Gobierno de Chaves incumplió meta de reducir asesinatos y registró incrementos históricos
El gobierno de Rodrigo Chaves cerró con 3.367 homicidios, pese a que proyectó reducir las cifras y no sobrepasar los 2.200 casos al concluir el mandato.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 planteaba no sobrepasar los 582 homicidios en 2022. Sin embargo, ese año terminó con 661 asesinatos, de los cuales 448 ocurrieron después de la llegada de Chaves a Casa Presidencial.
La meta era reducir paulatinamente los homicidios hasta no superar los 520 casos al cierre de 2026, aunque las cifras terminaron siendo distintas.
El 2022 fue el año más violento hasta ese momento, al superar los 597 homicidios registrados en 2017, que hasta entonces permanecía como el periodo más sangriento. Lo que siguió no fue una disminución, como planteó el exmandatario, sino todo lo contrario.
Todos los años en que Chaves dirigió el país figuran entre los cuatro más violentos de la historia reciente. En 2023, la situación se agravó aún más y acumuló 905 víctimas mortales, cifra que todavía se mantiene como récord histórico de violencia homicida.
Para 2024, una agresiva estrategia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y otros cuerpos policiales y judiciales contra las bandas criminales permitió contener el crecimiento explosivo de homicidios, aunque los números se mantuvieron alarmantemente altos.
Ese año fueron asesinados 876 costarricenses y extranjeros. La estadística se mantuvo prácticamente igual en 2025, que cerró con 870 casos. Hasta este 7 de mayo, las estadísticas oficiales del OIJ contabilizaban 248 homicidios, pendientes aún las últimas 24 horas.
De las víctimas, 152 son menores de edad y 270 fueron mujeres. La tasa de homicidios también se disparó hasta alcanzar cifras cercanas a 17 por cada 100 mil habitantes, con regiones específicas, como Limón, que presentan estadísticas similares a las de países en conflictos bélicos.
Laura Fernández Delgado asumió el mando con la inseguridad como principal problema del país y preocupación de la ciudadanía, con el precedente de la mayor oleada de asesinatos en la historia del país desde que existen registros.
Sin asumir responsabilidad
Pese a estos números y a que su propio plan pretendía reducir los homicidios dolosos, el exmandatario Chaves no asumió responsabilidad por la situación de inseguridad del país hasta el final de su mandato.
De hecho, durante su último informe de labores presentado ante la Asamblea Legislativa el lunes pasado, no hizo mención alguna a las víctimas de homicidio y, por el contrario, señaló al Poder Judicial.
Esa fue la tónica a lo largo de su gobierno. En diciembre de 2022, tras ser cuestionado por la prensa y con ocho meses ya en el poder, el expresidente argumentó que los meses anteriores habían sido de diagnóstico y de "ordenar la casa", y que los verdaderos frutos de su estrategia de seguridad se verían a partir del año siguiente.
Chaves incluso aseguró que los números por los cuales debía asumir responsabilidad comenzarían a contabilizarse en 2023, año que terminó siendo el más violento en la historia costarricense.
Otro episodio en el que evadió responsabilidades ocurrió en agosto de 2023, cuando, durante una gira en la provincia de Limón —la de mayor incidencia homicida en ese momento— aseguró que los ciudadanos que no estaban "en malos pasos" no debían temer y que los criminales únicamente "se matan entre ellos".
Sin embargo, cerca de 260 víctimas colaterales han muerto en los últimos cuatro años. Incluso en intervenciones internacionales más recientes, como una entrevista con un medio estadounidense, llegó a calificar la percepción de inseguridad como una serie de "malentendidos". Además, el Gobierno llegó a decir que Costa Rica "es más seguro".
En su lugar, Rodrigo Chaves responsabilizó a los creadores y modificadores de leyes, así como a la administración de justicia, de la ola de violencia nacional. De forma constante culpó a la Asamblea Legislativa por no aprobar proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, pese a los serios cuestionamientos técnicos que recibieron esas iniciativas.
También lideró una cruzada de cuestionamientos y ataques contra el OIJ, la Fiscalía, la Sala Tercera, la Corte Suprema de Justicia y el resto del Poder Judicial, al punto de cuestionar las investigaciones penales en su contra y alentar asedios y marchas contra jerarcas judiciales, mientras rechazaba cualquier responsabilidad de su administración.
Paso de estafeta
El más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicado esta semana, señala que Laura Fernández asume la Presidencia con la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país, según la percepción ciudadana.
El tema es señalado por el 49,5% de la población como la principal prioridad nacional, cifra que aumentó respecto a mediciones anteriores. Además, la mitad de las personas consultadas afirmó no tener confianza en que la nueva administración pueda resolver el problema.
Durante su discurso inicial, Fernández destacó la inauguración del nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) como una de las soluciones planteadas y responsabilizó a los jueces por las decisiones que toman.
En la misma línea, aseguró que no es aceptable que el país pase "la vergüenza" de que las instituciones públicas sean penetradas por la delincuencia.
En su plan de gobierno, la nueva presidenta propuso reformas al Poder Judicial, cambios penitenciarios y la implementación de más tecnología para enfrentar el avance del crimen organizado, fenómeno que deriva en mayores índices de violencia y homicidios.