Ministro de Justicia intentó dos veces ser juez y no alcanzó las calificaciones mínimas

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, intentó convertirse en juez en dos ocasiones, pero en ambas fracasó al no alcanzar las calificaciones mínimas requeridas.

El primer intento fue en 2018. En febrero de ese año se abrió una plaza para juez penal de categoría 3, en cuyo concurso participaron 305 personas. Aguilar fue uno de los 28 postulantes que quedaron en la categoría de "No elegible", según consta en actas del Consejo de la Judicatura.

El Departamento de Gestión Humana detalló que una persona no es elegible cuando no alcanza el promedio mínimo de 70 puntos al ponderar el examen escrito con otros factores, como la experiencia, el promedio académico, la entrevista, las publicaciones, la docencia, la acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), los posgrados y la capacitación.

"En los concursos de Carrera Judicial, el examen constituye uno de los componentes de la evaluación y debe ponderarse conjuntamente con los demás factores establecidos para determinar el promedio final de elegibilidad. Una persona puede superar las pruebas correspondientes y, aun así, no alcanzar el promedio final mínimo requerido para obtener la condición de elegible", detalló el Poder Judicial.

Al no alcanzar el mínimo de 70 puntos en el promedio final, el Consejo de la Judicatura acordó descalificarlo, al igual que a las demás personas que quedaron en la misma categoría.

Segundo intento

Entre 2019 y 2020, Aguilar Vargas volvió a participar en un concurso para ocupar un puesto de juez 3. Fue uno de los 593 participantes de un proceso que comenzó en junio. En esa ocasión, el funcionario ni siquiera consiguió alcanzar la nota mínima del examen, por lo que fue descalificado de nuevo.

La categoría de "examen insuficiente" en la que cayó corresponde al resultado obtenido cuando un participante no alcanza la nota mínima de 70 puntos para superar esa etapa.

De acuerdo con las reglas de los carteles de los concursos para puestos de judicatura, quienes no obtengan la calificación mínima requerida en el examen no avanzan a las siguientes etapas del proceso y son considerados descalificados para efectos del concurso.

El examen consistía en una prueba escrita conformada por 80 ítems de selección única sobre los temas fundamentales del temario. Si obtenía una nota igual o superior a 70, el participante podía realizar una prueba oral que consistía en resolver un caso relacionado con las funciones del puesto al que aspiraba.

Es decir, Aguilar no llegó a la etapa de ponderación de otros factores, como la entrevista, debido a que no superó ese primer filtro. Al no alcanzar las calificaciones requeridas, quedó descalificado en ese concurso y el subsiguiente, como penalización establecida en la ley.

Funcionario judicial y asesor del PAC

Cuando participó en los concursos, Aguilar era funcionario del Gobierno de Carlos Alvarado, pero pretendía regresar al Poder Judicial. Según el currículo del ministro, comenzó a trabajar como técnico de juicios en los tribunales de Alajuela en febrero de 2012 y permaneció en ese puesto hasta diciembre de 2017.

En ese cargo, el único que ocupó dentro del Poder Judicial, brindaba asistencia directa a los jueces en tareas como la recopilación de documentos y la grabación de los debates. En enero de 2018 llegó al Ministerio de Justicia como asesor del entonces jerarca Marco Feoli, quien formó parte de la administración de Luis Guillermo Solís.

Continuó en el despacho ministerial cuando asumió Marcia González y permaneció allí hasta febrero de 2020, periodo en el que participó en su segundo intento por convertirse en juez. En febrero de 2021 regresó como asesor de despacho de la entonces jerarca Fiorella Salazar.

Para ese momento, percibía un salario de ₡1,4 millones y su área de asesoría abarcaba temas jurídicos y de atención penitenciaria.

Desde ese cargo, revisó oficios mediante los cuales la exministra Salazar ordenó a funcionarios de Adaptación Social, la Policía Penitenciaria, el Registro Nacional, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y otras dependencias abstenerse de responder preguntas sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En su lugar, debían remitir todas las consultas al despacho ministerial del que Aguilar formaba parte. En ese despacho también trabajaba Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Cultura, quien, al igual que Aguilar, fue jefe de despacho presidencial de Rodrigo Chaves.

De aspirante a detractor

Años después de sus intentos fallidos por convertirse en juez, Gabriel Aguilar se convirtió en uno de los mayores detractores del Poder Judicial durante la administración de Laura Fernández. El ministro acusa a esa institución de dejar en libertad a sospechosos.

Aguilar también ha cuestionado las normativas y medidas adoptadas por administraciones anteriores, a las que se refiere despectivamente como "políticas de pobrecitos" y se sumó a las críticas por la ausencia de magistrados en la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).

Además, ha presentado denuncias contra el fiscal general y lo ha cuestionado por impulsar investigaciones penales relacionadas con denuncias recibidas por el Ministerio Público sobre presuntos abusos de poder en las cárceles.

Uno de los principales puntos de discrepancia fue la suspensión de las audiencias judiciales virtuales desde los centros penitenciarios. El conflicto surgió luego de que, en julio de 2026, una jueza rechazara la sugerencia de Justicia de realizar bajo esa modalidad una audiencia relacionada con Alejandro Arias, alias "Diablo".

La negativa se debió a aprovechar el traslado para una conversación de ese jefe criminal con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

CR Hoy envió una consulta al despacho del ministro para conocer su postura sobre estos hechos, pero al cierre de esta información no se recibió respuesta.