Jueces: bloqueo en elección de magistrados suplentes compromete Estado de Derecho
La negativa del oficialismo para nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional pone en riesgo no solo el acceso efectivo a la justicia, sino también el Estado de Derecho.
Así lo advirtió la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que recordó la obligación constitucional de la Asamblea Legislativa de realizar estos nombramientos para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal constitucional.
El pronunciamiento surge luego de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, devolviera, por segunda ocasión, la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala IV a la Corte Suprema de Justicia, tras la negativa del oficialismo de respaldar a alguno de los aspirantes.
La falta de nombramientos también impide que la Corte Plena conozca otros asuntos pendientes, como la solicitud de levantamiento de inmunidad (desafuero) del expresidente Rodrigo Chaves, relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2022.
Jueces señalan implicaciones
Los juristas manifestaron su preocupación por la ausencia de magistrados suplentes, al considerar que la omisión del Congreso compromete el funcionamiento de la Sala Constitucional, órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
La organización sostuvo que el atraso no constituye una diferencia política ni un simple retraso administrativo, sino el incumplimiento de una obligación constitucional que podría afectar la resolución oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus y otros asuntos de relevancia constitucional.
Asimismo, advirtió que la falta de suplencias puede generar retrasos en la administración de justicia e, incluso, comprometer la continuidad del servicio que presta la Sala IV.
Acojud recordó que el nombramiento de magistrados suplentes no es una facultad discrecional que pueda postergarse indefinidamente por razones políticas, sino una responsabilidad que corresponde a la Asamblea Legislativa para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema democrático.
Por ello, hizo un llamado al Congreso para que proceda, sin más demora, con la designación de las magistraturas suplentes, al considerar que una justicia constitucional fuerte e independiente es indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía y preservar el Estado de Derecho.
Actualmente, la Sala Constitucional acumula 123 expedientes pendientes debido a inhibiciones de magistrados propietarios que no pueden conocer esos casos y que deberían analizar las suplencias.
El órgano está sin magistrados suplentes desde el pasado 16 de diciembre.
Con la resolución de la presidenta legislativa, la nómina regresó a la Corte y el expediente se archivó en el Congreso.
