Jubilados del Magisterio piden ajuste por costo de vida al nuevo gobierno
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) hizo un llamado al nuevo gobierno, en particular a la presidenta Laura Fernández y al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, para que, desde el inicio de su gestión, garanticen el respeto irrestricto a los derechos de las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
Se trata de más de 40.000 personas cuyos aportes, así como los de sus patronos durante medio siglo para conformar un fondo de pensiones, fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda para fines no autorizados.
AJA sostuvo que, aunque Hacienda ha asumido el pago de las pensiones, lo ha hecho no como indemnización por el daño causado —como corresponde por ley—, sino como una gracia, lo que ha permitido a los diputados realizar recortes e imponer cargas arbitrarias.
Adicionalmente, y con el objetivo de compensar parcialmente el daño generado por el congelamiento que han sufrido estas pensiones durante los últimos cinco años, la anterior Asamblea Legislativa aprobó un descongelamiento para las pensiones más bajas del magisterio, es decir, aquellas inferiores a ₡2 millones.
"Lamentablemente, en el cierre de la administración saliente, decisiones como el veto a ese descongelamiento contrastan con la permanencia de beneficios otorgados sin cotización previa, como las pensiones a expresidentes. Esta disparidad revela un trato desigual que debilita la legitimidad de la política pública y erosiona la confianza ciudadana", manifestó la organización.
La agrupación reiteró varias de sus preocupaciones, ya planteadas al Ministerio de Hacienda, entre ellas la necesidad de asegurar la puntualidad en el pago de las pensiones, evitar modificaciones que perjudiquen a los jubilados y brindar explicaciones claras sobre la gestión histórica de los regímenes, incluida la ausencia de un fondo de pensiones constituido con las cotizaciones realizadas.
Según indicó, esta situación traslada actualmente la carga de las jubilaciones al presupuesto de la República y genera incertidumbre sobre su sostenibilidad.
Asimismo, instó a las nuevas autoridades a corregir estas inconsistencias y establecer una ruta clara que priorice la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con quienes dedicaron su trabajo al país.