Juicio por robo de más de ₡3.000 millones en bóvedas del Banco Nacional iniciará próxima semana
Ricardo Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional acusado de sustraer ₡3.293 millones de las bóvedas de seguridad del edificio principal, en la capital, afrontará la próxima semana un juicio ante el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, en Goicoechea.
El debate iniciará el jueves 7 de mayo por la mañana. Aunque inicialmente estaba previsto para comenzar el lunes, el arranque se reprogramó a solicitud de su defensor público.
El caso gira en torno al empleado bancario de apellido de 37 años, acusado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de liderar un millonario esquema de peculado dentro de la entidad financiera pública.
Según la acusación, el exfuncionario enfrenta 33 cargos por este delito, luego de que las autoridades determinaran la existencia de pruebas suficientes sobre la sustracción de dinero bajo su custodia mientras laboraba en el Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE).
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre enero de 2021 y octubre de 2023, período en el que Olivas habría diseñado y ejecutado un plan para apropiarse de grandes sumas de dinero en efectivo.
Su cargo como tesorero le permitía acceso directo a los fondos que ingresaban al banco mediante depósitos de clientes empresariales, así como la coordinación en el traslado del numerario a sucursales.
El modus operandi consistía, presuntamente, en ocultar fajos de billetes dentro de sobres de manila, los cuales sustraía físicamente del CIPE. Para ello, aprovechaba controles internos deficientes y salía caminando por los puntos de seguridad con el dinero, hasta retirarlo definitivamente de la custodia institucional.
Las autoridades lograron documentar al menos siete extracciones concretas entre agosto y setiembre de 2023; sin embargo, no se descarta que existan más, debido a la falta de arqueos rigurosos desde 2019. La Fiscalía sostiene que Olivas no actuó solo.
En el caso figuran otras siete personas bajo investigación —funcionarios y un guarda de seguridad— quienes, según la hipótesis del Ministerio Público, habrían colaborado en la manipulación de registros contables, la omisión de controles y el encubrimiento del faltante.
Para facilitar las sustracciones, el principal sospechoso se habría aprovechado de fallas en la comunicación entre los sistemas informáticos internos del banco.
El faltante detectado asciende a más de ₡3.239 millones, aunque la suma total que habría acumulado ilícitamente supera los ₡4.556 millones. Parte de ese dinero, según la investigación, se habría intentado legitimar mediante la compra masiva de lotería.
Entre 2022 y 2023, Olivas habría invertido millones de colones diarios en juegos de azar, generando premios que luego eran distribuidos entre los supuestos integrantes del grupo, con el fin de justificar ingresos.
El caso salió a la luz tras rumores internos sobre irregularidades en el manejo de efectivo dentro del CIPE. Una auditoría realizada en agosto de 2023 y posteriores arqueos, en octubre, confirmaron el faltante millonario, lo que motivó la denuncia penal y las detenciones ejecutadas el 8 de noviembre de ese año por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El expediente fue declarado de tramitación compleja, lo que amplía los plazos judiciales, y la Fiscalía mantiene abierta una investigación paralela contra los demás sospechosos.