Falta de magistrados suplentes impide avance de causa penal contra Rodrigo Chaves
La causa penal por financiamiento irregular en la campaña del 2022, que enfrenta el ministro de Hacienda y de Presidencia Rodrigo Chaves, está frenada debido a la negativa del oficialismo de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, según confirmó la Secretaría de la Corte.
Como Chaves es miembro de un Supremo Poder, el expediente penal debe verlo el Tribunal de la Corte Plena, integrado por las 22 magistraturas. Sin embargo, actualmente solo pueden participar 21, ya que el magistrado de la Sala constitucional Paul Rueda se inhibió de conocer el caso tras solicitar apartarse del proceso por un posible conflicto de interés, debido a que la hija del magistrado fue denunciada por Chaves.
Ante esta situación, es necesario nombrar una magistratura suplente que sustituya a Rueda. No obstante, la fracción de Gobierno se niega a elegir entre la nómina seleccionada por la Corte y analizada por el Congreso anterior.
Hasta el momento se han realizado 11 rondas de votación sin que se logren los apoyos necesarios, debido al bloqueo del oficialismo, incluso, aprobaron una moción para solicitar a la Corte Suprema de Justicia una nueva nómina de candidaturas. Por lo que esta causa contra Chaves podría quedar pendiente por más de un año.
Antecedentes del caso
La causa investiga la participación del mandatario en delitos vinculados con financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022-2026.
De acuerdo con la investigación, iniciada ese mismo año, habrían operado dos estructuras paralelas para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero.
Desde diciembre, la Fiscalía General busca que la Corte Plena autorice trasladar el caso a la Asamblea Legislativa para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, condición que tenía por ejercer como presidente y que mantiene por ser ministro de Hacienda y de Presidencia. Este paso es necesario para que pueda avanzar un eventual proceso penal en su contra.
