La herencia de Chaves a Laura Fernández: Los 5 retos urgentes del nuevo gobierno
La presidenta electa Laura Fernández asumirá el gobierno con crisis acumuladas en seguridad, salud, economía, educación e infraestructura —áreas donde los problemas no solo persistieron durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, sino que en varios casos se agravaron.
Estos son los cinco retos que marcarán el arranque del nuevo gobierno:
Seguridad: violencia que no cede
El principal desafío será contener una ola de violencia que alcanzó niveles históricos.
Costa Rica registró 907 homicidios en 2023, la cifra más alta de su historia. Aunque en 2024 y 2025 hubo leves descensos —876 y 873 casos, respectivamente—, los números siguen muy por encima del promedio de la última década.
El trasfondo es aún más complejo: Las estructuras del narcotráfico han ampliado su influencia, mientras la disputa entre bandas por rutas y mercados locales se mantiene como el principal detonante de los asesinatos.
El país pasó de tener estructuras aisladas a un esquema con múltiples bandas locales que se disputan territorios y que son influenciadas por organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que utilizan Costa Rica como plataforma logística.
Fernández deberá, entonces, enfrentar no solo la violencia, sino también la consolidación del crimen organizado.
La experta en seguridad Tania Molina cuestionó la idea de recurrir a estados de excepción como respuesta a la crisis de violencia, una propuesta que Laura Fernández defendió durante la campaña. Esta figura permite restringir temporalmente garantías constitucionales y ampliar facultades policiales en zonas específicas.
A criterio de Molina, la prioridad debe estar en recuperar el control territorial en los 20 distritos que concentran el 45% de los homicidios, pero mediante una intervención sostenida del Estado y no solo con operativos policiales. Señaló que esas comunidades comparten patrones similares: pobreza, asentamientos informales, rezago educativo y gran cantidad de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral, condiciones que facilitan el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Molina también alertó sobre los altos niveles de impunidad. Según indicó, apenas entre un 13% y un 14% de los homicidios recientes terminan con sentencia condenatoria, lo que deja a sicarios y estructuras criminales operando en las mismas comunidades.
Además, advirtió sobre el uso político de cuerpos policiales y de inteligencia, criticó el "populismo punitivo" inspirado en modelos como el de Nayib Bukele y señaló la necesidad de intervenir con urgencia el sistema penitenciario, que —según dijo— funciona como centro de operaciones del crimen organizado.
Salud: deuda récord y sistema bajo presión
En salud, el problema es financiero y operativo. El Estado mantiene una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que supera los ¢4,4 billones, luego de que el actual Gobierno se negara a honrar los pagos a la institución y cuestionara incluso parte de los montos adeudados.
La tensión entre el Gobierno y la CCSS se mantuvo hasta el cierre de la administración. El pasado 16 de abril, la Junta Directiva de la institución ordenó continuar las gestiones de negociación y recuperación de la deuda estatal, además de exigir el pago completo y oportuno de las obligaciones anuales. El último paso será cobrar la deuda en Tribunales por la vía judicial. El gerente médico de la CCSS Gustavo Picado está seguro de que ganarían el proceso, pero duda de que Hacienda honre la deuda.
El resultado es un sistema tensionado, con más demanda, menos margen financiero y miles de pacientes en espera.
Laura Fernández conoce de primera mano el conflicto financiero entre el Estado y la CCSS. La presidenta electa formó parte de la actual administración como ministra de Planificación y de la Presidencia. Pese a ello, el tema de la deuda estatal con la Caja no figura entre los ejes centrales de su plan de gobierno.
A esto se suma el rezago en infraestructura hospitalaria. Proyectos como los hospitales de Cartago y Limón siguen sin concretarse, pese a años de anuncios.
El nuevo hospital de Cartago se convirtió en uno de los proyectos más entrabados del sector salud durante la administración Chaves. El Gobierno cuestionó el terreno seleccionado en El Guarco, alegó dudas técnicas y financieras y frenó, en distintos momentos, el avance de la obra. Incluso, el presidente Rodrigo Chaves Robles confrontó públicamente a jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social por la adjudicación del proyecto.
Las trabas provocaron atrasos en una obra considerada urgente para una provincia cuyo hospital actual enfrenta problemas de saturación e infraestructura. Fernández recibe el proyecto adjudicado a la empresa Van Der Laat y Jiménez.
La reducción de las listas de espera fue una de las principales promesas del gobierno de Rodrigo Chaves en materia de salud. Sin embargo, los números terminaron mostrando el escenario contrario: desde 2022, las listas de cirugía, consulta externa y procedimientos diagnósticos crecieron de forma sostenida.
La entonces presidenta ejecutiva de la CCSS actual diputada oficialista, Marta Esquivel, lanzó el 7 de noviembre de 2023, en un evento en el Estadio Nacional, la llamada "Ruta de la Salud", una estrategia que prometía reducir los tiempos de espera.
No obstante, la iniciativa tampoco logró los resultados prometidos. Informes de auditoría y datos internos de la propia Caja señalaron incumplimientos, metas atrasadas y un aumento de pacientes en espera incluso después del lanzamiento del plan.
Actualmente, las listas de espera superan el millón de personas entre cirugías, consultas con especialistas y procedimientos diagnósticos. Solo la lista quirúrgica ronda las 185 mil personas y los pacientes aguardan más de 400 días por una operación o más de 500 días por atención especializada.
Desde el sector médico, las señales no son alentadoras. El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, advirtió que lo que se perfila es una continuidad de la misma gestión que, según él, ha agravado la crisis del sistema.
"Si se sigue haciendo lo mismo, no se pueden esperar resultados distintos", advirtió.
Economía: menos plata y más amarrado el gasto
En el frente económico, la nueva administración arranca cuesta arriba: hay menos ingresos y menos margen para gastar. En 2025, la recaudación cayó —especialmente en renta e IVA—, lo que implica una reducción significativa de recursos para el Estado.
Y justo en ese contexto, el país vuelve al escenario más restrictivo de la regla fiscal, luego de que la deuda superara el 60% del Producto Interno Bruto (PIB). En la práctica, esto significa un mayor control del gasto y menos espacio para invertir o ampliar programas.
El economista de la Universidad Nacional Fernando Rodríguez advierte que sectores como seguridad, educación, infraestructura y ayudas sociales necesitan más recursos, pero el margen es cada vez menor.
Desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, José Francisco Pacheco coincide en que el próximo gobierno tendrá que escoger entre priorizar áreas, recortar más o intentar aumentar la recaudación, una medida que no da resultados inmediatos.
A esto se suma el tipo de cambio. El dólar se mantiene en niveles cercanos a los ₡450–₡460, muy por debajo de años anteriores. Esto ha generado presión en sectores como el exportador y el turismo, que reciben menos colones por cada dólar, encareciendo sus costos y reduciendo su competitividad.
Aunque para los consumidores puede significar importaciones más baratas, para la producción nacional implica un golpe que ya empieza a sentirse.
El escenario se traduce en decisiones incómodas: salarios públicos congelados, menor capacidad de endeudamiento y presión sobre programas sociales.
Educación: rezago y falta de rumbo
El sistema educativo llega debilitado. El informe del Estado de la Educación 2025 advierte que la mayoría de los estudiantes no alcanza los niveles esperados en áreas clave como matemáticas y lectura, reflejo de un rezago que se arrastra desde la pandemia de la COVID-19.
A esto se suman problemas estructurales. Cientos de centros educativos enfrentan órdenes sanitarias, evidencia de un deterioro en la infraestructura que impacta directamente en las condiciones de aprendizaje.
El panorama se agrava por la ausencia de una ruta educativa clara en los últimos años, lo que deja a la nueva administración sin un plan definido para revertir la crisis.
Para el exministro de Educación Pública Leonardo Garnier (2006-2010/2010-2014), la nueva administración enfrenta dos retos centrales: reducir la desigualdad educativa y recuperar los aprendizajes.
Garnier aseguró que entre 2000 y 2018 se lograron cerrar brechas —especialmente entre zonas urbanas y rurales— gracias a inversión y programas como Avancemos, transporte y comedores, pero alertó que los recortes recientes podrían revertir esos avances. "Sin inversión, no se puede cerrar la desigualdad", señaló.
Sobre los aprendizajes, indicó que la huelga de 2018, la pandemia, debilidades en la formación docente y la falta de recursos provocaron rezagos en materias clave como español, matemática y ciencias. A su criterio, el problema no es el currículo, sino la formación y evaluación de docentes, para lo cual planteó aplicar exámenes de idoneidad y fortalecer la capacitación continua.
También cuestionó la falta de una ruta educativa en los últimos años y advirtió que el principal desafío será revertir el "apagón educativo" en medio de restricciones presupuestarias.
Infraestructura: proyectos entrabados
En infraestructura, el reto será destrabar obras que llevan años sin avanzar.
Proyectos como Barranca-Limonal, la ampliación de la ruta 32, la carretera a Cartago y el tren eléctrico son promesas pendientes.
Fernández recibe la ampliación de la ruta 32 con atrasos y cuestionamientos. La obra acumula más de cinco años de retraso y millonarios sobrecostos, que ya superan en más de un 40% el presupuesto original.
A esto se suman críticas por problemas de seguridad vial. El gobierno desperdició tiempo y dinero al cambiar el diseño de la obra que tenía pasos a desnivel por rotondas, causando serios problemas de seguridad para los usuarios. En agosto del año pasado, Rodrigo Chaves reconoció que las rotondas fueron un error, por lo que el MOPT volvió a licitar los pasos a desnivel con los diseños originales que antes fueron descartados.
Aunque buena parte de la carretera ya está habilitada, el MOPT reconoce que todavía quedan pendientes pasos a desnivel, marginales, soluciones peatonales y mejoras de seguridad vial, trabajos que se extenderían hasta 2026 y 2027.
Las obras inconclusas no solo representan atrasos viales: también significan años de presas, costos económicos y pérdida de competitividad para el país.
El tren eléctrico es otro ejemplo claro. El Gobierno de Chaves inició cuestionando el proyecto que dejó avanzado la administración de Carlos Alvarado y cerró dejándole a Laura Fernández una propuesta que no logró pasar de etapas preliminares. El crédito por $800 millones para financiar la obra quedó sin aprobarse en segundo debate legislativo por la ausencia de los exdiputados oficialistas.
La ruta a San Carlos es otra obra que Laura Fernández recibe atrasada. El tramo central, entre Sifón y La Abundancia, sigue sin arrancar, mientras la punta sur avanza entre expropiaciones y trabajos preliminares. Además, el proyecto enfrenta cuestionamientos por observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al cartel de licitación.
La ampliación de la carretera a Cartago también queda pendiente. Aunque el Gobierno la presentó como prioritaria, la obra aún espera la publicación del cartel de licitación, mientras persisten las presas en la ruta Florencio del Castillo.
En el caso de la ruta 27, las negociaciones del Gobierno con la concesionaria Globalvía para ampliar la carretera no prosperaron. Posteriormente, el Ejecutivo planteó una propuesta más limitada para intervenir únicamente puntos críticos, pero el proyecto sigue sin arrancar.
En medio de este panorama, Randall Murillo, de la Cámara Costarricense de la Construcción, pidió a los nuevos diputados y al gobierno impulsar el diálogo y destrabar estos proyectos, priorizando iniciativas que fomenten empleo, competitividad y desarrollo sostenible.
Ante este panorama, Fernández no recibe una agenda en blanco, sino un país con crisis acumuladas, poco margen de maniobra y problemas que llevan años sin resolverse. El desafío será demostrar, desde el arranque, capacidad para enfrentar temas que no solo siguen abiertos, sino que, en varios casos, empeoraron.