“Relatores” de Naciones Unidas advierte a Costa Rica sobre proyecto de huelgas
Empresarios rechazan posición pues alegan que no corresponde al criterio oficial de la ONU
(CRHoy.com) Relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza, emitieron un informe para el gobierno de Costa Rica, en el que hacen advertencias de "supuestas violaciones a derechos humanos" en relación al expediente 21049 para que se regulen las huelgas en el país.
Según el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Albino Vargas, el documento también fue trasladado a la Sala Constitucional del Poder Judicial, donde se encuentra en este momento en discusión ese proyecto, el cual, fue pasado en primer debate en la Asamblea Legislativa.
El departamento de comunicación de la Sala IV indicó que por aspectos de jurisdicción que incluyen formalidades específicas, ese escrito no ha ingresado oficialmente al despacho de los magistrados que integran ese panel.
"Si se aprueba el proyecto de ley, manteniendo la violación a derechos humanos que la relatoría de las Naciones Unidas identificó, haría caer a Costa Rica en responsabilidad internacional por los tratados vigentes firmados por el país, y no quedará maás remedio que demandar internacionalmente al país", dijo Albino Vargas.
Empresarios: "criterio no es oficial"
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), por su parte, emitió esta mañana un comunicado en el que afirman que ese informe no corresponde a la posición oficial de las Naciones Unidas.
"(…) los relatores son independientes y sus declaraciones no reflejan la posición oficial de Naciones Unidas, según nos han informado, de ahí que el pronunciamiento que fue dado a conocer este jueves por parte de un sindicato, no debe considerarse como una posición oficial de dicho órgano", explicaron en la misiva.
El proyecto de ley 21049, amplia la lista de servicios esenciales por los cuáles no debería ser apoyada una huelga, y en consecuencia habría repercusiones en los empleados públicos que vayan a movimientos sindicales, en el marco de ese listado, principalmente salariales.