Gobierno avala reducción de penas por robo de combustible
Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, y Laura Fernández, presidenta de la República. Foto: Casa Presidencial
La presidenta de la República, Laura Fernández, respaldó este miércoles la reducción de las penas de prisión por robo de combustible aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, tras las objeciones planteadas por el diputado oficialista José Miguel Villalobos al texto impulsado originalmente por el Gobierno.
La posición de la mandataria fue expresada durante su programa televisivo semanal desde Casa Presidencial.
"La comisión debe tener todas las deliberaciones, comprender todos los argumentos, deliberar y buscar puntos medios. Eso es lo que ha hecho la Comisión de Asuntos Jurídicos con todos los proyectos", afirmó Fernández.
La jerarca sostuvo que las iniciativas suelen llegar al Congreso con planteamientos más amplios y que posteriormente son ajustadas durante el trámite legislativo.
"Los proyectos se llevan con estimaciones altas y después se aterrizan", agregó.
En contra de penas más severas
Las declaraciones surgen luego de que Villalobos se apartara de la posición defendida por el Gobierno durante la discusión del proyecto para combatir el robo de combustible. El legislador rechazó tanto el aumento de las penas de prisión como la creación de una policía auxiliar adscrita a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
El martes anterior, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó varias mociones presentadas por el diputado oficialista, tras desechar un texto sustitutivo promovido por su compañera de bancada, Marta Esquivel.
Posteriormente, el foro legislativo dictaminó la iniciativa con las modificaciones impulsadas por Villalobos, que reducen las penas y limitan el alcance de la policía especial.
Rebaja de penas
Uno de los principales cambios se introdujo en el artículo 6 del proyecto, que ahora establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes sustraigan combustible propiedad de Recope.
La versión anterior contemplaba castigos de entre cinco y quince años de cárcel. Además, los casos que involucraran la perforación, manipulación o instalación de tomas ilegales eran sancionados con penas de entre ocho y quince años.
También se redujeron las sanciones por transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y posesión ilícita de combustible.
Con las mociones aprobadas, esas conductas serán castigadas con penas de entre tres y cinco años de prisión. El texto sustitutivo anterior establecía un rango de entre tres y ocho años.
Tras su dictamen en comisión, el proyecto quedó listo para iniciar su discusión en el Plenario Legislativo.
