La madre de Marulin Azofeifa, Bernarda Trejos, aseguró ante diputados que su hija guardó silencio durante un largo período por temor, factores familiares y creencias personales, según consta en un informe legislativo.
Las declaraciones las hizo en el marco de la investigación por presunto hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado. Así se desprende de dos informes confidenciales que recomiendan sancionar al legislador.
De acuerdo con el testimonio rendido ante la Comisión Especial Investigadora, Trejos indicó que la su hija no comunicó inicialmente lo que estaba viviendo y que fue hasta una etapa avanzada cuando se lo reveló. Según relató, el silencio respondió a una combinación de elementos, entre ellos el respeto hacia una figura jerárquica, creencias religiosas y una tendencia a reprimir lo ocurrido.
La madre también describió un deterioro significativo en el estado emocional de su hija, caracterizado por tristeza, decaimiento, falta de apetito y signos de depresión. Señaló que observó cambios notorios en su conducta y confirmó que acudía a atención psicológica y utilizaba medicamentos como parte de su tratamiento.
Estos elementos se suman a lo expuesto por la propia Azofeifa, quien indicó que durante años no denunció por miedo, vergüenza y el impacto que una acusación podría tener en el proyecto político en el que participaba.
Los informes legislativos detallan que la denuncia formal se presentó el 4 de febrero de 2026 ante autoridades de la Asamblea Legislativa, en la que se acusó a Fabricio Alvarado de violencia política, acoso laboral, abuso de poder, acoso sexual y abuso sexual.
A partir de ese momento, el Directorio Legislativo ordenó medidas cautelares, entre ellas la reubicación laboral de la denunciante bajo modalidad de teletrabajo y la instrucción al diputado de abstenerse de cualquier contacto o perturbación.
Pruebas
Durante la investigación, la comisión recibió prueba documental, audios, expediente médico, informes psicológicos y testimonios. Entre estos, se incluyó el de la psicóloga institucional, Alejandra Cruz, quien confirmó que la denunciante presentaba síntomas de ansiedad, estrés y afectación emocional compatibles con situaciones de hostigamiento sexual.
Además, un exasesor legislativo, Guido Campos señaló que la denunciante tenía dificultades para denunciar por razones personales, familiares y políticas, incluyendo la preocupación por el impacto en su entorno y en su padre.
Los hechos investigados, según ambos informes, se remontan a 2018 y se habrían prolongado durante el periodo en que Azofeifa fue diputada y posteriormente como asesora legislativa. La denunciante describió acercamientos físicos no consentidos reiterados, así como afectaciones a su salud física y emocional.
La comisión, de naturaleza investigativa y no judicial, tuvo como función recabar prueba y emitir una recomendación al Plenario Legislativo, órgano que deberá tomar la decisión final este lunes. En caso de determinarse responsabilidad, la sanción prevista es una amonestación ética pública.
Tanto el informe de mayoría como el de minoría concluyen con recomendaciones en esa línea, tras valorar el conjunto de pruebas y testimonios recabados durante el proceso.