Magistrados aprueban acatar lo ordenado por Contraloría sobre pluses porcentuales anuales
(CRHoy.com).-Los magistrados de la Corte Plena aprobaron acatar en todos sus extremos lo ordenado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre lo que establece el plan fiscal, en cuanto a los pluses porcentuales salariales, en una votación que se dio hoy lunes 2 de marzo, en horas de la tarde.
Los magistrados realizaron una discusión sobre este acuerdo en horas de la mañana en una sesión a puerta cerrada, la que llamaron como una sesión de trabajo, y en la sesión de la tarde, ya con el acuerdo redactado lo sometieron a votación.
Esto provocó una discusión entre los representantes de los sindicatos del Poder Judicial y algunos magistrados que se oponían a la redacción del acuerdo ya que se establecía una suspensión, como medida cautelar, de lo decidido por la Corte Plena en la sesión del 18 de marzo del año pasado.
La Contraloría reprochó el acuerdo de Corte Plena 11-2019, en el que los magistrados concluyeron que el plan fiscal incide en el orden y funcionamiento del Poder Judicial en materia salarial, y por tal razón, los funcionarios que actualmente laboran en esa entidad no debían apegarse a las normativas de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno.
El 28 de enero pasado, la Contraloría reiteró su mandato a la Corte de que debe adaptar los pluses salariales que paga a sus empleados a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En un inicio el proyecto de acuerdo de la Corte indicaba:
"En razón de que existe pendiente de resolver un recurso de inconstitucionalidad contra lo resuelto por esta Corte, en acuerdo firme, de las sesión 11-2019 del 18 de marzo del 2018, artículo 14 y en atención de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en resolución R-CD-13-2020 de las 15 horas del 25 de febrero del 2020 se acuerda:
1-Acatar lo resulto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado por el órgano contralor y al plan de trabajo presentado por la presidencia de la Corte lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas número 9635.
2-Dictar como medida cautelar la suspensión del artículo 14 de la sesión de Corte Plena número 11-2019 del 18 de marzo del 2019 a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.
3-La Presidencia de la Corte con la colaboración de la magistrada Chacón, y magistrados Román Solís, Luis Porfirio Sánchez y Jorge Olaso, darán seguimiento del plan presentado a la Contraloría General de la República".
Sin embargo, el Magistrado Solís, propuso otro texto en el cual no se incluía la suspensión, como medida cautelar, del acuerdo de marzo del 2019, ya que a su parecer dicho acuerdo generó derechos a los trabajadores, los cuales se han mantenido hasta ahora.
El texto que propuso el magistrado Solís fue el siguiente:
"Mantener los efectos del acuerdo de la Corte en sesión 11-2019 del 18 de marzo del 2019, artículo 14. Estando presente un acto administrativo existe un conjunto de derechos derivados del acuerdo de marzo del 2019, que a hoy por la interpretación de la Contraloría General de la República, de conformidad con la Fiscalización realizada y estando pendiente una acción de inconstitucionalidad contra lo acordado, esos efectos, ahora precarios o en litigio, mantiene sus efectos hasta que la sala Constitucional determine la procedencia o improcedencia d el acordado por la Corte en marzo del 2019. La orden emanada por la Controlaría determina que este Poder Judicial inicie inmediatamente los estudios técnicos necesarios para ajustar lo relacionado con el tema salarial y así se hará en espera de la resolución futura que dictara la Sala Constitucional, al respecto".
Al final, las dos propuestas se sometieron a votación y 13 magistrados decidieron mantener el primer acuerdo, solamente 2 votaron por lo presentado por Solís y 4 se abstuvieron.
La Dirección Jurídica de la Corte indicó que los ajustes que se deben hacer es el tema de auxilio de cesantía, evaluación del desempeño, anualidades, carrera profesional.
En un comunicado de Prensa la Corte, indicó que el acuerdo tomado por los magistrados obliga al Poder Judicial a hacer cambios en el pago salarial de los servidores judiciales y que se cancele de forma nominal a la base, además que el pago de la cesantía baje a 8 años, tal como lo indica el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
