Informe confidencial: Fabricio Alvarado forcejeó con Marulin Azofeifa para intentar desvestirla
Un informe legislativo concluyó que el diputado Fabricio Alvarado incurrió en un patrón reiterado de conductas no consentidas, incluyendo forcejeos para intentar desvestir a la exdiputada Marulin Azofeifa.
El documento, firmado por la congresista Johana Obando, sostiene que los hechos no fueron aislados, sino que se desarrollaron de forma continua, en un contexto de cercanía laboral y asimetría de poder.
Esta es una de las conclusiones del informe afirmativo de minoría de la Comisión Especial que investigó a Alvarado por presunto hostigamiento sexual hacia Azofeifa.
Forcejeos, intentos de desvestirla y tocamientos
Entre los hechos valorados, el informe detalla que, durante encuentros a puerta cerrada en despachos legislativos, el representante de Nueva República presuntamente realizaba tocamientos no consentidos y buscaba forzar besos.
Describe que la víctima "forcejeaba para defenderse" mientras el denunciado intentaba despojarla de sus prendas con el fin de tocarla.
Según la reconstrucción de los hechos, estas situaciones ocurrían tras reuniones laborales o políticas. El documento indica que el diputado se acercaba físicamente, la abrazaba sin consentimiento, tocaba partes íntimas y sostenía su rostro para intentar besarla en la boca, pese a la resistencia de la mujer.
El informe concluye que estas conductas persistieron aún cuando la víctima manifestó su rechazo.
Testimonios refuerzan versión de la denunciante
El documento recoge declaraciones de testigos que apuntan a la existencia de este patrón.
Uno de ellos, el exasesor Guido Campos, afirmó que las situaciones ocurrían al menos dos veces al mes. Agregó que observó a Azofeifa salir del despacho visiblemente afectada. Incluso, relató un episodio en el que la vio con la blusa desabotonada tras un encuentro con el legislador.
Campos indicó que la propia Azofeifa le relataba que era llamada al despacho, donde el diputado cerraba la puerta.
Por su parte, la psicóloga Alejandra Cruz, señaló que, durante el proceso terapéutico, la denunciante describió conductas sexuales no consentidas reiteradas, compatibles con un cuadro de estrés postraumático.
Asimismo, la madre de la Azofeifa, Bernarda Trejos, declaró que su hija le confesó que el diputado "la forzaba para besarla y tocar sus partes íntimas".
Patrón sistemático y abuso de poder
El informe establece que las conductas se repitieron durante el periodo en que Azofeifa estuvo en el Congreso (2018-2022) y continuaron posteriormente cuando se desempeñó como asesora legislativa.
Además, subraya que el denunciado mantenía una posición de poder político y laboral sobre la denunciante, lo que configuró una relación de subordinación. Incluso, señala que evaluaciones de desempeño de la funcionaria fueron firmadas por el propio Alvarado, evidenciando influencia directa sobre su entorno laboral.
Esta condición, según el informe, incrementó la vulnerabilidad de la afectada y facilitó la reiteración de los hechos.
Conductas ocurrían en espacios privados
El informe destaca que los hechos se daban principalmente en oficinas o despachos, sin presencia de testigos, lo que explica la ausencia de prueba directa y la relevancia de testimonios en este tipo de casos.
Tras analizar las pruebas, el texto de minoría concluye que existe una línea narrativa consistente que evidencia conductas reiteradas, no consentidas y sostenidas en el tiempo, enmarcadas en una relación de poder.
Informe recomienda sanción al Plenario
Como parte de sus conclusiones, el informe de minoría recomienda al Plenario Legislativo determinar la responsabilidad del diputado por conductas de hostigamiento sexual e imponerle una amonestación ética pública, conforme al reglamento interno.
Además, plantea la adopción de medidas para proteger a la denunciante y evitar su revictimización, así como fortalecer los mecanismos internos de prevención y atención de denuncias dentro de la Asamblea Legislativa.
El documento también sugiere implementar capacitaciones obligatorias sobre hostigamiento sexual y abuso de poder para diputaciones y personal, y reforzar los controles en espacios donde existan relaciones jerárquicas.
Adicionalmente, recomienda que el Ministerio Público analice la actuación de un testigo que se abstuvo de declarar, para determinar si su conducta podría tener implicaciones penales.
El informe será remitido al Plenario Legislativo, que deberá conocer el caso y tomar una decisión final.