Fiscalía investiga a funcionarios del Sinac y empresarios por permisos para tala en playa Panamá
La Fiscalía Ambiental investiga a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a varios empleados y empresarios por los permisos otorgados para un proyecto hotelero en el Golfo de Papagayo, en Guanacaste, que implican la tala de 748 árboles en playa Panamá, un terreno bajo protección del Estado.
Así lo confirmó, este viernes, el fiscal coordinador Luis Diego Hernández, quien indicó que la causa inició en marzo del 2025.
El pasado 17 de abril, el magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro ordenó frenar los permisos de tala en el polo turístico, así como la suspensión de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad.
La decisión se tomó como medida cautelar luego de que se presentara una acción de inconstitucionalidad contra un decreto del Poder Ejecutivo que avaló la deforestación, mediante un concepto de "compensación de densidad" entre fincas colindantes.
El pasado 9 de abril, el SINAC otorgó una autorización de tala en el Área de Conservación Tempisque a la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A., con base en una viabilidad ambiental de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental.
La compañía ha asegurado que "todo lo actuado por la empresa ha sido realizado conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes, y así continuará siendo, acatando rigurosamente la normativa ambiental, forestal y administrativa vigente en Costa Rica".
Además, alegaron ante la Sala IV que el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) ha canalizado más de $2.200 millones en inversión ejecutada y mantiene cerca de $2.900 millones en desarrollo, para un total que supera los $5.100 millones.
Desarrollo versus protección
El fiscal ambiental Luis Diego Hernández, quien no se refirió en específico al caso de playa Panamá, sino en términos generales sobre otros expedientes finalizados, cuestionó el discurso que plantea que la protección del ambiente es un aspecto opuesto al desarrollo económico, al señalar que se trata de una visión reduccionista "como si fuera blanco o negro".
Según explicó, ese enfoque termina debilitando el control y la protección ambiental, así como la eficacia de la legislación vigente en esta materia.
Hernández advirtió que algunos grupos han comenzado a apropiarse de ese mismo argumento para justificar sus actuaciones, alegando que se les impide el desarrollo económico o que incluso se les están violentando derechos.
"Utilizan el discurso de que se está frenando la economía o que la Fiscalía está vulnerando derechos, cuando no es así", sostuvo.
Sobre el tema de Papagayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, defendió la tala de los 748 árboles ante la inversión turística en la zona. El mandatario arremetió contra el diputado electo del Frente Amplio, Edgardo Araya, a quien calificó de extremista por denunciar la tala y oponerse a la medida. Incluso, lo tildó de "estúpido".
Asimismo, criticó al magistrado Cruz por detener la tala en Papagayo y envió un mensaje tanto al diputado electo como al magistrado, al señalar que en la zona existe, según sus cifras, un proyecto de inversión millonario.
"Y estos fanáticos por 750 árboles. Esos 750 árboles pudimos haber sembrado 5.000, sobra plata para eso. Pero no, dañemos la inversión turística por incertidumbre legal", manifestó Chaves.
El fiscal indicó que la investigación sobre los permisos para la tala en playa Panamá apenas está iniciando. No obstante, desde mayo de 2025 la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta la causa 25-000008-1791-PE por un cambio de uso de suelo en el mismo proyecto turístico.