Ministerio Público investiga a exdiputado del PUSC por presunto fraude con propiedades
Residente alemán señaló a Humberto Vargas como una de las personas que lo habría despojado de terrenos en Heredia y Guanacaste
(CRHoy.com).- El Ministerio Público investiga un posible fraude que habría cometido el exdiputado Humberto Vargas Corrales al, presuntamente, despojar de varias propiedades a un hombre de nacionalidad alemana y de apellido Ciolek, quien presentó la denuncia en la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
La Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó la investigación, tras una consulta de este medio, "de acuerdo con su consulta, la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen indicó que, dentro de la causa 22-00069-1220-PE, existe una investigación en curso contra dos personas de apellidos Sequeira Calderón y Vargas Corrales La investigación inició, tras una denuncia interpuesta el 22 de febrero de 2022".
Vargas Corrales indicó a CRHoy.com que la investigación está en sus inicios y se encuentra pendiente de estudio por parte del Ministerio Público.
"Por respeto al principio de privacidad del expediente y con el fin de no obstaculizar la labor de la fiscalía, no nos referiremos a la presente causa. Lo único que quiero enfatizar es que consideramos que los hechos de la denuncia son absolutamente temerarios, falsos, abusivos y alejados de la realidad. Se trata de una denuncia que forma parte de una persecución iniciada en mi contra la cual tiene una serie de ramificaciones que en su momento denunciaremos ante los órganos competentes", manifestó el exdiputado.
Los hechos denunciados por Ciolek, habrían ocurrido a finales de mayo del 2018, periodo en el cual Vargas Corrales había dejado de ser diputado de la Asamblea Legislativa. Durante el periodo 2014-2018 ocupó una curul por la provincia de San José, con dicha agrupación política.
El posible monto de lo defraudado, según se desprende de la documentación presentada a la Fiscalía, ascendería a los $15 millones por la compra de propiedades y sociedades.
Al parecer, en la oficina del exdiputado, junto con otro hombre de apellido Sequeira, quien también está denunciado por estos hechos, se habría dado la firma por parte de Ciolek de un contrato privado de cesión de acciones, traspaso y endoso de bienes inmuebles entre dos sociedades anónimas, una de ellas propiedad del denunciante, según se indica en un documento del Ministerio Público presentado ante el Juzgado Penal de San José.
El documento de la Fiscalía es una solicitud de anotación, tanto de propiedades como de sociedades, con el fin de proteger los bienes que habrían sido defraudados al denunciante mientras se realiza la investigación del caso.
La solicitud fue presentada al Juzgado Penal de San José, el cual aprobó la petición de la Fiscalía de Fraudes y le solicitó al Registro Nacional hacer la anotación tanto de los inmuebles como de las sociedades.
En total son 9 propiedades ubicadas en Guanacaste y 12 que están en Heredia. Además, de un total de 11 sociedades anónimas, la mayoría relacionada con presuntos proyectos inmobiliarios en esas zonas del país.
En el documento presentado por la Fiscalía de Fraudes al Juzgado Penal se establece que la investigación está en una etapa temprana, sin embargo, la medida es de inmovilizar estos bienes y sociedades, es necesario ante el posible daño patrimonial que se le estaría causando al denunciante.
Incluso, el Ministerio Público estableció, en un principio, que la tesis del ofendido merece credibilidad, pues de la lectura de los contratos, la voluntad de Ciolek, no es congruente con el de una persona que conoce que con la firma de los documentos pone en riesgo su patrimonio.
El extranjero, quien es residente en Costa Rica, es un pensionado alemán que vino al país, luego de vender en Alemania una cadena de restaurantes y decidió establecerse aquí. En la denuncia que presentó al Ministerio Público explicó que primero conoció a Sequeira, quien se presentó como un agente inmobiliario y quien se ganó su confianza.
Luego, Sequeira le habría presentado a Vargas Corrales en el 2016, siendo diputado en ejercicio y sobre quien le dijo que "que contaba con una reputación intachable y quién, a su vez, mantenía un flujo de recursos provenientes de inversionistas extranjeros para la compra de propiedades y desarrollos inmobiliarios".
Ciolek explicó que de esa manera se ganaron su confianza para negociar las propiedades que tenía y que estaban ubicadas en Guanacaste y Heredia.
El alemán le señaló a la Fiscalía que de la venta por $17 millones de los inmuebles solamente habría recibido $2 millones, el cual habría sido gestionado por el exdiputado mediante la firma de un contrato por medio de un fideicomiso de garantía denominado "Fideicomiso de Acciones de Playa Celeste" y que obtenido dejando como prenda, "las acciones e inmuebles adquiridos ese mismo día, sobre los bienes que en ese mismo momento el ofendido Ciolek estaba vendiendo".
La Fiscalía de Fraudes indicó en la solicitud de anotación de las propiedades al Juzgado Penal que la constitución del contrato original habría sido la base con la cual se habría gestado la forma para despojar al ofendido de sus bienes, "mediante la inclusión fraudulenta de cláusulas abusivas mediante adendas al contrato original que se suscribieron ocultado su contenido literal al ofendido, aprovechando esto por la barrera idiomática del ofendido", señaló la Fiscalía.
A este tipo de accionar se le denomina como una presunta estaba en triángulo, la cual se configura con una o varias personas que inducen a error a un sujeto pasivo, en este caso sería el denunciante y que al final sufre la disminución de su patrimonio.
Vendedores de parque en sociedades anotadas
Los vendedores del Parque Empresarial del Pacífico, ubicado en Caldera, Puntarenas, al fondo de inversión administrado por el BCR-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR-SAFI) por $70 millones, aparecen también como representantes de algunas de las sociedades anónimas a las cuales la Fiscalía solicitó que fueran anotadas en el Registro Nacional ante la denuncia del presunto fraude presentada por Ciolek.
Dentro de la prueba documental presentada al Juzgado Penal de San José, aparecen las sociedades: 3-102-758865 S.R.L.; 3-102-752594 S.R.L.; 3-102-758839 S.R.L., 3-102-760086 S.R.L. Condominio del Coco Ocho IJ S.A.; presididas por Hector Barrantes.
Inversiones Tico Germanas de Escazú S.A.; Compañía de Reforestación Germano Costarricense de Guanacaste S.A; Lammed del Pacífico; sociedad 3-101-741207 S.A.; sociedad 3-101-752113 S.A.; todas representadas en forma conjunta por Barrantes y Manrique Gutiérrez.
Barrantes y Gutiérrez, según el acta de la venta del Parque Empresarial del Pacífico, fueron las personas que representaron a la sociedad 3-101-764316 para hacer la transacción con el BCR-SAFI, representado en ese acto por Rossnie Díaz Méndez, representante legal del BCR-SAFI, el 20 de febrero del 2020.


