Ministro desoye advertencias y arremete contra expertos del Colegio de Abogados
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, cerró la puerta a cualquier posibilidad de enmienda en el paquete de leyes de seguridad, pese a las serias advertencias sobre su inconstitucionalidad, hechas por un comité técnico del Colegio de Abogados.
El jerarca arremetió contra el criterio técnico y dejó claro que la prioridad del Gobierno no es la rigurosidad constitucional, sino dotar de "mano dura" a la policía.
Al ser confrontado con los señalamientos sobre roces con la Constitución Política, Campos —quien también es abogado— minimizó las advertencias y descartó que las iniciativas contengan algún vicio legal que pueda hacerlas naufragar en la Sala Constitucional o durante su trámite en la Asamblea Legislativa.
En lugar de rebatir los argumentos jurídicos con fundamentos técnicos, el ministro optó por trasladar la discusión al plano emocional, cuestionando de qué lado de la acera se posicionan quienes critican las leyes.
"La pregunta es de qué lado estamos y cuáles derechos fundamentales hay que proteger. Si a usted le matan a su mamá o a su hija, usted querría un sistema de justicia pronto y cumplido (…). Nadie llora a los muertos ajenos", replicó.
Además, justificó el paquete de leyes al afirmar que la urgencia de dotar de herramientas a los cuerpos policiales para enfrentar a los criminales "en igualdad de condiciones" está por encima de los debates jurídicos.
Según el jerarca, las comisiones están integradas por personas con sesgos políticos contra el Gobierno.
"Imagínese que esas comisiones las integran una persona que fue exdiputada, que fue a visitar privados de libertad valiéndose de su carnet de diputada, y otras personas más que no son afines a la posición gobierno; entonces no es de extrañar que tengan un criterio en ese sentido", dijo en referencia a la excongresista Gloria Navas.
El ministro intentó restar peso institucional al pronunciamiento, al asegurar que el criterio de esa comisión debió ser conocido primero por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, un paso que, según él, fue omitido.
Consultado sobre si buscaría un acercamiento con el Colegio para incorporar sus observaciones y blindar jurídicamente las reformas, Campos rechazó de plano la posibilidad de consensuar o corregir los textos.
"Nosotros tenemos la responsabilidad de decir cuáles son las herramientas jurídicas que necesitamos y ellos tienen que aprobarlas. Si no las aprueban, creo que a los costarricenses les queda muy claro dónde está la deficiencia", afirmó.
¿Quiénes los elaboraron?
Al defender el "control de calidad" y la trazabilidad de las propuestas, Campos explicó que el proceso de elaboración no fue unilateral, sino que surgió entre equipos de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia de la República, bajo el aval final de la mandataria Laura Fernández.
Según detalló, el control de legalidad final se realizó en Casa Presidencial a partir de los insumos aportados por grupos de trabajo interdisciplinarios y por el equipo asesor de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
Ese equipo estuvo integrado por abogados penalistas y constitucionalistas, entre quienes citó expresamente a Juan Diego Castro, Fabián Volio y Fabián Silva.
Con ese respaldo, el Ejecutivo considera que las iniciativas cuentan con suficiente sustento jurídico para avanzar en su agenda de seguridad, pese a las advertencias formuladas por especialistas en derecho constitucional.
Las principales objeciones planteadas por las comisiones del Colegio incluyen posibles afectaciones a la independencia judicial y la incorporación de elementos propios de un "derecho penal de autor" en la Ley de Seguridad Nacional, en lugar de juzgar conductas concretas. También señalan contradicciones normativas y penas que consideran desproporcionadas en la Ley para Combatir las Asociaciones Criminales.
El informe también cuestiona la proporcionalidad de las sanciones previstas en la Ley Mano Firme y advierte sobre eventuales afectaciones a derechos fundamentales en la Ley de Cero Ocio en las Cárceles.