Una semana después, Garantes éticos del Gobierno se pronuncian sobre caso de Welmer Ramos
(CRHoy.com).-El grupo de garantes éticos del gobierno Alvarado Quesada está dividido en cuanto a la denuncia penal que presentó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el diputado y exministro Welmer Ramos. Dos solicitaron su salida de la Asamblea y otra que se realice el debido proceso en este caso ante el Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La reacción de los garantes éticos se da una semana después de la PEP presentó una denuncia penal contra Ramos por el caso del cementazo.
CRHoy.com dio a conocer, el 21 de agosto pasado, el informe de la Procuraduría, número AEP-INF-020-contra Ramos González donde no solo señala posibles faltas al deber de probidad sino también tráfico de influencias en el caso conocido como cementazo.
Además, relata las actuaciones que Ramos -según el abogado del Estado- habría realizado en favor del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas.
En un comunicado de prensa, el exmagistrado José Manuel Arroyo y el escritor Quince Duncan, indicaron que "si bien no es competencia de la Procuraduría emitir juicios concluyentes y mucho menos condenatorios, este voto de mayoría, estima que lo pertinente, en vista del compromiso que en su oportunidad adquirió el diputado Ramos González, es que se aparte del cargo público para el que fue electo, y despliegue todos sus argumentos y defensas en pro de su inocencia y probidad, tal y como el ordenamiento jurídico se lo garantiza".
Arroyo y Duncan indicaron en su pronunciamiento que la Procuraduría encontró indicios contra la probidad como:
- Una tramitación inexplicablemente acelerada, coincidencia entre la modificación reglamentaria del caso y reuniones de un interesado particular en el Ministerio de la Presidencia y la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial
- Requerimientos a funcionarios técnicos para modificaciones también en orden al interés de ese particular
- Coincidencia entre esa tramitología y la aprobación de los créditos bancarios involucrados y, en fin, un aparente irrespeto a la legislación penal que es el fundamento para el traslado a investigación al Ministerio Público.
La solicitud de los garantes de la ética del gobierno, aunque se da una semana después, es coincidente con la del mismo presidente Carlos Alvarado y de la fracción legislativa del PAC, los cuales pidieron a Ramos dejar la Asamblea.
Sin embargo, la otra integrante del grupo de garantes Margarita Bolaños, quien fuera presidenta del Partido Acción, Margarita Bolaños, se apartó del pronunciamiento de mayoría e indicó que la decisión de que si Ramos González debe mantenerse en la curul o renunciar, la debe tomar el Comité Ejecutivo Nacional del PAC ya que el acuerdo que firmó se hizo ante ellos y "por lo tanto, es a ese órgano al que le compete seguir el debido proceso, según lo establece el Estatuto".
La posición del diputado es que no ha cometido ningún delito y que ante esta situación no dejará su curul.