Mayoría de magistrados suplentes de Sala IV ve obligatorio acatar extensión de nombramientos
La mayoría de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional considera que debe acatarse la resolución que extendió sus nombramientos, vencidos en diciembre de 2025, mientras la Asamblea Legislativa designa a quienes ocuparán esos puestos.
Este medio conversó con los 10 magistrados suplentes que podrían participar en las votaciones, luego de que Ana María Picado y Ronald Salazar Murillo declinaran atender los llamados de la Sala. Siete coincidieron en que existe el deber de respetar las resoluciones judiciales, aunque algunos señalaron que su eventual participación dependerá de los casos que deban conocer y de su disponibilidad.
Hubert Fernández fue enfático en que no existe opción de negarse sin una justificación válida, pues se trata de una sentencia en firme que debe acatarse. A su criterio, la medida es excepcional y temporal, mientras el Congreso resuelve los nombramientos pendientes y permite que el tribunal continúe con sus funciones.
Aseguró que no encuentra motivos para rechazar una designación, salvo que existan razones laborales que se lo impidan.
En la misma línea, Rosibel Jara afirmó que atendería el llamado por respeto al Estado de derecho. Añadió que aceptar la designación no constituiría una actuación irregular, dado que existe una resolución judicial que lo dispone.
Alejandro Delgado también manifestó que no tendría inconveniente en participar. Señaló que, como ciudadano y abogado, debe respetar una sentencia válida emitida por un tribunal.
Fernando Lara afirmó que integraría la Sala, pues existe una resolución que lo habilita para hacerlo.
Magistrados suplentes a quienes se les extendió el nombramiento
Por su parte, Roberto Garita y Jorge Solano manifestaron que no tendrían inconveniente en asumir las funciones. Sin embargo, señalaron que primero deben verificar cuáles casos se conocerán, pues la resolución limita la participación de los suplentes a situaciones de emergencia.
Garita explicó que la resolución establece un deber funcional y que la normativa del Poder Judicial contempla consecuencias para quienes se nieguen a ejercer el cargo sin una justificación válida.
Señaló que en su caso no puede asumir funciones como suplente debido a que se jubiló este año y, según el reglamento, debe esperar hasta diciembre para poder ejercer el cargo.
No todos confirmaron su participación
Aunque defendió la obligatoriedad de las resoluciones judiciales, Ileana Sánchez evitó adelantar si aceptaría una eventual designación. Sostuvo que las disposiciones jurisdiccionales deben ser acatadas por todos, pues lo contrario debilitaría considerablemente el sistema judicial y el Estado de derecho.
Sánchez agregó que no existen sectores inmunes al cumplimiento de las resoluciones y que el ordenamiento jurídico establece las consecuencias correspondientes cuando estas se desobedecen. Pero, aclaró que su respuesta se refería al deber general de respetar las decisiones judiciales y que valorará qué hacer si la Sala la llama a participar.
Aracelly Pacheco también evitó confirmar si aceptaría una eventual designación. Dijo que tendría que pensarlo, aunque recalcó que "ante situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias".
Alexandra Alvarado fue la única de las diez personas consultadas que se abstuvo de referirse al tema. Indicó que se pronunciará cuando llegue el momento.
Con excepción de Hubert Fernández, todos estos magistrados suplentes cuyos nombramientos vencieron figuran en la primera nómina que la Corte envió a la Asamblea Legislativa, de la cual los diputados deben elegir.
La resolución y los nombramientos pendientes
La Sala Constitucional extendió los nombramientos de los magistrados suplentes, vencidos en diciembre de 2025, ante la falta de elección de nuevos integrantes por parte de la fracción Pueblo Soberano y la acumulación de al menos 147 expedientes pendientes de resolución.
La medida busca permitir que el tribunal atienda los asuntos urgentes e indispensables en los que los magistrados propietarios no puedan participar, por ejemplo, debido a incapacidades o inhibitorias. No habilita a los suplentes para intervenir indiscriminadamente en todos los casos.
La extensión de los nombramientos se mantendrá mientras la Asamblea Legislativa elige a los nuevos magistrados suplentes. La nómina fue completada la semana anterior, por lo que el Congreso ya dispone de 24 nombres para escoger a los 12 integrantes.
Los casos de quienes declinaron participar
Ana María Picado y Ronald Salazar Murillo fueron los dos magistrados suplentes que declinaron participar cuando la Sala los llamó.
Picado señaló que no le preguntaron si quería participar y que no estaba obligada a hacerlo. A raíz de su posición, la Sala solicitó que fuera excluida del concurso en el que se evalúan las candidaturas para ocupar esos puestos.
Salazar, indicó que no aceptaría los casos derivados de la sentencia, sino únicamente aquellos correspondientes al proceso ordinario, pues participaba en el concurso para ser magistrado suplente. Sin embargo, después de lo ocurrido, no fue incluido en la segunda nómina que la Corte envió a la Asamblea Legislativa.