Investigan omisión de agente del OIJ al no reportar hallazgo de licencia de Diablo en mortal accidente
La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia abrió el expediente 25-003541-0031-DI para investigar presuntas omisiones cometidas durante las diligencias realizadas por una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí, tras la muerte de Luis Guevara Corrales, de 51 años, a quien entre sus pertenencias le encontraron una licencia de conducir vencida de Alejandro Arias Monge, fugitivo conocido como Diablo.
El hombre falleció en un accidente de tránsito en Astúa Pirie de Cariari el 23 de setiembre del 2025. Cuando los agentes judiciales llegaron al sitio del suceso y revisaron las pertenencias del fallecido, hallaron el documento del prófugo buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA) y las autoridades costarricenses, así como un teléfono celular.
Sin embargo, ninguno de estos dos elementos —que podía servir como prueba en las investigaciones relacionadas con Arias Monge y sus nexos con otros personajes de la zona— se incorporó en el libro de indicios el día del incidente.
Esa información llegó a los jerarcas del OIJ y directamente a la Inspección Judicial (IJ). Por ello se ordenó la apertura del expediente administrativo hace poco más de un mes, para determinar quién tuvo injerencia directa en las presuntas anomalías.
"(…) nos indican en la Inspección Judicial que efectivamente existe denuncia anónima del 8 de octubre de 2025. La investigación lleva el número de sumaria 25-003541-0031-DI, no hay persona acusada, no hay traslado de cargos, la misma se encuentra en investigación preliminar".
CR Hoy tuvo acceso al documento que llegó al OIJ denunciando los hechos. En este se expone que una agente de apellido Rojas recibió una reprimenda de la dirección general cuando se enteraron de la presunta irregularidad, pese a que ella es especialista en escena.
La denuncia indica que los agentes de la oficina del OIJ Pococí-Guácimo están preocupados por lo sucedido en este caso. Recordaron que recientemente apartaron a varios funcionarios por vínculos con un grupo criminal y ahora temen que una persona de rango medio pueda estar involucrada en situaciones similares, "poniendo en riesgo fuga de información delicada o inclusive ocultamiento de información del Crimen Organizado de la zona, específicamente con el grupo criminal del muy conocido Alejandro Arias Monge".
El documento incluso revela el nombre completo de la mujer de apellido Rojas, a quien vinculan sentimentalmente con un juez de esa misma jurisdicción del Poder Judicial, recientemente cuestionado por resoluciones que beneficiaron a miembros de la agrupación de Diablo.
Sobre Rojas señalaron que resultó llamativo que acudiera al levantamiento del cuerpo en ese accidente, pues no suele hacerlo a menos de que sea un caso de especial atención. Lo más relevante es que los hechos que hoy están bajo investigación ocurrieran justamente el día que ella asistió a ese sitio del suceso.
Alertaron a otra jefatura
El relato apunta que la judicial fue quien llevó la licencia de Diablo a la oficina, pese a que su compañero en las diligencias le advirtió en varias ocasiones que debían reportar ese elemento ante las jefaturas, ya que pertenecía al sujeto más buscado del país.
Por esa razón, cuando otros funcionarios se enteraron del posible ocultamiento de la licencia de Arias Monge, alertaron a una jefatura de confianza distinta a la de Pococí, para denunciar que algo estaba ocurriendo.
En apariencia, Randall Zúñiga López, director del OIJ, tuvo conocimiento de los hechos y de inmediato se comunicó con esa oficina regional para hablar directamente con Rojas y preguntarle qué había sucedido con ese permiso de conducir que no reportaron en el libro de evidencias.
"(…) dichos hechos ocurrieron en día 23/09/25 y no fue hasta el día 25/09/25 que dicha funcionaria ingresó dicha licencia del Diablo como indicio, esto comprobable en el libro de indicios de la delegación, específicamente folio 085 del libro 122-2025, esto sí, posterior a la llamada del director del OIJ, don Randall Zúñiga".
Zúñiga, quien actualmente está suspendido de sus funciones, dijo que precisamente por esa condición, no puede referirse a nada que tenga que ver con labores propias del OIJ.
Reprocharon además que la funcionaria, siendo especialista de escena, conoce que todo indicio debe incorporarse al libro en menos de 24 horas posteriores a la diligencia, según el manual. No obstante, incumplió ese plazo y no lo registró sino hasta que recibió la presión de la máxima autoridad de la policía judicial.
"(…) ella es la que supervisa y revisa los formularios de inspección a sitios de homicidios, tentativas de homicidios, robos agravados y entre otras, la mayoría son relacionadas con crimen organizado.
Por lo que clamamos poder laborar en ambiente libre de investigadores corruptos donde su honor se vea comprometido, como ya ha sucedido anteriormente con Michael Mora Garita que fue relacionado a Alias Coco, o también como el caso de Randall Alias Míster Músculo, inclusive este último relacionado con el asesinato de nuestro querido y excelente exjefe Lic Geiner, del cual aún lamenta el fallecimiento esta delegación, más aun teniendo conocimiento que un ex OIJ corrupto fuera relacionado con los hechos de este", dice la denuncia.
Ante este panorama, los denunciantes solicitaron que se tomaran cartas en el asunto y se apartara a la funcionaria, para evitar situaciones que comprometan las investigaciones en curso y tensiones con la jefatura de esa oficina, que según la denuncia respalda a la funcionaria por la cercanía que existe entre ambos.
Inspección Judicial confirmó que, por ahora, la investigación no se ha individualizado. Es decir, no existe una persona señalada directamente por estos hechos. Será necesario esperar a que haya más prueba para determinar si se direcciona contra algún funcionario o funcionaria, a quien se le trasladarían cargos para enfrentar el proceso.
¿Por qué andaba licencia de Diablo?
Fuentes judiciales que investigan o han investigado casos vinculados con este personaje criminal indicaron que son muy pocas las personas a las que Diablo les confía un documento oficial suyo.
La mayoría de esos casos corresponde a personas de su círculo de confianza más cercano o a situaciones en las que necesita amedrentar a habitantes de sus zonas de influencia. En esos escenarios, envía el documento como respaldo para que los matones actúen en su nombre.
En este expediente, por tratarse de una investigación en curso, se desconoce si el fallecido tenía algún vínculo con Arias o con integrantes de su organización. Precisamente por eso el decomiso de ese documento era fundamental y debió reportarse como evidencia desde el momento en que se encontró en la escena del accidente.
Uno de los judiciales explicó que también existen casos de cobradores de Monge que portan permisos o cédulas vencidas del prófugo para actuar con su consentimiento. Esto ocurre en situaciones relacionadas con préstamos gota a gota, cobros de peajes, amenazas para imponer la venta de productos de contrabando —como cigarrillos y licores— o como ultimátum contra personas que, según rivales del grupo o por traiciones internas, "tienen los días contados".
Recompensa de la DEA por Diablo
El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece hasta $500.000 por la ubicación de Diablo.
El Ministerio Público tiene investigaciones abiertas en contra de Arias, a quien se le atribuye ser el líder criminal de un grupo transnacional dedicado a actividades ilícitas como narcotráfico, robo, homicidios por sicariato y legitimación de capitales.
Según la DEA, Diablo ha conspirado con numerosos narcotraficantes y organizaciones narco para transportar cargamentos de cocaína procedente de Colombia.
"Alejandro Arias-Monge es el líder de una violenta organización criminal transnacional (OCT) y el fugitivo más buscado de Costa Rica. Arias tiene múltiples órdenes de arresto en Costa Rica por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.
Según la DEA, Arias conspiró con numerosos narcotraficantes y organizaciones de narcotráfico para transportar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína provenientes de Colombia. La cocaína se introduce de contrabando a través de Costa Rica, Honduras y Guatemala hasta México, con destino final a Estados Unidos. La organización de Arias también utiliza las redes sociales para intimidar a la ciudadanía costarricense mediante la publicación de imágenes de armas de fuego, mensajes amenazantes dirigidos al público y a líderes gubernamentales, y videos de asesinatos. Además, la DEA y las autoridades costarricenses han identificado células criminales operadas por Arias en las siete provincias de Costa Rica"
La organización estadounidense puso a disposición el correo crinfo@dea.gov y anunció que también se puede brindar la información a través de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y a través de las plataformas de mensajería WhatsApp o Signal en el número +1-956-517-7023.