(CRHoy.com) -Con intenciones desconocidas, el Gobierno ha convertido en una costumbre el enviar proyectos de ley incompletos, sin rigor técnico y a la carrera a la Asamblea Legislativa, y luego culpar a los diputados por el atraso o fracaso de los mismos.

Así lo reconocen el analista político Daniel Calvo y los diputados Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y el independiente Erick Rodríguez.

Las motivaciones de esta práctica despiertan muchas dudas en el Congreso y claramente reflejan torpeza, inexperiencia y falta de capacidad, sostienen los legisladores.

Ejemplos abundan. Algunos de ellos son los siguientes:

• Proyecto para crear el seguro de depósitos en la banca pública y privada. El Poder Ejecutivo envió un texto contrario a los lineamientos recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tras un "estira y encoge" con el Gobierno, que incluso puso en riesgo la adhesión de Costa Rica a ese foro mundial, la oposición terminó presentando otro texto con las correcciones necesarias para que fuera aceptado por la OCDE y aprobado por el Plenario Legislativo.
• Proyecto de ley "Pagar". El Gobierno envió la iniciativa con el propósito de recoger superávits de varias instituciones públicas, a pesar de que muchos de esos recursos estaban comprometidos o no existían, según confirmó la Contraloría General de la República (CGR). Tampoco pidió la opinión a los jerarcas de algunas entidades -como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)- quienes terminaron descalificando la propuesta. La iniciativa fue reformulada con un alcance más limitado por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso y ya fue enviada al Plenario para su discusión y votación final.
• Reforma al empleo público. El Gobierno ha enviado 4 versiones a la Asamblea Legislativa. Las tres primeras fueron descartadas por los legisladores que forman parte de la Comisión de Gobierno y Administración. La última contiene graves debilidades y carencias, cuenta con el criterio negativo de más de 30 entidades y los congresistas están replanteándola.
• Proyecto para suspender el pago de anualidades a los empleados públicos durante dos años por la pandemia. Carece de suficiente sustento técnico y su exposición de motivos se asemeja a una "chambonada". La segunda versión -que se discute en el Plenario- fue presentada por el Ejecutivo después de que fracasó la primera por falta de las más elemental estrategia para su aplicación en el plazo adecuado.
• Iniciativa para el retiro adelantado del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). El Plenario la aprobó después de que los diputados replantearon el texto en mesas de trabajo.
• Segundo presupuesto extraordinario de la República. La primera versión del proyecto de ley fue rechazada por la Comisión de Asuntos Hacendarios y el Plenario por la falta de un compromiso real para reducir el gasto público y otras debilidades en la propuesta relacionadas con el programa de bonos "Proteger".
• Empréstito de $265 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proteger los empleos e ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por el COVID-19. Las contradicciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, Elian Villegas y Geannina Dinarte, no les han permitido a los diputados de Hacendarios aclarar serias dudas que tienen sobre el destino de $159 millones del crédito.

"Ocurrencias y sospechas"

El analista Calvo, quien es consultor en estrategia y comunicación, reconoció que enviar proyectos de ley mal hechos a la Asamblea Legislativa ya no es la excepción.

Aunque aclaró que desconoce las motivaciones de esa práctica, sí sostuvo que han sido reiterados los casos en los que los textos que llegan son "ocurrencias" y "chambonadas", lo cual despierta sospechas.

"Me encantaría tener la explicación. Yo no entiendo quién asesora de verdad a estas personas en temas legislativos (…) ¿Cuál es el objetivo? Lo desconozco, pero son proyectos, sin duda, mal planteados (…) Me parece que es 'como hoy se me ocurrió hacer esto y mandémoslo'. Eso es una chambonada y cuando es repetitivo uno empieza a sospechar", afirmó.

Sostuvo que esas sospechas podrían crecer si se toma en cuenta que algunas de esas iniciativas que llegan al Congreso son de alto costo político, como el caso del proyecto para suspender el pago de anualidades a los empleados públicos en los periodos 2020-2021 y 2021-2022 y la reforma al empleo público.

"Que sean los diputados quienes asuman el costo político. Y si es así, sin duda, es una barbaridad (…) Cuando uno observa que lo vienen haciendo repetidamente, a uno le da la impresión que es un modus operandi", manifestó.

Añadió que después de que las iniciativas de ley del Gobierno se entraban en el Congreso, precisamente porque llegan mal planteadas, el Ejecutivo comienza a presionar y a señalar a los legisladores cuando faltan pocos días para que venzan los plazos. Ejemplos de ello son algunos empréstitos internacionales, como el crédito rápido de $504 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente aprobado.

"La evidencia es abundante"

La legisladora Hernández sostuvo que existe evidencia abundante en la Asamblea Legislativa de esa práctica del Gobierno.

Mencionó que, por ejemplo, cuando el Gobierno anunció la primera versión del proyecto de ley para suspender el pago de anualidades a los funcionarios públicos faltaban 15 días para comenzar a aplicarlo, en junio de este año.

"Cuando faltaban 15 días para eso, el Gobierno envió un proyecto de ley que estaba a todas luces mal justificado y planteado, pero con temas serios", recordó.

En su criterio, un caso como ese reflejó una de dos explicaciones: el Gobierno no vio temas de fondo y los plazos, que cuesta mucho creerlo, o lo envió partiendo del supuesto de que el Congreso lo sometería a consultas y modificaciones.

"No puede ser que envíen cosas así con plazos tan reducidos y después regañar o culpar a los diputados y las diputadas porque las cosas no se aprueban en los plazos necesarios (…) Los proyectos llegan mal, quieren que se dispensen de trámites y que los aprueben en plazos muy reducidos", dijo.

Comentó que "es muy extraña" esa práctica. "Hay problemas de fondo en la presentación de proyectos propios del Ejecutivo, presentados con la intención de una discusión rápida o urgente y la preocupación que manifiestan no se asemeja a la calidad de las propuestas que presentan", resumió.

Su compañera de bancada Ana Lucía Delgado dijo que todos los proyectos presentados por el Gobierno llegan con importantes omisiones, incompletos, contradictorios, con falta de información y con poco criterio técnico.

"Estoy convencida que esta actitud del Gobierno suma a la falta de transparencia y al no querer asumir posiciones en temas importantes, pareciera que es una estrategia que busca hacer creer que la Asamblea Legislativa no tiene la voluntad para la aprobación de las leyes", expresó.

Explicó que el Gobierno presenta proyectos para ser tramitados de manera urgente, pero con graves defectos y esta práctica obliga a los legisladores a hacer ajustes de fondo importantes por razones técnicas y jurídicas, con el fin de que tengan viabilidad.

"Esto produce una pérdida de tiempo valioso, ya que los diputados y diputadas debemos realizar las correcciones y modificaciones por la vía de mociones y textos sustitutivos, para darle fundamento técnico y jurídico a las iniciativas de ley", añadió.

"A la carrera"

El diputado Abarca aseguró que desde antes de la pandemia el Ejecutivo envía al Congreso proyectos de ley hechos a la carrera. Sin embargo, manifestó que esa práctica se agravó después de la llegada del COVID-19.

"Creo que para lucirse en las conferencias de prensa meridianas corren y presentan proyectos. Recuerdo las desaveniencias que tuvo Rodrigo Chaves (exministro de Hacienda) presentando proyectos de ley en abril y luego el Presidente lo desautorizó", opinó.

También citó los proyectos de ley para suspender el pago de anualidades a los funcionarios públicos y la reforma al empleo público.

"La Asamblea Legislativa se ha echado la carga al hombro. Eso no es ningún problema, pero es muy importante que quede claro", señaló.

El congresista José María Villalta, del FA, apuntó que uno de los mejores ejemplos es la iniciativa de ley para suspender el pago de anualidades a los empleados públicos.

"Es un hecho que el Gobierno ha estado enviando a la Asamblea proyectos mal hechos, improvisaciones, proyectos redactados de forma chambona, de forma torpe y apresurada, sin un plan integral. Eso es indiscutible. No podría decir cuál es la motivación. No sé si es para culpar a los diputados o falta de capacidad. Veo una total falta de estrategia", declaró.

En el caso de la iniciativa para eliminar dos anualidades, sostuvo que, independientemente del fondo, el texto llegó con "serias deficiencias".

"Llegó prácticamente sin exposición de motivos. Vienen unos párrafos en los que se habla de la afectación general de la pandemia y luego se propone lo de las anualidades. No hay una justificación, un análisis técnico de la viabilidad jurídica del proyecto, el costo-beneficio, el impacto en los salarios. Parece que pusieron a algún asesor ahí a redactar, algún practicante, y lo mandan como una ocurrencia, sin una justificación, no es parte de un plan integral que incluya combate a la evasión, reducción del gasto y medidas de ingresos", amplió.

El independiente Erick Rodríguez dijo que el Gobierno, de forma adrede o por incompetencia, presenta proyectos de ley que "no tienen ni pies ni cabeza".

"Con eso, la Asamblea Legislativa es la que tiene que meterse a arreglar ese tipo de proyectos. A veces, piden urgencia y  cualquier cambio que se haga al respecto van a responsabilizar a la Asamblea Legislativa por el retraso de los proyectos, y no asumen la responsabilidad de que son proyectos mal hechos", aseguró.

Atribuyó esa práctica a la ausencia de un rumbo claro de la administración de Carlos Alvarado.

"Le sirve que las cosas sean confusas porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos tratan de evadir su responsabilidad y endilgarle esa responsabilidad al Primer Poder de la República", agregó.