Informe: Entre 2019 y 2021 ingresaron menos casos al Poder Judicial, pero también se resolvieron menos
Presupuesto de Corte presenta disminución sistemática; la partida de remuneraciones bajó por primera vez el año pasado
(CRHoy.com) Aunque los casos nuevos ingresados al Poder Judicial disminuyeron entre el 2019 y el 2021, el circulante -es decir, los expedientes sin resolver- creció en cinco materias al final de ese periodo. Otras ocho áreas lograron bajar la acumulación de casos.
No obstante lo anterior, pese a que las mejoras se presentaron en una mayor cantidad de materias, estas no influyeron en los indicadores globales de la Corte Suprema de Justicia, en el tanto que los aumentos de circulante se concentran en las áreas de mayor peso, como la de cobro judicial, la justicia penal y la notarial.
Así se desprende del cuarto informe del Estado de la Justicia, publicado la mañana de este 6 de julio. El reporte concluye que ese incremento en los expedientes sin resolver a su vez ocasionó un aumento en la mora así como en el tiempo promedio de duración de los casos.
La materia que subió más su circulante es la de cobro judicial, con una variación del 13,9%, para 854.412 casos sin resolver en 2021. Le sigue la notarial (10,1%), la penal (9,5%), la agrario (9,4%) la laboral (6,9%) y la de pensiones alimentarias (0,2%). Los cambios no alcanzaron a ser considerables, según el documento.
En sentido opuesto, la que logró bajar mayor medida fue la de constitucional, con un cambio de -26,4% que situó el pendiente en 2.215 expedientes. Las otras áreas con disminuciones en los casos sin resolver son la contravencional (-22,3%), la penal juvenil (-22,3%), la de tránsito (-21,6%), la civil (-13,4%), la de familia (-7,7%), la de violencia doméstica (-7,2%) y la contencioso-administrativa (-0,2%).
"Para ediciones anteriores hemos señalado que los indicadores de manera agregada impiden hacer análisis en profundidad sobre el riesgo en la tutela de los derechos de la ciudadanía, por eso el informe se concentra en algunas áreas y jurisdicciones que permiten un diagnóstico más específico", advirtió la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal Fernández.
En total, se tiene que en 2019 se recibieron 1.012.490 expedientes, mientras que en 2021, 865.532; o sea, un 14,5% menos. Pese a esa disminución, el circulante acumulado pasó de 1.360.204 al inicio del mismo periodo a 1.457.401 al final de este, para un incremento del 7,1%.
Al ahondar en materias de interés general, como la laboral y la penal, el informe sugiere que los problemas continúan sin una solución.
"En 2021, la laboral tardó, en promedio, casi cuatro meses más en resolver un caso que en 2019. En penal vemos el mismo comportamiento: el I Circuito de San José aumentó, en promedio, 308 días al proceso entre 2019 y 2021", detalló la investigadora.
Todo esto ocurre aun cuando existieron iniciativas internas para mejorar la gestión judicial; en parte por una "alta resistencia al cambio" del personal, así como la disminución de recursos presupuestarios.
"La reforma al contencioso-administrativo propuesta en 2015 ha sido imposible de ejecutar efectivamente, pues los mismos funcionarios judiciales la han apelado. Esto evidencia que las iniciativas de reforma operativas y administrativas no son suficientes", puntualizó Villarreal Fernández.
Presupuesto bajo presión
Los indicadores de gestión de la Corte Suprema de Justicia entre el 2019 y 2021 impiden saber si la institución ha logrado mayor eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo con el Estado de la Justicia.
Esto en el tanto que, contrario a la tendencia histórica del Poder Judicial, en los últimos cuatro años su presupuesto disminuyó de forma sistemática. En términos reales, la partida para esa entidad bajó un 7% en 2021, respecto al 2017. Aún así, la planilla continuó aumentando en el 2020, así como el costo por persona funcionaria.
Para la coordinadora del informe, Evelyn Villarreal Fernández, el análisis arroja que la afectación es diferenciada según rubros y partidas presupuestarias; por ejemplo, la institución continúa con rubros con subejecución histórica, pese a las restricciones presupuestarias.
"Es la primera vez que desde el Estado de la Justicia analizamos con más detalle el presupuesto de la Corte, y aunque la información disponible es insuficiente para formular un dictamen sobre el tema, los hallazgos sugieren una fuerte presión financiera debido a un menor presupuesto y un creciente costo por funcionario y por caso", explicó.
Las reformas judiciales requeridas para la mejora del servicio son una de las áreas más afectadas. Tan es así que tuvieron que solicitarse vacancias de ley a la Asamblea Legislativa por la imposibilidad presupuestaria de asumir nuevas competencias, como la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado o el Código de Familia.
De la mano con la disminución de casos ingresados, el aumento en el circulante y la mora judicial, Villarreal Fernández destacó: "En un contexto fiscal adverso, la eficiencia es urgente".
El 85,1% del presupuesto de 2020 -que fue de ¢472.677 millones- fue consumido por el pago de remuneraciones del personal de la Corte. Incluso en ese mismo año, la planilla creció, según datos compartidos por la Dirección de Planificación al Estado de la Justicia.
Los aumentos de recurso humano entre 2019 y 2020 tuvieron que ver con la contratación de jueces así como de funcionarios para programas relacionados con el Ministerio Público y la Defensa Pública. Para el informe no se contó con los datos de crecimiento de personal administrativo.
El documento sugiere que la partida de remuneraciones disminuyó por primera vez en 2021, pese a que el presupuesto total de la Corte empezó a reducirse desde el 2018. Al respecto, la investigadora destacó que otras partidas pudieron haber cubierto el peso de las remuneraciones para mantener el equilibrio presupuestario.
"A esto nos referimos cuando decimos que el aumento en la planilla y en el costo por funcionario presiona otros rubros presupuestarios del Poder Judicial. Por ejemplo, las partidas de inversión de capital y la subpartida de capacitación sí disminuyeron desde el 2018", apuntó la especialista.
Pese a que en términos reales el presupuesto de la Corte se redujo desde el 2017, debido a la crisis fiscal, incluso antes de la pandemia la institución subejecutaba sistemáticamente en varias de las partidas. Ello ocurrió, por ejemplo, con los bienes duraderos, servicios y remuneraciones, que, en promedio, entre el 2017 y el 2020, presentaron montos de subejecución anual de ¢9.187 millones.
El Estado de la Justicia consideró que esto puede responder a los largos procesos para usar las partidas o porque las enmiendas extraordinarias a los presupuestos -que usualmente buscan añadir fondos para cumplir con ciertas metas- se aprueban en octubre de cada año, lo que deja un lapso reducido para usar el dinero.