Falta de inversión social deriva en aumento de la criminalidad y alta saturación de casos
El abandono social que sufre una parte importante de la población tiene efectos directos en el aumento de la criminalidad y, por ende, en la saturación del sistema de justicia, que no da abasto con la cantidad de casos que recibe.
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la falta de inversión social durante las últimas cuatro décadas provoca, en los años más recientes, que cientos de personas caigan en manos del crimen organizado y terminen en prisión.
"Al haberse dejado de invertir en lo social, por supuesto que gran parte de la población penitenciaria está conformada por hombres que, en su mayoría, no han concluido la educación secundaria y tienen entre 18 y 30 años.
Están en una edad productiva y permanecen en prisión. ¿Y por qué se llega en muchas ocasiones a esto? Porque dejamos de educar, dejamos de hacer la promoción social por la que se distinguió Costa Rica", detalló la magistrada.
Solano recalcó que la responsabilidad por la inseguridad que afronta el país no recae sobre el Poder Judicial, sino que es una de las funciones esenciales asignadas por la Constitución Política al Poder Ejecutivo.
Mientras que la función judicial es aplicar las leyes una vez que el hecho delictivo ya ocurrió y cuando las barreras de contención, que le corresponden al Ejecutivo, no funcionaron, según la magistrada.
Por eso, cuando se deja de invertir en comedores escolares, becas estudiantiles u oportunidades laborales de calidad, las repercusiones sobre la educación y las posibilidades de movilidad social generan una oleada de delincuencia difícil de controlar.
De hecho, según el más reciente Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el principal problema del país es la inseguridad ciudadana y la delincuencia.
Además, una amplia mayoría de la población desconfía de la capacidad del actual Gobierno para resolver estos problemas.
Alta litigiosidad
Otra de las dificultades que afronta el sistema de justicia es que Costa Rica registra un alto nivel de conflictos legales, lo cual se refleja incluso en los juzgados contravencionales y en el Ministerio Público.
"Se acude a los juzgados contravencionales o al Ministerio Público a veces casi porque alguien me arrugó la cara. Entonces venimos a que el diferendo se resuelva en los tribunales de justicia", explicó la magistrada.
Un ejemplo claro es que entre el año anterior y los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 42.528 nuevos expedientes contravencionales, cerca de un 5% de todos los asuntos que ingresan al Poder Judicial.
En el mismo periodo, en materia civil ingresaron más de 36.000 expedientes nuevos, mientras que en los juzgados y tribunales contencioso-administrativos se abrieron 16.000 casos.
Esta situación, sumada a la gran cantidad de procesos de cobro judicial —como los relacionados con tarjetas de crédito y otras obligaciones, que representan el 65% de los ingresos generales del Poder Judicial—, absorbe una enorme cantidad de recursos institucionales.
Informe lo advierte
El informe Estado de la Justicia 2025 advirtió que la creciente conflictividad social en Costa Rica, que incluye el aumento de la violencia social, el crimen organizado y el cibercrimen, impulsa un incremento preocupante en los asuntos judiciales.
La falta de opciones laborales y acceso a educación de calidad aumenta el riesgo de que las personas cometan o sean víctimas de delitos, lo que a su vez incrementa la actividad delictiva y la demanda sobre el sistema penal.
Esto se suma a disputas por accidentes de tránsito, pensiones alimentarias, violencia doméstica y cobros judiciales, lo que repercute en el volumen de casos que ingresan al Poder Judicial.
La baja utilización de mecanismos de resolución alternativa de conflictos y justicia restaurativa contribuye a que haya menos acuerdos previos al inicio de un proceso judicial, lo que lleva a más casos en el sistema penal.
El Programa Estado de la Nación también advirtió que se ha trasladado mayoritariamente la responsabilidad de reducir el crimen al Poder Judicial, haciendo parecer que es el único responsable de resolver el problema criminal.
Sin embargo, el sistema penal solo reacciona cuando ocurren hechos violentos, no antes, y la prevención corresponde principalmente al Poder Ejecutivo a través de políticas sociales y de seguridad.
La Asamblea Legislativa ha contribuido a la saturación al penalizar cada vez más conductas sociales no deseables con cárcel, endureciendo las penas existentes y excluyendo salidas alternas o conciliaciones para ciertos delitos.
Además, se aprueban leyes que imponen más responsabilidades al Poder Judicial sin brindar recursos adicionales.
