Ministro del MEP niega que circular sobre expresión política de docentes imponga una “mordaza”
Leonardo Sánchez, ministro de Educación
El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, rechazó las críticas que generó la circular emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la expresión política de los docentes y negó que esta imponga una "mordaza" o restrinja la libertad de enseñanza.
Las declaraciones del jerarca surgen luego de que organizaciones sindicales cuestionaran la circular, al considerar que podría dar pie a interpretaciones que afecten el ejercicio docente.
Sánchez aseguró que la circular no crea nuevas prohibiciones, sino que recuerda lo que ya establecen la Ley Fundamental de Educación, el Código de Educación y los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la prohibición de hacer propaganda política en los centros educativos.
El ministro indicó que los docentes pueden seguir abordando temas políticos, sociales y de actualidad en las lecciones, siempre que formen parte de los programas de estudio. Según explicó, la única limitación es utilizar las clases para promover o desincentivar el apoyo a partidos políticos o candidaturas.
"Las aulas son para enseñar, no para hacer propaganda política", afirmó.
Sánchez también rechazó que la circular pueda utilizarse para perseguir a docentes por el contenido de sus clases.
El jerarca señaló que, si algún director o supervisor la usa para iniciar procesos disciplinarios por temas permitidos en el currículo, estaría aplicándola de forma incorrecta. Además, negó que la medida represente una restricción a la libertad de expresión de los educadores.
"Es falso que estamos poniendo una mordaza", aseguró el jerarca.
Principales prohibiciones de la circular
La circular, firmada por Sánchez y las viceministras María Alexandra Ulate Espinoza y Sofía Ramírez González, señala que los funcionarios del MEP conservan sus libertades individuales, pero no pueden utilizar el cargo, la jornada laboral, el aula, los actos institucionales ni la relación pedagógica para influir en las preferencias políticas del estudiantado o favorecer partidos políticos, candidaturas o posiciones ideológicas.
Entre las principales disposiciones, la circular prohíbe:
- Realizar propaganda político-electoral, partidaria o ideológica dirigida a estudiantes, funcionarios o miembros de la comunidad educativa.
- Utilizar clases, tareas, exámenes, proyectos, actos cívicos, murales, carteles, plataformas digitales o recursos institucionales para favorecer o desacreditar partidos políticos, candidaturas, figuras públicas o movimientos políticos.
- Invitar, solicitar o presionar a estudiantes para participar en marchas, campañas, reuniones, recolección de firmas, encuestas, colectas u otras actividades políticas.
- Incorporar en clases o evaluaciones contenidos orientados a conducir al estudiantado hacia una conclusión política predeterminada, cuando ello exceda o distorsione el currículo oficial.
- Utilizar el cargo, la autoridad o la relación pedagógica para beneficiar o perjudicar partidos políticos, candidaturas o posiciones ideológicas.
- Permitir el ingreso o permanencia de personas externas en centros educativos cuando el propósito sea realizar propaganda política, proselitismo o adoctrinamiento ideológico.
Sindicatos mantienen cuestionamientos
La semana anterior, la Asociación Nacional de Educadores (Ande) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse) rechazaron la circular al considerar que podría restringir la libertad de enseñanza y generar incertidumbre entre los docentes sobre los temas que pueden abordar en las aulas.
Mientras la presidenta del Ande, Gilda Montero Sánchez, calificó la medida como un hecho "sin precedentes" y afirmó que contiene disposiciones intimidatorias, el presidente del Apse, Dennis Solís Cruz, advirtió que los lineamientos podrían utilizarse para perseguir a educadores y "silenciar" el pensamiento crítico.
