Rocío Rojas magistrada de la Sala Primera y el magistrado suplente Paulino Hernández
Investigan a dos magistrados más por tráfico de influencias
- Fiscalía General solicitó rastreo de llamadas antes de la suspensión de la sanción contra las magistradas de la Sala Tercera, Doris Arias y María Elena Gómez
La Fiscalía General de la República también investiga a la magistrada Rocío Rojas, de la Sala Primera, y al magistrado suplente de la Sala Constitucional, José Paulino Hernández, por el presunto tráfico de influencias en el marco de la investigación por la rápida suspensión de la sanción impuesta por la Corte Plena contra las magistradas de la Sala Tercera, Doris Arias y María Elena Gómez.
Una fuente judicial ligada al caso confirmó a CRHoy, que ya solicitaron rastreos de las llamadas telefónicas realizadas tanto por Rojas como por Hernández previo, durante y posterior a los hechos investigados.
Las sospechas de los Fiscales apuntan a que estos magistrados habrían tenido alguna relación con la rapidez con la que el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Alcevith Godínez Prado, suspendió la medida en contra de Arias y Gómez.
Incluso, la fuente explicó que “extrañamente” Hernández cambió su número de teléfono la semana anterior.
El Ministerio Público informó la semana pasada que investiga por estos hechos a Arias, Gómez y al juez Godínez, a quien le fue decomisado el teléfono en su oficina en el Tribunal Contencioso Administrativo, ubicado en Calle Blancos, Goicoechea.
La Fiscalía solicitó además a la Sala Tercera la apertura de dicho teléfono para determinar las posibles llamadas realizadas y recibidas por Godínez.
Arias y Gómez están bajo la lupa por el planteamiento de una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso para que se frenara una suspensión de 2 meses, sin goce salarial, dictada por la Corte Plena en virtud de su papel en la desestimación de una causa penal ligada por el “cementazo”.
Dicha causa se desestimó el 20 de febrero pasado y era contra los exdiputados Victor Morales y Otto Guevara a favor del importador de cemento Juan Carlos Rojas. En la desestimación se establecía que no habían contactos telefónicos entre estos, cuando en realidad un informe del Organismo de Investigación Judicial señalaba lo contrario.
Las gestiones de las magistradas, por separado, fueron acogidas por Godínez Prado, quien ordenó el freno a la suspensión por mientras se resuelve el reclamo planteado por las funcionarias. Ambas alegaron una vulnerabilidad de sus derechos al ser sancionadas.
Godínez es también investigado por el aparente delito de prevaricato. El juez contencioso dictó la medida sin contar con la resolución de la Corte Plena, pues al momento de hacerlo ni siquiera había sido notificada.
