Magistrada responde a diputado: “Denunciados en otros Poderes están ahora en puestos políticos”
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, quien comparece este jueves ante la Asamblea Legislativa, recordó al diputado oficialista Fernando Obaldía que el gobierno pasado y el actual colocaron a personas investigadas en puestos políticos, otorgándoles inmunidad.
Tal es el caso de la actual diputada de gobierno Marta Esquivel, quien tiene una causa penal por el caso Barrenador y del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, quien es investigado por delitos de financiamiento electoral y el caso BCIE-Cariñitos. A este último se le solicitó levantar la inmunidad para continuar con el proceso penal, pero la pasada Asamblea lo rechazó.
Obaldía le cuestionó a Solano sobre las investigaciones penales contra funcionarios del Poder Judicial. La magistrada fue clara en que esos casos fueron detectados gracias a las investigaciones realizadas por los propios órganos judiciales.
Asimismo, el diputado del Frente Amplio José María Villalta consultó a la magistrada si existen funcionarios del Gobierno investigados por presuntos casos de corrupción y eventuales vínculos con el narcotráfico. Solano respondió que sí.
Tras esa respuesta, Villalta afirmó que, siguiendo la lógica planteada por la presidenta Laura Fernández, el propio Gobierno estaría "plagado hasta los tuétanos de crimen organizado y corrupción".
Según se expuso durante la comparecencia, varias causas que involucran a políticos del oficialismo permanecen pendientes de resolución debido, entre otros factores, a la falta de nombramiento de magistrados suplentes. Además, la inmunidad de algunos de los investigados limita el avance de determinadas diligencias procesales.
Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que el crimen organizado siempre busca penetrar las instituciones públicas y así como existen casos de funcionarios judiciales que el propio Poder Judicial ha descubierto, gran parte de los empleados públicos vinculados o detenidos por colaborar con bandas criminales han pertenecido al Gobierno, y no por eso se habla de forma generalizada como un grupo de instituciones corruptas sino que son casos puntuales.
