Extesorero condenado a pagar ₡4.406 millones por desfalco al Banco Nacional
El Tribunal Penal de Hacienda condenó al extesorero del Banco Nacional, Ricardo Olivas Valle, al pago de ₡4.406 millones en indemnizaciones civiles tras hallarlo culpable del desfalco sistemático en el denominado "Caso Gallo Tapado". Además de ser condenado a 30 años de cárcel por 33 delitos de peculado, deberá realizar una serie de pagos.
El juez Franz Paniagua explicó que la resolución de la acción civil resarcitoria analizó el impacto patrimonial y social provocado contra el Banco Nacional y el Estado a raíz del desfalco.
Del monto total, se otorgaron ₡3.294 millones al Banco Nacional por daño material directo. Se le ordenó restituir la suma total sustraída de las arcas bancarias. El juzgador explicó que Olivas Valle ostentaba la custodia, administración y recepción directa del efectivo en la oficina de tesorería, por lo que se determinó, sin duda, su responsabilidad exclusiva sobre el faltante acumulado en las bóvedas.
Por lucro cesante, al Banco Nacional se le ordenó pagar ₡1.062 millones, monto otorgado tras probarse el "costo de oportunidad" que sufrió la entidad. El tribunal acreditó, mediante los estudios financieros presentados, que el banco se vio privado de colocar y generar rendimientos con ese dinero dentro de su dinámica habitual de intermediación financiera.
A esto se suman ₡50 millones por daño moral social al Estado, monto acogido en su totalidad a favor de la Procuraduría General de la República (PGR). El juzgado razonó que las acciones de Olivas provocaron una lesión grave a la colectividad costarricense, al socavar la confianza pública en la institucionalidad y en el Sistema Bancario Nacional.
También deberá cancelar los costos procesales y personales impuestos al condenado a favor de la PGR, con base en los aranceles legales aplicables sobre los montos concedidos.
La suma pudo ser mayor, pero se denegó la indemnización por daño reputacional y moral al Banco Nacional. A pesar de reconocer el golpe a la credibilidad de la entidad bancaria, el juez Paniagua desestimó fijar un monto económico por este concepto debido a la ausencia de elementos objetivos y de certeza probatoria que permitieran cuantificar de manera concreta el perjuicio en esta etapa procesal.
Los jueces acreditaron 33 sustracciones independientes, consideradas como peculado continuado, cometidas entre mayo de 2022 y octubre de 2023. Aunque la suma matemática de las penas alcanzaba los 330 años —10 años por cada evento—, se adecuó al tope legal de 30 años de cárcel.
El tribunal desestimó que los sobres manila trasladados por el imputado contuvieran agendas, recipientes de comida o libros. Tras analizar más de 700 videos, se comprobó la manipulación exclusiva de fajos de billetes de ₡10.000 y ₡20.000 en mesas de conteo donde no existía ningún otro tipo de objeto personal.
El juzgador destacó la conducta vigilante del imputado, quien aprovechó los puntos ciegos de las cámaras, violó el límite máximo de custodia de ₡500 millones en las bóvedas y explotó la negligencia en los controles del oficial de seguridad en la esclusa para retirar el efectivo oculto en sus pertenencias.
Los abogados Eduardo Jiménez y Luis Venegas, defensores de Olivas, confirmaron que apelarán la resolución, basándose en lo que consideran una "cadena de contradicciones bárbaras" en el fallo, especialmente en lo que respecta a la incongruencia entre la prueba y la condena.
La defensa argumenta que la acusación presenta una "orfandad" probatoria, ya que no se demostró qué contenían los sobres y el tribunal se basó en suposiciones. Señalan que nunca se logró probar que en los sobres hubiera billetes de esas denominaciones.
La principal crítica es la aparente incongruencia del tribunal al reconocer que los sobres contenían billetes de ₡10.000 y ₡20.000 —sin certeza sobre la cantidad—, pero, al mismo tiempo, condenar por la sustracción del monto total de ₡3.293 millones, basándose en la acusación inicial. Consideran que esto vulnera el principio de congruencia.
Los abogados enfatizan que los estudios de auditoría del propio Banco Nacional determinaron que hubo sustracciones por parte de otros empleados —supervisores y el jefe de tesorería— y que esos faltantes estarían contemplados dentro del monto global atribuido a Olivas Valle. Se basan en más de 700 videos que, según sostienen, muestran a otras personas sustrayendo dinero en bolsas, salveques e incluso en sus bolsillos y billeteras.