Fallo de Sala IV evitó que 25 deportados por EE. UU. terminaran en centro de migrantes en Zona Sur
La condena al Estado emitida por la Sala Constitucional a mediados del año pasado evitó que los 25 migrantes deportados por Estados Unidos, que llegaron al país el fin de semana, terminaran nuevamente en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM), ubicado en Corredores, cerca de la frontera sur del país.
Los 25 extranjeros son alojados durante siete días en un hotel capitalino, donde tienen total libertad de movimiento y desde donde pueden desplazarse hacia cualquier parte de Costa Rica.
Esto, a diferencia de los 200 migrantes que arribaron en 2025, producto de un acuerdo del gobierno de Rodrigo Chaves con el de Donald Trump. En aquel episodio, tras analizar un recurso de hábeas corpus, los magistrados de la Sala IV determinaron que las autoridades costarricenses lesionaron los derechos de esos deportados.
Por ejemplo, no hubo información oportuna y suficiente sobre el estatus migratorio de las personas tuteladas ni sobre su acceso a asesoría legal; tampoco se permitió el libre contacto con los medios de comunicación ni se informó desde un inicio sobre la posibilidad de solicitar refugio.
Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería y viceministro de Gobernación, explicó a CR Hoy que lo ocurrido el año pasado fue una "lección aprendida" y que, por eso, cambiaron el modelo para atender a estos migrantes.
"Notamos que para que hubiera un verdadero respeto adecuado a las personas, el modelo que se le propuso a los Estados Unidos era que una organización participara para apoyarlos adecuadamente en todo su proceso.
No es un secreto que la Sala nos condenó en el tema de los documentos, el tema del CATEM y el tema de la traducción. Esta vez lo quisimos hacer al revés y debemos de garantizar mínimo mínimo esas tres cosas. Por eso es que se da el ajuste en la modalidad del abordaje para que no haya ninguna duda", explicó el jerarca.
Badilla indicó que los migrantes ingresaron con una condición de permanencia de 30 días como turistas, con opción de ampliar su estancia hasta un año bajo una categoría migratoria humanitaria, si optan por alternativas como solicitar refugio o permanecer en Costa Rica, en lugar de retornar a sus países de origen.
La opción ideal para las autoridades es que ellos se acojan es el retorno voluntario asistido, que se tramita por medio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). No obstante, durante ese mes también pueden optar por otras alternativas.
La Dirección de Migración trabaja con la OIM para obtener un primer reporte sobre cuáles ciudadanos extranjeros optarán por el retorno o bien por permanecer en territorio costarricense.
Todos ellos estaban en condición migratoria irregular en Estados Unidos. A raíz de esa situación, fueron deportados a Costa Rica para que el país funcione como una especie de puente que facilite su retorno a sus países de origen.
Ocho de ellos son guatemaltecos, cuatro hondureños y otros cuatro son de Camerún. Además, tres hombres provienen de la India, dos más de Marruecos y dos de China. A ellos se suman una mujer de Kenia y otra de Albania, todos con sus documentos de identidad en mano y con total libertad de movimiento.
Apoyo de OIM
La OIM afirma que se limita a brindar asistencia humanitaria temporal al grupo de extranjeros trasladados y que su intervención inicia una vez que estas personas han llegado a Costa Rica, por lo que no participó en la decisión de trasladarlas, en la logística del traslado ni en el marco legal que lo regula.
La organización no estuvo presente en el aeropuerto a la llegada, no operó el transporte y no tiene ningún papel en las decisiones sobre admisión, estatus legal o acogida a mediano y largo plazo.
Tras su llegada, y con el consentimiento expreso de cada persona, la OIM ofreció alojamiento temporal, alimentación, servicios básicos de salud, apoyo psicosocial, orientación y consejería durante los primeros siete días.
Además, el organismo de Naciones Unidas acotó que el alojamiento se brinda en un hotel y, por lo tanto, las personas no permanecen bajo custodia, dado que la OIM no participa en deportaciones, expulsiones ni ninguna otra acción migratoria de carácter forzoso.
"La asistencia es estrictamente humanitaria, limitada en el tiempo y condicionada a que las circunstancias operativas permitan a la OIM mantener sus estándares de protección de los derechos de las personas migrantes.
La OIM no restringe, bajo ninguna circunstancia, la libertad de movimiento de las personas a las que asiste, ni determina su situación migratoria. Las decisiones sobre estatus legal, seguridad y opciones a mediano y largo plazo corresponden a la autoridad soberana del gobierno costarricense", señaló Jorge Gallo, oficial regional de Comunicaciones de la OIM para Latinoamérica.
Durante este período, las personas enviadas desde Estados Unidos pueden recibir información sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM, pero solo si así lo desean, dado que es enteramente voluntario, iniciado por cada migrante y basado en su consentimiento.
La ubicación del lugar donde se hospedan fue resguardado por Migración.