Fallas en reclutamiento policial abren portillo al crimen organizado
Un reciente informe especial de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) revela profundas debilidades y omisiones en el proceso de reclutamiento y selección de policías de la Fuerza Pública y otros cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), lo que deja vulnerabilidades frente al crimen organizado.
La Contraloría encontró ausencias documentales y una preocupante carencia de mecanismos de control para prevenir riesgos durante la contratación de personal, lo que impide mitigar amenazas críticas como la infiltración de estructuras delictivas, el favorecimiento indebido de aspirantes o la incorporación de oficiales sin la idoneidad ética o psicológica requerida.
La gravedad de estos hallazgos radica en la naturaleza misma de la función policial, dado que los cuerpos de seguridad del MSP tienen la responsabilidad de vigilar, preservar el orden público, prevenir la delincuencia y colaborar en su represión.
Por ello, el proceso de reclutamiento reviste una especial sensibilidad. Para ejercer estas funciones, los oficiales portan el uniforme y las armas del Estado, lo que exige un sistema de control preventivo sumamente estricto.
La CGR advierte que las debilidades detectadas no solo comprometen la integridad de la institución, sino que también elevan el riesgo de contratar personal no idóneo. Además, la falta de controles robustos incrementa la vulnerabilidad ante eventuales contingencias operativas, legales y reputacionales, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales.
En el ámbito financiero, la ineficiencia resulta alarmante. El 91 % del personal corresponde a policías incorporados mediante este proceso de reclutamiento y sus remuneraciones representan el 77 % del presupuesto del Ministerio, equivalente a $274,273 millones para 2026.
A pesar de este enorme peso presupuestario, la gestión de riesgos del proceso se encuentra completamente desarticulada de las metas estratégicas del Ministerio. La evaluación, que abarcó el período comprendido entre el 1.º de enero de 2023 y el 1.º de junio de 2026, concluye que el proceso actual opera bajo un enfoque reactivo y de mero cumplimiento formal.
El problema de las vacantes
Uno de los efectos más visibles de estas deficiencias es la persistencia de plazas vacantes, situación que afecta directamente la continuidad y la calidad de los servicios de seguridad en las calles.
A enero de 2026, el MSP contaba con un total de 17.528 plazas de personal policial. De ellas, el 90 % se encontraba ocupado, mientras que un 10 % (1.766 plazas) permanecía vacante.
La situación es especialmente crítica en la clase de agente de policía —la de mayor cantidad de funcionarios activos—, que registraba 9.293 policías en servicio y 822 plazas vacantes distribuidas en categorías como Agente I de Fuerza Pública, Agente de Guardacostas I y Agente de Investigación I.
Esta escasez de personal se ve agravada por la lentitud y los retrasos administrativos del proceso de selección, que incluso provocan el vencimiento de las pruebas de los aspirantes antes de que puedan ser nombrados, según el informe.
Para verificar la efectividad de los controles, la Contraloría analizó una muestra aleatoria de 95 expedientes correspondientes a nombramientos de agentes de policía realizados entre 2022 y 2026. Aunque constató la existencia de controles básicos relacionados con los requisitos iniciales y las pruebas médicas o físicas, la revisión documental dejó al descubierto serias omisiones.
El 62% de los expedientes omitió completar el campo "Traslado a Comisión" en el documento de verificación. Esta comisión es el órgano colegiado encargado de analizar casos complejos o con antecedentes críticos.
Asimismo, en el 36 % de los casos en que se marcó expresamente la opción "No traslado" a la comisión, se omitió por completo la justificación de esa decisión, dejando la selección sujeta al criterio discrecional del analista.
En el 37 % de los expedientes no constaba evidencia del inicio o la aprobación del período de prueba, un filtro indispensable para evaluar el rendimiento y la aptitud moral del oficial en servicio activo antes de otorgarle la propiedad de la plaza.
Además, el 27 % de los expedientes carecía de evidencia sobre el inicio o la aprobación del Curso de Gestión Policial impartido por la Academia Nacional de Policía. También se detectó la ausencia de formularios estandarizados para registrar los resultados de las investigaciones de preempleo y de la revisión de las redes sociales de los candidatos.
Los propios funcionarios involucrados en el proceso señalaron, durante mesas de trabajo, otras amenazas que no están siendo gestionadas, entre ellas la filtración del contenido de las pruebas por canales informales, la falsedad de los datos domiciliarios aportados por los oferentes, las limitaciones tecnológicas de la plataforma de reclutamiento en línea y la falta de capacitación del personal técnico.
Policías inhabilitados
El hallazgo más alarmante del informe se refiere al riesgo de nombrar a personas inhabilitadas para ocupar cargos públicos y policiales.
Entre marzo de 2022 y mayo de 2026, el MSP dio de baja a 187 personas: 144 quedaron inhabilitadas por un plazo de hasta cinco años tras acogerse al pago de cesantía por renuncia, mientras que otras 43 fueron inhabilitadas por hasta diez años debido a despidos con responsabilidad.
El 80% de estas personas (149 de los 187 casos) no figura inscrito en el Registro de Inelegibles de la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP), administrada por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
De forma más específica, el 95 % de los policías despedidos con causa justa (41 de 43) y el 75 % de quienes cesaron por renuncia (108 de 144) carecen de registro de inhabilitación en dicha plataforma.
Esta omisión ya produjo consecuencias concretas. La auditoría detectó que seis personas inhabilitadas por el MSP aparecen contratadas en otras instituciones públicas.
La DGSC argumentó que su sistema informático actual (SAGETH) carece de la flexibilidad necesaria para segmentar o registrar inhabilitaciones específicas, como las previstas en la Ley General de Policía, que impiden el reingreso a cuerpos policiales. Además, indicó que el sistema rechaza, por diseño, sanciones que no aplican a la totalidad de la función pública.
Aunque se contempla una solución tecnológica mediante el proyecto Hacienda Digital (módulo CR-TEZA), su implementación está prevista para inicios de 2028.
Finalmente, la Contraloría ordenó al ministro de Seguridad Pública, a la directora de Recursos Humanos del MSP y al director general del Servicio Civil actualizar y oficializar el procedimiento de reclutamiento, implementar una valoración integral de riesgos y publicar en la PIEP a las personas inhabilitadas conforme a la Ley General de Policía.
