(CRHoy.com) –Atrasos y más atrasos mantienen frenada la investigación que realiza una comisión legislativa sobre las circunstancias que rodearon el manejo en el Congreso del informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que absolvió al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de faltas al deber de probidad por el escándalo del cementazo.

Suspender audiencias, reprogramarlas y pedir prórrogas al plazo fijado por el Plenario Legislativo al grupo investigador para rendir un informe se ha vuelto costumbre en esa comisión parlamentaria, cuyo fin es esclarecer las circunstancias que mediaron en la entrega, por parte de la PEP, y su recepción, por parte de la Asamblea Legislativa, del polémico informe a finales de abril de 2018, y que impidieron a los diputados apelarlo.

La comisión tenía prevista este lunes una comparecencia del exministro de la Presidencia Sergio Alfaro, en la administración Solís Rivera, pero fue cancelada a solicitud del presidente de ese órgano legislativo, el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), quien se encuentra fuera del país.

El pasado 17 de junio, por falta de quórum tampoco se pudo llevar a cabo una audiencia con los exdirectivos del Banco de Costa Rica (BCR) Ronald Solís y Gustavo Arias, quienes jugaron un papel importante en el otorgamiento del crédito de $30 millones a Juan Carlos Bolaños para financiar la importación del cemento chino. Esta comparecencia aún no tiene fecha de reprogramación.

El grupo investigador tiene que reprogramar ahora las audiencias con Alfaro y los exdirectivos del BCR. Pero también tiene pendientes las comparecencias con el exdiputado Ottón Solís, ahora director por parte de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y Javier Cascante, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

O sea, faltan cuatro audiencias, el plazo para rendir el informe al Plenario Legislativo vence el próximo 21 de julio y los diputados tomarán su receso de mitad de año a partir del lunes entrante, y no volverán a sus curules sino hasta el 15 de julio.

La comisión ya ha pedido dos prórrogas del plazo al Plenario para rendir el dictamen que aún está en veremos.

¿Más plazo?

El diputado Roberto Thompson, quien representa al Partido Liberación Nacional (PLN) en la comisión, adelantó que su agrupación política no apoyará bajo ninguna circunstancia una tercera ampliación al plazo para entregar el dictamen.

"Voy a insistir con el Presidente de la comisión para que se realicen las sesiones extraordinarias que haya que realizar para poder abarcar esas audiencias pendientes y poder emitir el dictamen al Plenario en la fecha dispuesta", dijo.

CRHoy.com intentó conversar con el congresista Vargas, pero no fue posible localizarlo.

La diputada Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN) y secretaria de la comisión, explicó que la audiencia con el exministro Alfaro fue suspendida por "diligencias" de algunos legisladores.

Pero precisó que la comisión realizará una sesión extraordinaria este jueves después de la sesión del Plenario Legislativo.

"Se ha ido adelantando bastante lo del informe. Sí se ha extendido. Pero los atrasos han sido por algunos compañeros que salen fuera del país y es importante que ellos puedan estar en cada sesión. Yo espero que ya cerremos prontamente", sostuvo.

Agregó que rendirán el dictamen a tiempo.

El congresista Erwen Masís, quien representa al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el grupo investigador, reconoció que el plazo ya se ha ampliado "muchas veces" y aseguró que se deberán realizar sesiones extraordinarias para poder cumplir con el mandato del Plenario.

Dijo que si se hacen sesiones extraordinarias podría complicarse por el hecho de que los legisladores también participan en otras comisiones.

"Estamos en otras comisiones. En el caso mío estoy en Gobierno y Administración, que estamos sesionando después del Plenario tres noches. Posiblemente, para mí ya va a ser un obstáculo martes, miércoles y jueves. Me quedaría únicamente lunes o viernes eventualmente", comentó.

Desde ese punto de vista, indicó que la única opción que él propondría es la ampliación del plazo.

¿Qué se investiga?

La comisión fue instalada para que investigue las circunstancias que rodearon el manejo del informe remitido por la PEP al Congreso en el que se liberó al hoy exmandatario de faltas al deber de probidad por el caso del cementazo.

El expediente de la Procuraduría llegó al Congreso el 27 de abril de 2018. Fue un viernes, un día en el que la mayoría de diputados no están en sus oficinas y menos a escasas horas de que dejaran sus curules porque el 1 de mayo asumirían funciones los actuales legisladores.

El lunes 30 de abril, último día de labores de los anteriores congresistas, Gonzalo Ramírez, quien fungía como presidente de la Asamblea Legislativa convocó a una sesión extraordinaria del Directorio Legislativo para conocer el informe y dar lectura a los tres días hábiles que tenían los congresistas para responder a la PEP. Sin embargo, Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso y quien estuvo en esa reunión, sostuvo que eso nunca se hizo.

El 1 de mayo y el 2 de mayo, cuando ya estaban instalados los nuevos diputados, tampoco se conoció del informe. No fue sino hasta después que la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, supo del mismo, pero le faltban dos folios.

Por esa razón, según ha insistido ella, se solicitó de nuevo el documento completo a la Procuraduría. No obstante, el plazo para apelar el informe había vencido desde el 3 de mayo.