial a nivel de la Corte Plena.
Hay dos grandes vertientes, según Mora, que se deben revisar a profundidad. Una es la credibilidad y honorabilidad que se ha perdido y la segunda es hay muchos privilegios de los que gozan estos puestos y eso debe replantearse.
Mora señaló que es el momento oportuno para que el Poder Judicial envíe a la ciudadanía un mensaje fuerte de transparencia y que se puedan disipar todas las dudas. Indicó que la gente espera que este tipo de procesos se resuelvan en un tiempo prudencial.
"Fue un día importante en el Poder Judicial, esperamos que sea un proceso objetivo, pero sobre todo rápido donde se vea fortalecida la cuestionada imagen de la Corte", dijo Mora.
El único antecedente que tiene el Poder Judicial de un proceso disciplinario contra un magistrado fue el que se realizó contra Óscar González, en el año 2013, a quien un órgano instructor disciplinario acreditó un acoso sexual por lo que fue despedido por la Asamblea Legislativa.
Además ese mismo órgano instructor determinó que había temas dentro de la investigación que se debían investigar en materia penal.