Investigaciones contra crimen organizado podrían divulgarse por recortes al presupuesto del OIJ
Las bases de datos que albergan todas las investigaciones contra bandas y cabecillas del crimen organizado en el país quedarían expuestas a ciberataques y podrían ser filtradas si se concreta el recorte de ₡10.250 millones al presupuesto de informática y tecnología del Poder Judicial.
Autoridades judiciales advirtieron sobre el gran riesgo al que se exponen las investigaciones policiales si la Asamblea Legislativa aprueba la reducción presupuestaria que propone el Ministerio de Hacienda para el próximo año. Según las advertencias, esto generaría prácticamente una parálisis operativa en el sistema de justicia.
Michael Soto, director del OIJ, advirtió que, al estar digitalizadas las investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico, suspender la inversión en seguridad cibernética dejaría expuestos los sistemas a hackeos y filtraciones públicas. Esto podría poner en riesgo investigaciones y expedientes cuya construcción ha tomado años.
La falta de pago de licencias especializadas también detendría desarrollos informáticos que permiten consultar bases de datos públicas con un solo clic. Los agentes tendrían que desplazarse presencialmente para consultar registros físicos en el Registro Civil o el Registro Nacional.
El 50% del monto presupuestario destinado específicamente a tecnología para el OIJ se encuentra bloqueado de cara al próximo año. Esta restricción significa que, además de las afectaciones tecnológicas generales, la Policía Judicial no podrá contar con el software especializado que requiere para su trabajo diario.
Esto incluye el licenciamiento de herramientas del cibercrimen, indispensable para atender los asuntos informáticos cotidianos de la institución. Por ejemplo, no sería posible acceder al contenido de teléfonos decomisados, de los cuales se obtiene un volumen importante de evidencias para las investigaciones.
En el Departamento de Medicina Legal y en Ciencias Forenses también se dejaría de contar con el software específico requerido por las áreas de ingeniería forense, medicina legal y ciencias forenses. Los laboratorios se verían afectados en las líneas relacionadas con equipos, insumos y reactivos utilizados para pruebas de ADN, análisis de delitos sexuales y pruebas de sangre.
El OIJ ha elaborado sus propios desarrollos de software gracias al trabajo de sus informáticos, quienes necesitan licencias para programar estas herramientas. Uno de los últimos desarrollos es el sistema "Supercop", una herramienta que permite consultar todas las bases de datos del OIJ y bases de datos públicas desde un solo lugar.
Este sistema requiere licencias especializadas que están próximas a vencer. Si no se adquieren, el OIJ no podrá utilizar la herramienta, lo que afectaría el desarrollo de las investigaciones que dependen de ella.
Como consecuencia de esta parálisis tecnológica, los agentes tendrían que desplazarse físicamente al Registro Civil o al Registro Nacional para consultar bases de datos públicas, una labor que actualmente pueden realizar con un solo clic.
También se produciría un colapso en la infraestructura de hardware y mantenimiento. En materia de infraestructura tecnológica, el Poder Judicial se quedaría sin soporte, repuestos y mantenimiento. Si se daña un dispositivo de red, una computadora o un servidor, la institución no tendría cómo repararlo.
El recorte también impactaría las audiencias virtuales. A partir de febrero de 2027 no se contaría con las licencias de Office y Microsoft Teams, lo que imposibilitaría realizar videoconferencias, juicios virtuales y reuniones de trabajo.
Para marzo de 2027 vencerían las licencias de antivirus institucional y de protección perimetral, dejando desprotegidos los servidores y equipos informáticos, explicó Martín Hernández, director de Informática del Poder Judicial, ante la Corte Plena el lunes.
También se produciría una incomunicación de sedes y enlaces. No se podría asumir la facturación mensual de los enlaces de datos de los 22 circuitos judiciales y dependencias periféricas. Edificios enteros quedarían desconectados de internet y se incumplirían más de 60 contratos de interconexión, entre ellos el enlace directo con Migración, indispensable para las salidas y llegadas en los aeropuertos y puestos fronterizos.
El fiscal general explicó que con el recorte llegaría el fin del teletrabajo en febrero de 2027, al vencer el pago de las licencias VPN el 16 de febrero de 2027, el personal judicial no podría conectarse de manera remota, sin que haya espacio suficiente en las oficinas para que ellos regresen.
Al no contar con recursos para renovar el licenciamiento con Microsoft, se bloquearía el acceso al correo institucional. Esto paralizaría la tramitación, recepción y envío de notificaciones de todo el sistema judicial. La falta de financiamiento afectaría las licencias del software propio con el que operan los fiscales para la gestión de expedientes.