Lentitud de agenda FMI en Congreso abre opciones al próximo Gobierno de cambiar acuerdo
Ninguno de los proyectos de ley negociados por el Gobierno está aprobado y llegada de proceso electroral podría ralentizar discusión
(CRHoy.com) El poco avance de la agenda de proyectos de ley que negoció la administración de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría sufrir más atrasos con el llamado a las elecciones nacionales que oficializará el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el miércoles 6 de octubre de este año.
A partir de ese mes empieza un apretado periodo de actividades electorales que se extendería hasta el domingo 6 de febrero o el domingo 3 de abril del 2022, en caso de que se realice una segunda ronda electoral. Para este momento solo quedaría menos de un mes de trabajo para los actuales diputados.
Ni en los escenarios más optimistas, la totalidad de la agenda negociada con el FMI se podría aprobar antes de setiembre de este año, y con el arranque de la campaña electoral, los compromisos del país con el organismo internacional podrían pasar a un segundo plano para las agrupaciones políticas en el Congreso.
Esa es la opinión del exministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles, quien ve en dicho escenario, una posibilidad para que el próximo Gobierno tome decisiones sobre el acuerdo negociado por la administración Alvarado Quesada.
Para Chaves los proyectos de ley son una imposición del propio Gobierno y no un requerimiento del organismo, que solo espera que se cumplan los resultados esperados en los indicadores económicos.
El problema es que la posibilidad de renegociación de la agenda con el FMI abre escenarios positivos, pero también negativos. La clave estará en quién ocupe la silla presidencial a partir de mayo del 2022, ya que dependiendo del partido político que gane las elecciones, podría fortalecer o debilitar el acuerdo negociado.
"El Fondo (FMI) nunca va a decir no a más, entonces si llega un equipo nuevo que va a recibir al paciente con torniquetes, y ese equipo dice, ahora sí, vamos a hacer la cirugía que se requiere, y vamos a poner a este paciente en un tratamiento efectivo, ambicioso, que lo lleve a la salud, es decir, a un bienestar de la economía costarricense, el Fondo Monetario no va a decir ‘no, no, no, está siendo muy ambicioso'. Pero ahora, existe un probabilidad de que dependiendo de quien llegue (a la Presidencia) diga ‘ah no, los empleados públicos son mi grupo, entonces la ley de empleo público entonces no va' y más bien eche para atrás lo avanzado" explicó Chaves en el programa Enfoques de CRHoy.com este martes.
Ante ese panorama, se establecería un mal mensaje no solo para el Fondo Monetario Internacional, si no también para la comunidad internacional, inversionistas y las propias calificadoras de riesgo.
Para el exministro, la agenda de proyectos negociada con el FMI es solo un "torniquete" que ayudará a la actual administración a llegar con finanzas aceptables a mayo del 2022, pero que no garantiza los cambios estructurales que llevarían al país un saneamiento de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Camino empedrado

Nuevo directorio se conformó alrededor de una agenda de proyectos, que no necesariamente es la misma negociada por el Gobierno con el FMI. Foto CRH.
Hasta el momento, la única iniciativa que tiene un avance real es el proyecto de Ley de Empleo Público, el cual podría votarse en segundo debate a finales del mes de julio o principios del mes de agosto, todo dependiendo de la respuesta que den los magistrados de la Sala Constitucional a la consulta o consultas de los diputados.
La ruta de los proyectos de ley restantes está empedrada. Aún no se define si se creará una comisión especial en el Congreso para discutir las iniciativas de ley restantes, tal como lo sugirió la presidenta de la Asamblea Legislativa Silvia Hernández y en la mayoría de proyectos no hay un acuerdo político que les allane el camino.
Varias agrupaciones políticas han mostrado oposición al proyecto de renta global dual, porque pondría a pagar impuesto al salario a personas que actualmente están exoneradas por ganar menos de ¢842.000 al mes.
Tampoco hay concenso en el impuesto a los premios de lotería; en el proyecto que impone un aporte solidario de las empresas del Estado y mucho menos en la iniciativa que propone cambios al impuesto a las casas de lujo.
El Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa hasta el próximo 31 de julio y a partir de ese momento, las leyes a discutir quedan en manos de la oposición en el Congreso, que tienen negociada la discusión de proyectos de ley que ayuden a reactivar la economía y que no necesariamente forman parte del acuerdo con el FMI.
