Ministra alertó “propósito escondido” en plan de privatización de inspección laboral
Jerarca de Economía cuestionó ante el Consejo Superior de Trabajo una propuesta de pasada administración y planteó construir un nuevo texto desde cero
La ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, pidió desechar una propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves que deja en manos de particulares la inspección laboral en centros de trabajo, después de que los sindicatos y el sector empresarial la cuestionaran. La jerarca dijo que se entendía "un propósito escondido" en la propuesta.
El proyecto está en fase de borrador y crea la figura de asesores privados acreditados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de normas laborales en empresas e instituciones. Los sindicatos cuestionaron que la idea plantea un "negocio" para particulares.
La discusión se dio en el seno del Consejo de Trabajo, órgano integrado por el ministro de Trabajo, la ministra de economía, el sector empleador y las organizaciones sindicales, durante la sesión del de junio.
El representante de los trabajadores, Olman Chinchilla, señaló directamente el interés del gobierno anterior de tercerizar los servicios.
"Aquí había un grupo de jerarcas que tenían una empresa que brindaba servicios y con este proyecto querían consolidarla para tercerizar sus servicios y asignarlos a algunas empresas. Eso nos genera desconfianza y hace la propuesta inviable", afirmó.
El exministro de Trabajo, Roy Thompson, apoyó la posición de Chinchilla y dijo que el ministerio no podía ceder sus competencias a estructuras privadas porque eso violaba el principio de legalidad.
"Parte de nuestras conversaciones en Consejo de Gobierno han sido quitar este tipo de inventos en las instituciones. La cosa más importante que les puedo decir es que nosotros no pretendemos ir en contra del principio de legalidad, no podemos ceder competencias que tenemos por ley a estructuras privadas".
Siguió en el uso de la palabra la ministra, quien dijo que ese proyecto debía quedarse en la basura "donde debe estar", debido a que tenía "un propósito escondido".
¿Qué dice el borrador?
El borrador propone crear la figura de los "asesores de cumplimiento laboral": personas físicas o jurídicas que serían acreditadas por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral.
Establece que esa figura no sustituirá las competencias de la Inspección de Trabajo ni impedirá que el Ministerio continuara realizando inspecciones de oficio o por denuncia, incluso cuando una empresa hubiera sido evaluada previamente por un asesor privado.
Consultado al respecto, el exministro Thompson, quien dejó su cargo una semana después de la sesión del consejo de trabajo, dijo que el borrador buscaba fortalecer la Inspección Laboral mediante la incorporación de asesores externos acreditados por el Ministerio.
Sin embargo, afirmó que la redacción del texto le generaba dudas jurídicas.
"Me parecía que ese borrador, con esa redacción, era inconstitucional y chocaba contra el principio de legalidad, en el sentido de que privados, terceros, personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, podían ejercer competencias que la ley del Ministerio de Trabajo le otorga al Ministerio", señaló.
Thompson añadió que la inspección laboral es una función propia del Estado que no debe trasladarse a actores privados.
El exjerarca indicó además que durante la sesión no se presentaron denuncias formales, aunque recordó que Chinchilla planteó cuestionamientos sobre un posible negocio alrededor del esquema de certificaciones.
El sector empresarial también expresó reservas sobre la propuesta. Jorge Luis Araya, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), afirmó que existían dudas sobre su implementación y financiamiento.
"Fue una ocurrencia, pero no nuestra. Ciertamente es algo que a nosotros nos genera un estrés bastante grande. No se sabe quién lo va a pagar y si quien lo pague va a tener entonces alguna posición de privilegio", comentó.
En la exposición de motivos, los redactores del borrador sostienen que la iniciativa buscaba modernizar el sistema de inspección laboral, fortalecer la prevención del incumplimiento y dotar al Ministerio de Trabajo de nuevas herramientas para mejorar la fiscalización.
También argumentaban que la creación de los asesores de cumplimiento permitiría que la Inspección de Trabajo concentrara sus recursos en los casos de mayor complejidad, sin sustituir las competencias que la legislación le asigna como autoridad inspectiva.
Aunque el texto fue elaborado como base para una eventual reforma legal, nunca fue presentado a la Asamblea Legislativa, por lo que actualmente no forma parte de la agenda legislativa.