Informe legislativo apunta a presiones para avalar obras en aeropuerto de Liberia
Detención de Mauricio Batalla por el caso Pista Oscura.
Los diputados que integraron la comisión legislativa que investigó la contratación para rehabilitar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós concluyeron que existieron presuntas presiones desde distintas instancias del Gobierno para respaldar técnicamente las obras e incorporarlas a la declaratoria de emergencia por la tormenta tropical Bonnie.
El informe final, aprobado por unanimidad, sostiene que funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) advirtieron en reiteradas ocasiones que no existían elementos técnicos suficientes para establecer un nexo causal entre Bonnie y el deterioro de la pista.
Por esa razón, recomendaron tramitar las obras mediante un procedimiento ordinario y no bajo el régimen excepcional de emergencia.
Sin embargo, la comisión afirma que recibió testimonios y documentación que apuntan a presuntas presiones desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la propia Aviación Civil para respaldar la tesis de que la tormenta provocó los daños.
Los legisladores también concluyeron que el deterioro de la infraestructura era conocido desde años antes y que no habría sido causado por el fenómeno meteorológico.
La comisión estuvo integrada por los entonces diputados Luis Diego Vargas Rodríguez, Carolina Delgado Ramírez, Francisco Nicolás Alvarado, Alejandro Pacheco Castro, Daniel Vargas Quirós, Antonio Ortega Gutiérrez y Yonder Salas Durán.
Presiones sobre funcionarios
Uno de los principales hallazgos del informe se relaciona con presuntas presiones ejercidas sobre funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC.
De acuerdo con la investigación, hubo intentos para que firmaran documentos que respaldaran el supuesto nexo causal entre Bonnie y los daños de la pista, incluso mediante el uso de fotografías y documentación técnica correspondiente a afectaciones registradas desde 2019.
La comisión también recopiló denuncias sobre llamados de atención, presiones jerárquicas y solicitudes informales para modificar criterios técnicos o abstenerse de dejar observaciones por escrito.
Según los testimonios recabados, algunos profesionales fueron desplazados de funciones, removidos de sus cargos o apartados de procesos de fiscalización tras cuestionar aspectos técnicos de la obra.
El informe también señala que la unidad advirtió posibles deficiencias técnicas, incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre los materiales utilizados durante la rehabilitación de la pista.
A criterio de los diputados, estas actuaciones pudieron debilitar la independencia técnica de los órganos fiscalizadores y limitar la capacidad de control sobre el cumplimiento de las especificaciones contractuales.
"Estas presiones se habrían ejercido particularmente en momentos clave de inspección, recepción de materiales, aprobación de avances de obra y validación de informes técnicos, donde se pretendía acelerar trámites y reducir observaciones que podían comprometer la correcta ejecución del proyecto. La premura institucional por mostrar avances y evitar retrasos contractuales generó un ambiente en el que criterios estrictamente técnicos fueron desplazados por decisiones de carácter político-administrativo", señala el informe.
La comisión también sostiene que las presiones no se limitaron al personal interno, sino que alcanzaron a consultores externos, incluido un experto argentino cuya validación técnica habría sido utilizada para respaldar decisiones relacionadas con la ejecución del proyecto.
Obras en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia de Guanacaste. Archivo CRH
Señalamientos sobre la adjudicación
Los diputados también analizaron el papel que habría desempeñado el expresidente Rodrigo Chaves durante el proceso de adjudicación.
Según el informe, diversos testimonios y documentos apuntan a una presunta intervención para que la CNE habilitara una etapa de mejora de precios dentro del concurso.
Esa decisión permitió que Constructora Meco modificara su propuesta inicial de ₡22.427 millones, monto que superaba el presupuesto máximo fijado por la Administración, de ₡21.890 millones.
Tras la mejora, la empresa redujo su oferta a ₡21.889 millones, apenas por debajo del límite presupuestario, y se mantuvo en la contienda.
El informe identifica este episodio como uno de los principales focos de cuestionamiento sobre la transparencia del procedimiento.
El Consorcio Pedregal denunció que la oportunidad para ajustar el precio favoreció indebidamente a Meco, pues, de no haberse habilitado ese mecanismo, su oferta habría quedado excluida por exceder el monto máximo permitido.
La comisión también revisó la exclusión de otros participantes. En el caso de Constructora H. Solís, que presentó la oferta económica más baja, la CNE determinó que no cumplía requisitos relacionados con capital de trabajo y experiencia específica en infraestructura aeroportuaria.
Además, el informe hace referencia a revelaciones periodísticas de CR Hoy sobre la participación de la CNE en la elaboración de los términos de referencia de la contratación.
Para los diputados, ese elemento contradice la versión oficial que concentró la responsabilidad del proceso únicamente en el exministro Luis Amador y en el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo.
Recomiendan trasladar el informe al Ministerio Público
La comisión concluyó que los hallazgos apuntan a un posible uso instrumental del régimen de emergencia para viabilizar una contratación millonaria mediante un procedimiento excepcional.
Por ello, recomendó trasladar el informe al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública para que valoren eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las conclusiones también se suman a la investigación penal que desarrolla la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dentro del denominado caso "Pista Oscura".
Como parte de esa causa, el 13 de mayo de 2025 agentes del OIJ y fiscales anticorrupción ejecutaron 23 allanamientos y detuvieron al exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla, al presidente de la CNE, Alejandro Picado, al director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y al jefe de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
Según el Ministerio Público, las pesquisas buscan determinar si existieron irregularidades en el uso de la declaratoria de emergencia y eventuales presiones para modificar criterios técnicos y facilitar decisiones relacionadas con la contratación y ejecución de las obras en la pista del aeropuerto de Liberia.
