Exministros de Trabajo rechazan plan que deja en particulares la inspección laboral
Los exministros de Trabajo Víctor Morales Mora, Olman Segura Bonilla y Sandra Piszk Feinzilber, se pronunciaron en contra del borrador elaborado durante la administración de Rodrigo Chaves que planteaba incorporar asesores privados acreditados para la inspección laboral.
Los exjerarcas coincidieron en que la inspección laboral debe seguir siendo una función exclusiva del Estado y que, en lugar de trasladar tareas a particulares, corresponde fortalecer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Morales, quien ocupó la cartera en los períodos 1998-2000 y 2014-2016, rechazó de plano cualquier iniciativa que implique privatizar esa función.
"Yo rechazo absolutamente de plano cualquier iniciativa, cualquier intención de privatizar, de poner en manos privadas una función esencial del Estado costarricense como es la inspección del trabajo", afirmó.
El exjerarca sostuvo que la inspección debe permanecer en manos del cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo y que el esfuerzo del Estado debe concentrarse en fortalecer esa dependencia.
"La inspección de trabajo tiene que estar en manos del cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo y apoyando a la Inspección de Trabajo, pero una iniciativa de ese tipo no es de recibo", agregó.
Morales también advirtió que la inspección laboral no solo está regulada por el Código de Trabajo, sino por convenios internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificados por Costa Rica.
Por su parte, Sandra Piszk, quien fue ministra de Trabajo entre 2010 y 2012, también manifestó su oposición a la propuesta.
"No estoy de acuerdo con privatizar la inspección laboral. Lo que procede es profesionalizar y fortalecer la labor del MTSS en ese campo", expresó.
El exministro entre 2012 y 2014, Olman Segura también rechazó que la inspección laboral pueda trasladarse a particulares. Aunque consideró necesario modernizar y fortalecer el sistema, sostuvo que esa función corresponde por ley al Ministerio de Trabajo y no debe delegarse en asesores privados.
Segura recordó que el propio borrador reconoce, con base en un diagnóstico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las principales debilidades de la Inspección de Trabajo, entre ellas la falta de planificación, el déficit de inspectores, las limitaciones tecnológicas y de acceso a información, así como carencias en infraestructura y recursos.
A su criterio, en lugar de privatizar la inspección, el Gobierno debería aplicar las recomendaciones de la OIT para fortalecer la capacidad institucional del Ministerio. Añadió que el sector privado puede colaborar en labores de capacitación y asesoría, pero no asumir funciones de inspección. Además, señaló que el mismo borrador crea un fondo financiado con multas laborales, recursos que, en su opinión, deberían destinarse a fortalecer la Inspección de Trabajo y no a un esquema de participación privada.
El borrador, revelado por CR Hoy, proponía crear la figura de asesores privados acreditados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en empresas e instituciones. La propuesta nunca fue presentada a la Asamblea Legislativa.
En los últimos días, la iniciativa también ha sido cuestionada por la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano; el exministro de Trabajo Roy Thompson; representantes sindicales y empresariales en el Consejo Superior de Trabajo; así como por las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), que han pedido al Gobierno no impulsar un proyecto de ley basado en ese borrador.
