Nueva ley exige que proveedores de criptomonedas sean inscritos ante Sugef
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular las criptomonedas y fortalecer los controles contra el lavado de dinero.
Se trata de una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, presentada por el exlegislador Gilberth Jiménez.
El texto establece un marco de supervisión y control para los proveedores de servicios de activos virtuales en Costa Rica, con el objetivo de prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa dispone que los proveedores de servicios de activos virtuales deberán inscribirse obligatoriamente ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entidad encargada de supervisarlos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
No obstante, la inscripción no representará una autorización para operar, sino únicamente un mecanismo de registro y control regulatorio.
Además, las empresas deberán identificar, evaluar y documentar los riesgos relacionados con legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
También tendrán que mantener actualizadas sus evaluaciones y suministrar información a las autoridades competentes. La Sugef mantendrá un registro centralizado y único de todos los proveedores de servicios de activos virtuales.
Reportes a autoridades policiales
Asimismo, los operadores deberán aplicar medidas de debida diligencia cuando las transacciones superen los montos definidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Sumado, estarán obligados a reportar operaciones sospechosas, conservar información sobre el origen y destino de las transferencias y colaborar con investigaciones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El proyecto faculta a las autoridades para congelar activos, inmovilizar fondos y bloquear transacciones vinculadas con personas incluidas en listas internacionales relacionadas con terrorismo o proliferación de armas. Además, las entidades financieras y otros sujetos regulados no podrán mantener relaciones comerciales con proveedores de activos virtuales que no estén inscritos ante la Sugef.
Multas
La propuesta contempla multas económicas para quienes incumplan las obligaciones de registro, controles internos, reportes o entrega de información.
Las sanciones podrían representar montos elevados. Actualmente, el salario base en Costa Rica para 2026 es de ₡462.200.
Con esto, las multas contempladas en el proyecto podrían ir:
- Desde 2 salarios base, equivalentes a aproximadamente ₡924.400.
- Hasta 100 salarios base, es decir, cerca de ₡46,2 millones.
Además, en algunos casos la sanción podría alcanzar hasta el 50% del monto total de una transacción realizada.
Por último, la iniciativa establece la obligación de mantener altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales, conforme a la Ley 8968.
Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para su firma y publicación oficial.